La creciente controversia por querellas de la UdeC, a semanas de hito judicial
A fines de noviembre se hará la preparación del juicio oral. Las familias de los investigados aseguran que se trata de "criminalización de la lucha social" y piden al plantel que retire las tres acciones judiciales. La universidad afirma que se trata de "hechos graves" y que la Justicia es quien debe decidir.
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Veinte meses han pasado desde que la Universidad de Concepción, UdeC, presentó la primera de tres querellas por daños generados en la casa de estudios. Los hechos se registraron entre el 29 de enero y el 28 de febrero de 2020. Ocurrieron en los meses posteriores al denominado "estallido social" y después de manifestaciones vinculadas a este tema.
Este 23 de noviembre, a las 10 horas y en el Juzgado de Garantía de Concepción, habrá un nuevo hito: se realizará la audiencia de preparación de juicio oral, en la que se revisarán las pruebas y testigos que participarán del proceso en el que la Fiscalía tendrá que demostrar la responsabilidad de 12 personas en estos hechos. Entre los delitos asociados figuran desórdenes públicos, daño a monumentos nacionales, colocación de bomba artefacto, porte de arma prohibida e incendio, principalmente.
El tema ha generado una tensión que escaló a nivel nacional, ya que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, así como un grupo de siete constituyentes, pusieron en duda la utilización de las instalaciones de la casa de estudios superiores, a propósito del conflicto generado por esto.
Familiares de los 12 formalizados, e incluso la Federación de Estudiantes (FEC), argumentan que esto no es más que la "criminalización de la lucha social". Según el plantel, los hechos registrados el primer trimestre del año pasado son de tal gravedad que es necesario perseguir a los responsables y que ahora serán los tribunales quienes decidirán la participación y responsabilidad de quienes están imputados por los hechos.
Mientras sigue este tira y afloja, la controversia por el uso de las dependencias de la UdeC sigue escalando entre los constituyentes, a un par de semanas de que los 155 convencionales se trasladen hasta Biobío.
Contexto
A partir del 19 de octubre de 2019, en Biobío se iniciaron las manifestaciones vinculadas al "estallido social". En la Región Metropolitana partieron el día anterior.
Desde entonces, diariamente se registraron marchas, que fueron aumentando en su masividad. También, después de las marchas, comenzaron a registrarse enfrentamientos con Carabineros, barricadas, destrozos y saqueos, principalmente en el casco céntrico de Concepción.
Carlos Saavedra, rector de la UdeC, destacó en diciembre el cuidado que la comunidad tuvo con el plantel, el que, a diferencia de otros edificios de la ciudad, no había sufrido daños.
Esto se mantuvo más o menos igual hasta diciembre. Con las vacaciones de verano la intensidad de las manifestaciones comenzó a decaer, pero los enfrentamientos se desplazaron hasta la centenaria casa de estudios superiores.
Esto fue confirmado por el gobernador de Concepción de esa época, Robert Contreras, quien dijo en febrero, después de uno de los hechos más violentos que afectó al plantel, que los enfrentamientos se trasladaron hasta Plaza Perú porque las instalaciones de la universidad les permitían resguardarse.
Hoy, la lectura es que estos hechos violentos que sistemáticamente afectaron a la UdeC no tuvieron que ver directamente con el conflicto social.
Según la delegación presidencial, que es uno de los querellantes, " los hechos no fueron cometidos en el contexto de lo que se ha denominado 'estallido social' porque fueron muy posteriores".
Querellas y hechos
La universidad presentó su primera querella el 8 de febrero de 2020, por hechos ocurridos el día anterior pasadas las 19 horas, después de barricadas instaladas afuera del campus. La violencia incluyó destrucción de cámaras de seguridad, de ventanas de distintos edificios, de garitas de guardias, rayados, daño al perímetro considerado como patrimonial y lo más grave: la destrucción de dos camionetas. Todo este daño fue avaluado en 65 millones de pesos.
La segunda acción judicial se presentó el 15 de febrero, por hechos ocurridos el 10, cerca de las 19 horas. Estos se dieron después de barricadas afuera de la Casa del Deporte. La universidad denunció la sustracción de especies desde uno de sus casinos, incendio de más vehículos y daños en el perímetro patrimonial. Estos fueron avaluados en $10 millones.
