Crisis migratoria
FERNANDO PEÑA R., Académico Escuela Gobierno USS, Coordinador del FIC-R Observatorio Biobío Internacional,
Esta semana se realizó la undécima interpelación a un ministro de Estado en lo que va de este gobierno. La razón fue lo que el diputado Vlado Mirosevic definió como una "crisis migratoria y humanitaria", con asiento principalmente en el norte del país, la que fue agudizada por la quema de pertenencias a un grupo de migrantes en la ciudad de Iquique el pasado 25 de septiembre.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, pudo contestar los emplazamientos del diputado y actualizar algunos procesos sumamente relevantes, como por ejemplo, el estado actual de la implementación de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería promulgada en abril de este año, la que incorpora nociones sobre derechos e integración, creando un estatuto de protección complementaria (art.10) para resolver, de oficio o petición de parte, situaciones excepcionales o que no estuvieran previstas en la ley 20.430 sobre protección de refugiados. De los cinco puntos de la interpelación, aquel que genera más dudas es el referido a la "necesidad de políticas descentralizadas para responder a la crisis humanitaria en el contexto migratorio".
A saber, ¿qué facultades tienen los gobernadores regionales y los municipios para abordad la crisis? ¿Qué rol jugarán las autoridades locales en el control de ingresos ilegales y el proceso de regularización? Son preguntas urgentes, y que la ley debiese aclarar en su reglamento de implementación que, según palabras del ministro Delgado, estaría ingresando en estos días a Contraloría General de República para control de legalidad.
La nueva Ley de Migraciones, crea además el Servicio Nacional de Migraciones, cuya principal tarea es llevar a cabo las acciones, planes y programas necesarios para la ejecución de la Política Nacional de Migración y Extranjería (art. 157). El Director Nacional de este nuevo servicio podrá celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, previa autorización de la subsecretaría del Interior. Sin embargo, nada dice la ley sobre el ámbito de acción de sus directores regionales, y más aún, de los espacios de gobernanza local para coordinar a los mas de 30 servicios a los que hizo referencia el ministro Delgado en la interpelación. Por otro lado, se crea un Consejo de Política Migratoria, instancia multisectorial responsable de asesorar al Presidente de la República y actualizar la Política Nacional. Nuevamente ¿existirá un consejo "espejo" por región o macrozona? ¿Descansaremos solo en las conclusiones y buenos oficios del nivel central?
De no existir una mirada descentralizada y mecanismos de gobernanza desde las regiones, la recién estrenada institucionalidad corre el riesgo de ser insuficiente para contener y abordar las distintas dimensiones de la actual crisis.