Por Nicolás Älvarez Arrau

"Hemos iniciado un camino con el que traeremos justicia desde los territorios, ya que tenemos un Estado indolente, que le da la espalda a los ciudadanos. Los combustibles deben ser un derecho, no deben ser parte del negocio, ni estar afectos a las variables del mercado". Con estas palabras el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, comunicó el jueves una medida que busca integrar al municipio al mercado del gas, a fin de hacer frente a los altos precios que se registran hoy.

Si bien aún no es una acción concreta, el jefe comunal informó que ya fue ingresada la solicitud a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para que la Municipalidad sea reconocida como distribuidora de gas minorista. La idea es partir con la venta de gas y disminuir a $15 mil el valor del balón de 15 kilos, la mitad de lo que cuesta por las grandes cadenas de distribución, y replicar el estándar de la farmacia y óptica popular.

El anunció generó diversas reacciones a nivel local. Consultados por EL SUR, tres académicos de la zona plantearon diferencias por lo que se puede convertir en una "acción interesante" que velará por el bienestar de la ciudadanía o en una "determinación populista" que marcará una señal errónea.

Desde la estatal indicaron ese mismo día que mientras el Estado estime que la empresa puede ampliar la red de beneficio, "nosotros estaremos siempre dispuestos a contribuir con ello". Ayer, en tanto, el gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata, precisó que Chiguayante tiene que cumplir con los requisitos, pues al ser un material sensible y explosivo es fundamental contar con la aprobación de la SEC.

APOYO A LA DECISIÓN

Luis Méndez, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, aseguró que la decisión adoptada en Chiguayante se trata de una experiencia interesante que rompe el modelo económico que afirma que son los actores privados los que intervienen en el mercado, "aunque en las economías modernas sabemos que el mercado no regula todo, y es perfectamente posible que algunos organismos del Estado puedan tener participación en actividades económicas locales para resolver problemas que afectan a los consumidores".

Por eso, sostuvo que el único efecto negativo se dejaría sentir en la visión ortodoxa que se tiene al respecto y no en la población.

En la misma línea, el director de los programas de magíster en economía de la Universidad de Concepción, Claudio Parés, observa con buenos ojos la propuesta, sobre todo si se considera que, ante la masificación de farmacias populares, por ejemplo, el precio general de los medicamentos sigue igual, lo que tiene que ver con la capacidad de provisión de los municipios.

"Sí se genera una pequeña amenaza en el sentido de que empiecen a surgir otros distribuidores, pero la verdad es que, así como se ha demostrado en el precio de los medicamentos, por más municipalidades que se sumen el impacto en el mercado será acotado. Bajaría un poco las expectativas, porque esto solo es beneficioso para las familias que puedan acceder", recalcó el experto.

La única contrariedad, agregó, podría darse en los costos de distribución, es decir, es posible que los equipos comunales estén obligados a gastar dinero extra para subsidiar y mantener los montos bajos comprometidos.

GOLPE A LA CÁTEDRA

Al contrario de sus colegas, el académico de los programas advance de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián, Marcelo Gutiérrez, fue enfático en decir que la irrupción de algunas municipalidades como agentes distribuidores minoristas "es un golpe a la cátedra de libre mercado".

"Si bien los beneficios económicos los recibirán directamente los contribuyentes de aquellas urbes que propicien este modelo, con todas las aristas técnicas, sociales, políticas y de seguridad que involucran, es a la postre una irrupción desleal, y una señal errónea hacia quienes quieran comenzar o mantenerse en un mercado de alta demanda, propendiendo incluso a la aparición de panaderías o carnicerías comunales", puntualizó Gutiérrez.

Dentro de sus argumentos, el profesor enfatizó que este es un modelo que solo transfiere los costos a los grandes distribuidores y que deja de lado a quienes utilizan cilindros de 45 kilos, por ejemplo.

"El mercado del gas debe ser revisado, posiblemente intervenido y abierto a nuevos actores económicos, situación que puede ser resuelta en un mediano plazo, pero de forma estructurada y de alcance nacional", dijo.

