Por Felipe Cuevas Mora

El Presidente de la República Sebastián Piñera informó este martes que solicitó al Congreso prorrogar el estado de emergencia que rige a las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío, y Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía por 15 días, luego de que se dispusiera una primera extensión que durará hasta el jueves 11, como facultad exclusiva del Presidente.

La decisión, según explicó el Mandatario, se justifica por los avances logrados en las últimas semanas en materia de seguridad, reflejados en más de 20 mil controles, 59 detenidos y dos mil efectivos policiales y militares desplegados en la zona.

"Quiero pedirle, respetuosamente, al Congreso que apruebe con urgencia la extensión de este estado de excepción y que, además, apruebe con urgencia leyes que son indispensables y extraordinariamente necesarias como la ley que permite un mejor control de armas en un país en que ve cómo la violencia está directamente asociada con las armas y también que apruebe con urgencia las leyes que nos permiten mejores herramientas para luchar contra el crimen organizado, contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra el robo de madera", sostuvo el Jefe de Estado.

Consultado por EL SUR, el coordinador nacional de la Macrozona Sur Pablo Urquizar manifestó que "existen muy buenas razones para solicitar su prórroga al Congreso Nacional en el entendido de los resultados vinculación a la disminución de los hechos de violencia, la percepción de seguridad y la ayuda a las personas inocentes, hombres y mujeres, familias mapuche y no mapuche".

En tanto el delegado presidencial de la Región del Biobío, Patricio Kuhn dijo "valorar la solicitud del Presidente Piñera al Congreso para ampliar el estado de emergencia constitucional para nuestras provincias. Aunque se ha reducido de manera importante los hechos de violencia en nuestra Región, lo más importante es el clima de seguridad que se ha generado para que las personas realicen su vida de forma normal".

"Esta nueva extensión permite que las FF.AA apoyen, pero no reemplacen la fundamental tarea de nuestras policías. Reiteramos el llamado a los parlamentarios a apoyar de manera transversal esta solicitud, que dará mejor tranquilidad a los habitantes de nuestras provincias", complementó el delegado presidencial.

MEDIDA INSUFICIENTE

El alcalde de Lebu y presidente de Arauco 7, Cristian Peña cuestionó el real impacto que tenga la extensión del estado de emergencia e indicó que "la situación de violencia que ha ocurrido al sur de la provincia de Arauco fue asumida por este gobierno de esta manera, con un estado de excepción. Algunos alcaldes están de acuerdo, otros que no, pero nosotros planteamos que se debe abordar el tema de fondo, que es que el gobierno no sólo considere los temas policiales, sino que los temas de fondo con una planificación respecto a las demandas por tierras, pobreza, e inversión pública".

"Aquí el conflicto se aborda desde una mirada, y si no se hace de forma integral, no habrá resultado. Y no nos culpen a los alcaldes ni nos digan violentistas por decir esto, mientras no se aborde de forma integral el problema, no habrá paz social. Se ha respondido a la fuerza con más fuerza y no se han comprendido las complejidades que tiene el territorio. Los alcaldes del territorio pedimos que haya una mirada integral donde se hagan cargo de los problemas de fondo, y trabajar de verdad con todos los actores", añadió.

En tanto, el gobernador regional Rodrigo Díaz enfocó su análisis al periodo de tiempo en que se busca prorrogar el estado de emergencia.

"Es algo que se venía mencionando, y también parece ser una acción que encuentra sustento en una situación real que es que existe un fenómeno de violencia que en las rutas principales ha disminuido por los patrullajes mixtos, y a la par uno ve que se busca generar una confrontación con el Congreso, en la víspera de las elecciones de tres semanas más. Uno ve las dos cosas y era lógico que iba a ocurrir", apuntó.

Sobre el real impacto de la medida, apuntó a que "sé que ha mejorado sustantivamente el tránsito en las rutas principales, pero no tengo la misma retroalimentación de actores sociales respecto a lo que ocurre en las zonas interiores, donde la situación no es tan clara".

El Presidente tiene la facultad de aplicar sólo una prórroga al estado de emergencia por 15 días. De requerirse una segunda, esta debe ser visada por el Congreso Nacional.

Por medio de un comunicado público, la organización Franja Lafkenche informó que desde las cinco de la madrugada de este miércoles se reunirán con distintas comunidades en el sector Peleco en Cañete, con un claro llamado de rechazo al estado de emergencia, así como también una "reivindicación a la autonomía del pueblo mapuche, acompañada de un control territorial".

"Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas de ocupación militar de nuestro territorio. Emplazamos al almirante Jorge Parga, a cargo de los infantes de marina en territorio lavkenche, a no hacerse cómplice de este gobierno corrupto y criminal y terminar con el hostigamiento en nuestras comunidades", señala la misiva.

Y agrega: "Creemos que el control territorial y la autonomía significa también la creación de un nuevo orden, donde sean las normas mapuche las que establezcan las relaciones sociales que surgen en los campos liberados. Por ende condenamos la delincuencia común y el actuar despolitizado de algunos grupos que han afectado la integridad de algunos habitantes, mapuche y chilenos pobres, que cohabitan en nuestro territorio".

El coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar dijo que se reforzarán las medidas de seguridad en la zona y que "la Resistencia Mapuche Lafkenche es una orgánica radicalizada y terrorista que ejerce terror y temor a familias mapuche y no mapuche en la Provincia de Arauco a través del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, instrumentalizando las legítimas demandas del pueblo mapuche para esconder sus graves delitos. El estado de emergencia viene precisamente en ayuda de esas personas inocentes que sufren la violencia de las orgánicas radicalizadas y terroristas, del narcotráfico y del crimen organizado".

Invocando la Ley de Seguridad del Estado, la Delegación Presidencial del Biobío presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por los hechos de violencia ocurridos el pasado 22 de octubre en las dependencias de la facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (UdeC).

La acción se suma a la ya presentada por el plantel el pasado viernes y que en el escrito señala que al menos diez sujetos participaron en los hechos que significaron la quema de una camioneta y destrozos en inmuebles de uso académico.

El delegado presidencial Patricio Kuhn explicó que "el equipo de la unidad penal de la Delegación Presidencial presentó la querella por los delitos de incendio terrorista, incendio y disparos injustificados contra quienes resulten responsables de los hechos ocurridos el pasado 22 de octubre en la UdeC".

La autoridad regional añade que "en esta querella criminal se plantea que, frente a los antecedentes sobre el hecho ocurrido, estaríamos por lo menos frente a un delito de incendio terroristas y otros hechos graves asociados a la alteración a la seguridad y orden público".

Kuhn fundamentó la aplicación de la ley de Seguridad del Estado apelando a que "los hechos, materia de la querella, no solo realizaron un daño material, sino afectan a todos los habitantes de la ciudad de Concepción y la Región, pues fue atacada la UdeC, símbolo de todos, patrimonio del país".

"Estamos frente a un hecho que busca generar miedo a través de una acción planificada, usando fuego y disparando, con una reivindicación que rechazamos y llamamos a todos los actores políticos a rechazar", cerró.