La tercera querella, ingresada el 4 de marzo, reúne 12 episodios ocurridos entre el 29 de enero y el 28 de febrero, vinculados a rayados, destrucción de ventanas y cámaras de seguridad. Dentro de los episodios más graves está la sustracción de productos químicos y el incendio de varios vehículos. En total, los daños suman casi 90 millones de pesos.
Las querellas fueron presentadas en contra de quienes resulten responsables, pues la UdeC no tenía identificados a los autores de los daños. La Intendencia, en ese entonces (ahora delegación presidencial), también presentó querellas por los mismos hechos, los que fueron vistos como una sola causa.
La Fiscalía inició investigación por estos episodios, lo que derivó en la individualización de 12 personas, incluidos menores de edad, quienes fueron detenidos y formalizados. La audiencia de control de la detención se realizó el 8 de septiembre de 2020.
Ninguno está con prisión preventiva como medida cautelar. Ninguno es alumno de la casa de estudios.
Gestiones por lo que viene
La inminente audiencia de preparación del juicio oral, fijada para fines de noviembre, ha reactivado las acciones de quienes apoyan a los 12 imputados, tanto familiares como la propia FEC.
Estas últimas semanas han hecho varias manifestaciones, una incluyó la toma de Rectoría, para presionar a la universidad para que retire las querellas. La última acción se llevó a cabo la mañana del viernes.
Felipe Herrera, vocero de los estudiantes que se tomaron Rectoría y secretario de comunicaciones de la FEC, plantea que "exigimos el retiro de la querella debido a que estas personas detenidas son presos políticos porque fueron detenidos en contexto de protesta y han habido distintas vulneraciones de derechos humanos".
Indica que aunque no hay compañeros de la universidad involucrados, "como movimiento estudiantil nos contextualizamos del territorio donde vivimos, donde se ha visto esta represión y vulneración de derechos humanos. Son personas que se movilizaron".
Aunque está consciente del daño generado al patrimonio de la casa de estudios, dice que "visualizando el contexto y las distintas vulneraciones de derechos que han vivido estas personas durante el proceso judicial, priorizamos la dignidad de estas personas".
La federación ya ha entregado dos cartas a las autoridades universitarias solicitando acercamiento con las familias de los investigados.
Desde la UdeC exponen que "en los próximos días se realizará una reunión con representantes de las personas procesadas para informarles de las decisiones institucionales. Tal como se señaló a quienes ocuparon ilegalmente las dependencias de la Rectoría la semana pasada, junto con el equipo directivo siempre hemos estado disponibles para conversar, pero sin medidas de presión de ningún tipo. A quienes solicitan que la UdeC deje sin efecto una acción judicial, les explicamos las decisiones institucionales que se han adoptado en esta materia en cuanto a esperar que el proceso se resuelva mediante la sentencia del tribunal respectivo".
Patricio Kuhn, delegado presidencial, suma que los hechos de violencia acontecidos son de suma gravedad, considerando que se perpetraron de forma sistemática en un lapso de dos meses, con al menos 14 episodios.
"Para graficar la gravedad de los actos que perpetraron estos sujetos, le puedo decir que a uno solo de ellos, por ejemplo, se le acusa de haber cometido diez delitos de desorden público, cinco delitos de daños simples, siete delitos de porte de arma prohibida y artefacto artesanal incendiario y dos delitos de lanzamiento de bomba incendiaria. Además hay delitos de daños a monumentos nacionales. Por esta razón es que las penas que se han solicitado en contra de estos acusados llegan hasta los quince años de privación de libertad", agrega.
El delegado presidencial manifiesta que independientemente de la decisión que tome la UdeC respecto a mantener o retirar las querellas, "la Delegación Presidencial Regional va a mantener sus acciones legales, que es lo que corresponde, aportando todo lo necesario para obtener la condena de los responsables".
En cuanto a la opción de que se utilice la UdeC para las sesiones de la Convención, la próxima semana los convencionales tendrán que tomar una decisión. Ya se han entregado cartas de apoyo y de rechazo.