SURGEN NUEVOS INTERESADOS

Durante este viernes los alcaldes de Macul, Recoleta, Cerro Navia, Pudahuel, Canela y La Ligua se mostraron dispuestos a plegarse a la medida iniciada por Chiguayante, en una reunión mantenida con el gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata.

A nivel local, Miguel Rivera, jefe comunal de Hualpén, también se mostró dispuesto a sumarse. Eso sí, espera ir más allá, ya que la idea es analizar la instalación de una planta de envasado de gas licuado en el territorio, lo que evitaría emplear recursos en logística.

"Levantar esta infraestructura tiene un costo aproximado de $120 millones y se exigirá que sea la empresa quien los invierta como una forma de pagar la deuda histórica que tiene con la comuna, más todavía considerando que pagan una patente semestral de $24.902, monto inferior a los $51.640 que paga una panadería o negocio de comida al paso", sostuvo Rivera.

A través de la propuesta de Chiguayante se espera que los vecinos obtengan el balón de 15 kilos por una suma cercana a los $15 mil.

Un nuevo capítulo en la historia del proyecto de Galería Alessandri se registró ayer, luego de que se conociera un dictamen de la Contraloría General de la República y cuyo contenido favorece esta vez a los concesionarios. A través del documento de dos páginas, el ente fiscalizador ordenó al Ministerio de Bienes Nacionales dejar sin efecto el decreto exento que puso término a la concesión, a fin de que primero sean determinados en el contrato los integrantes del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia que experimentan las partes.

Según la ley 1.939, la instancia estará conformada por un representante del ministro, del concesionario y alguien de común acuerdo. La norma indica, además, que esta debía consolidarse al inicio del proceso, algo que no se hizo.

ESTRATEGIA

La noticia fue recibida con alegría por la presidenta de Food Court S.A., Verónica Gatica, quien aseguró que el dictamen les permitirá retomar el plan. "Gracias a Dios todavía tenemos vigente nuestro anteproyecto (…) Estamos vigentes para poder avanzar con la concesión que ahora no está terminada", recalcó.

Eso sí, Gatica insistió que debido a los problemas que han tenido con Bienes Nacionales la idea será poder sentarse a conversar con las nuevas autoridades que asuman la cartera, una vez que se conozca al próximo gobierno.

Desde Food Court S.A. y Centro Comercial Galería Alessandri S.A. -la otra entidad que lidera la iniciativa- han dicho que el objetivo central es disminuir la inversión, es decir, pasar de US$ 22 millones a US$ 15 millones, de tal manera de solo impulsar el remozamiento de la galería y el establecimiento de recintos comerciales por medio de un edificio de cinco pisos, en orden a la reciente actualización del plan regulador comunal.

En tanto, el diputado RN Leonidas Romero, quien ha apoyado las gestiones de los privados, señaló que el informe "les da la razón a los dirigentes de la galería y de la empresa, que vienen dando la pelea hace años".

PARECER DEL GOBIERNO

Consultados al respecto, desde Bienes Nacionales afirmaron que el pronunciamiento reconoce que ellos "no tienen ninguna obligación de acceder a una nueva prórroga de plazo" y que se reitera que "no existe obligación de aceptar las modificaciones al proyecto original propuestas por las concesionarias, advirtiendo así que la autoridad ministerial no incurrió en irregularidades en su actuación".

Agregaron que el Ministerio intentó constituir dicho tribunal, y que para ello requirió en dos oportunidades a la concesionaria para que designara a su integrante. "Esa gestión se vio frustrada ante la nula respuesta de la compañía", recalcaron.

La cartera oficiará a la firma para que en un plazo perentorio nombre a su representante en el tribunal arbitral. "En caso de que no exista respuesta, se procederá a demandar a la empresa para que cumpla con la obligación legal de nombrar a su árbitro", remataron.

15 millones de pesos sería la inversión de la empresa Food Court, para la remodelación y edificio de cinco pisos.