Por Redacción

La Cámara de Diputados se prepara para una eventual arremetida judicial de las empresas aseguradoras, en caso de aprobarse el segundo anticipo de rentas vitalicias incluido en el proyecto que permite un cuarto retiro de fondos previsionales.

El presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), anunció que la corporación ya solicitó dos informes en derecho para evaluar las posibles consecuencias jurídicas que podrían enfrentar los parlamentarios que aprobaron la iniciativa durante su primer trámite legislativo.

"Yo creo que es súper importante tenerlo claro y en eso hemos pedido dos informes en derecho a dos abogados que nos puedan asesorar y ver cuál es la repercusión que puede tener aquello", dijo Paulsen en Emol TV. "Nos dijeron que en 15 días podían estar los informes en nuestras manos, de manera en que ahí vamos a ver la manera en que podemos ayudar en que esta discusión se zanje luego", agregó.

Paulsen se manifestó partidario de legislar para que los parlamentarios respondan por sus actuaciones. "Hoy tiendo a pensar que nosotros no tenemos responsabilidad respecto a los actos que cometemos dentro de la cámara y por eso yo siempre he dicho que hay que hacer una reforma", manifestó. "No puede ser gratis que podamos hacer y deshacer sin pagar ningún costo", añadió.

En tanto, diputados opositores que aprobaron el cuarto retiro y el anticipo de rentas vitalicias acusaron un "chantaje" por parte de las aseguradoras.

"Nos están chantajeando y amenazando en el Congreso Nacional y eso es absolutamente impresentable", expresó la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS). A su juicio, la posibilidad de que dichas empresas demanden a los legisladores constituye un atentado contra la autonomía del parlamento.

Su par René Saffirio (ind) afirmó que "ninguna amenaza de ningún poder económico, de ninguna naturaleza, va a poder producir el efecto de desistir de la voluntad de que este proyecto se apruebe en el Senado en su integridad".

"Estas compañías de seguro lo que están haciendo es intentar capturar el debate del Congreso en favor de sus intereses", agregó Leonardo Soto (ind/PPD).

El proyecto que permite el cuarto retiro y el segundo anticipo de rentas vitalicias fue aprobado en general por la Comisión de Constitución del Senado, a la espera de ser votado en la Sala la próxima semana.

El informe que acusa de crímenes contra la humanidad durante su gestión de la pandemia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a la Fiscalía General, que ahora analizará las imputaciones que el mandatario calificó de "payasadas".

El documento, elaborado por una comisión del Senado y aprobado este martes, fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, quien se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro, tres de sus hijos, cuatro ministros y una decena de legisladores, que por su condición de aforados sólo pueden ser investigados por ese organismo.

La comisión dice haber recabado graves indicios sobre la presunta responsabilidad del Gobierno en el agravamiento de la pandemia de covid-19 que en el país que ya deja más de 606.000 víctimas fatales.

GRAVES DENUNCIAS

En el caso de Bolsonaro, son nueve las acusaciones que pesan en su contra: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.

"El fiscal general debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del Gobierno de turno. Estaremos atentos", declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, y aludió así a las dudas que existen en la oposición en relación a Aras, un fiscal alineado muchas veces con el Ejecutivo y que durante los dos últimos años archivó unas 90 denuncias presentadas contra Bolsonaro por diversos asuntos.

La senadora Simone Tebet, que también participó en la entrega del documento, sostuvo que Aras "mostró mucha firmeza en su compromiso" de llevar adelante la investigación y dijo que ahora los miembros de la comisión esperarán "unos 15 o 30 días" para "observar" cómo se comporta la Fiscalía.

La Fiscalía publicó en sus redes sociales que "esta comisión ha producido resultados" que se traducen en "denuncias" que el ente persecutor se propone investigar, aunque no tiene un plazo legal para ello.

El informe, que acusa a un total de 78 personas y dos empresas de delitos vinculados a la pandemia, será entregado también a otras instancias para que investiguen a quienes no tienen fuero. En el caso de Bolsonaro, será remitido incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya.

UNA "PAYASADA"

En su primera reacción, Bolsonaro volvió a descalificar a la comisión parlamentaria y aseguró que ese grupo fue motivado estrictamente por intereses políticos que apuntan a desgastar a su Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2022, en las que buscará renovar su mandato. "Es una payasada", dijo el mandatario en radio Jovem Pan, aunque admitió que un informe de esa naturaleza "causa muchos problemas".

Bolsonaro aseguró que no está preocupado por su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria "no vale nada", aunque reconoció que "hacia afuera de Brasil la imagen es pésima" y afecta hasta a la economía nacional: "Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia y todo eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte".

Según el jefe de Estado, se "afecta a la bolsa, el precio del dólar, a la inflación", "perjudica a todos" y está movido sólo por los "intereses políticos de siete senadores", apuntó y aludió así a los legisladores que aprobaron el informe de la comisión, que tenía un total de 11, solo cuatro alineados con el oficialismo.

PETROBRAS: UN "DOLOR DE CABEZA"

lJair Bolsonaro dijo ayer que la brasileña Petrobras, una de las empresas petroleras más importantes del mundo, solo le da "dolores de cabeza" y volvió a sugerir que la estatal debería ser privatizada. "Yo no puedo intervenir en Petrobras, pero es una estatal que, con todo respeto, solo me da dolores de cabeza", dijo en alusión a los aumentos de precios que han sufrido los combustibles en el país, que ya superan el 40% en los últimos 12 meses.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó ayer en particular el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas, modificando el aborto en tres causales vigente que permite la interrupción del embarazo por violación, si peligra la vida de la madre y por inviabilidad del feto.

Por siete votos a favor y seis en contra fue aprobada la iniciativa, que despenalizaría tanto a la mujer que interrumpe el embarazo como al facultativo que realiza el procedimiento. El proyecto ahora pasará a la Sala de la Cámara para continuar su trámite.

"Felizmente pudimos despachar a Sala el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14, siempre que esto fuere consentido por la mujer", dijo la presidenta de la Comisión, Maite Orsini (RD)

Explicó además que se votaron tres artículos: "Aquel que despenalizaba el aborto realizado por una tercera persona no facultativa a la mujer con su consentimiento y que fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, puesto que estamos abogando por un aborto seguro, realizado por facultativos;otro artículo permite que la mujer se realice el aborto sin la presencia de un médico y el otro establece que los facultativos que lo practiquen no serán castigados penalmente".

GOBIERNO Y MINISTRA

El subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, dijo a nombre del Gobierno que "no estamos de acuerdo con un proyecto de aborto sin causales. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que cuando se vea en la Sala existan los votos para rechazar en particular el proyecto. Nosotros creemos que hay votos en la oposición. Creemos que es un mal proyecto".

Pavez agregó que "el aborto sin causales no tiene cabida en el Congreso chileno y como Ejecutivo vamos a desplegarnos para que así sea, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que ha sido muy clara en esta materia".