Por Redacción

Con visiones contrapuestas y declaraciones que han sumado a nuevos protagonistas, en las últimas horas se ha intensificado la controversia en torno a la posibilidad de que la Convencion Constitucional sesione en el campus central de la Universidad de Concepción (UdeC), durante su ya confirmada primera semana de trabajo fuera de la capital, programada entre el 22 y el 26 de noviembre.

El foco central del conflicto es la mantención por parte de la casa de estudios de querellas en contra de quienes están imputados por varios delitos -especialmente desórdenes públicos y daños al patrimonio- debido a los ataques registrados a comienzos del año pasado en la casa de estudios y que incluyeron la quema de vehículos, el daño a esculturas y el porte de artefactos incendiarios por parte de algunos de los detenidos.

El martes, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, deslizó que no se realizarán las sesiones centrales de la instancia en la UdeC, sino que en el Teatro Biobío y argumentó que "sabemos que hay una situación conflictiva y necesitamos cuidar a la Convención y cuidarnos nosotros".

VISIÓN DE AGOP

Ayer, desde la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío ( AGOP), respondieron a ese planteamiento y sostuvieron que "recibimos con sorpresa y pesadumbre las declaraciones de la presidenta Loncón, que puso en duda que sesiones de la Convención Constituyente se desarrollen en la Universidad de Concepción, tras el ofrecimiento efectuado por la Región del Biobío, a través del gobernador regional".

En relación a la referencia a las causas judiciales que afectan a 12 personas imputadas por hechos de violencia, destrozos y ataques a patrimonio material e inmaterial de la Universidad de Concepción, la agrupación de entidades empresariales y gremiales señaló que "quienes atacan una universidad atacan la libertad y las ideas y, en particular, cuando se ataca a la Universidad de Concepción, se daña a la ciudad en su conjunto y a todos sus habitantes. Por ello, con mucha valentía queremos levantar la voz y explicitar que la negativa a sesionar allí es una ofensa a la Región, más aún cuando esta casa de todos los penquistas se encuentra literalmente bajo ataque de quienes creen que la violencia y el ocasionar temor son la forma de imponer ideas".

AGOP hizo un llamado a "romper el grave silencio de las mayorías que cada día se esconde y desaparece bajo los gritos, daños e injurias que unos pocos nos infringen, menoscabando nuestra libertad, atemorizando a nuestras familias y destruyendo los valores comunes que nos unen como sociedad".

PROPUESTAS

El gobernador regional, Rodrigo Díaz, explicó ayer que es la propia Convención la que decidirá los lugares donde se realizarán las sesiones, ya que la labor local ha sido poner a disposición de la instancia los distintos recintos disponibles en la zona para tales efectos.

La semana pasada, en tanto, un grupo de nueve convencionales -entre ellos Bastián Labbé (distrito 20) y Vanesa Hoppe (distrito 21) suscribieron una carta dirigida a la presidenta de la Convención llamando a no realizar las sesiones en la UdeC, debido a que la casa de estudios es querellante en causas relacionadas a detenidos por el estallido social.

"Lamentablemente, la Universidad de Concepción ha tenido un rol como persecutor penal en el caso de presos político del estallido social en la ciudad de Concepción, quienes estuvieron durante varios meses en prisión preventiva y actualmente se encuentran con arresto domiciliario a la espera del juicio", plantearon en la misiva.

EXALUMNOS RECHAZAN ATENTADO EN FACULTAD

El directorio de la agrupación de exalumnos de la Universidad de Concepción -Alumni UdeC- emitió ayer una declaración donde expresó el rechazo al "inexplicable y odioso ataque" sufrido por la Facultad de Ciencias Forestales la madrugada del viernes último. "Rechazamos tajantemente estos hechos de violencia que alteran la buena marcha de nuestra querida universidad y esperamos una pronta investigación", señalaron.

Además, respaldaron la acción del rector Carlos Saavedra, "por su entereza, siempre abierto al diálogo, por enfrentar con sabiduría y responsabilidad estos lamentables incidentes".

Con un enfoque integrativo y participativo, la Universidad Santo Tomás y la ONG Marq'ay, organización no gubernamental que busca favorecer los procesos de inclusión de personas en situación de movilidad humana, firmaron un acuerdo de cooperación que aborda una problemática emergente a nivel global que carece de programas y proyectos sociales atingentes a las realidades actuales de la población migrante.

Entre las iniciativas que se llevarán a cabo se encuentra el levantamiento de un diagnóstico de las necesidades de la población migrante de la Provincia de Concepción por medio de la ONG, el desarrollo de una propuesta organizacional para dar respuesta a las necesidades detectadas, y, por último, visibilizar y concientizar las problemáticas contemporáneas de la migración a los jóvenes estudiantes.

El acuerdo de cooperación se selló con la presencia de la directora de carrera de Trabajo Social de la sede penquista, Cecilia Beneventi, delegada y representante de los estudiantes de la asignatura de gestión social, Julisa Vera y Rocío Menanteux Suazo, Directora ONG Marq'ay; quienes firmaron los documentos que establecen los términos en los que trabajarán de forma conjunta para fortalecer este compromiso.

"Para nosotros este acuerdo como organización es muy importante, pues responde a nuestros objetivos centrales que tienen que ver con la sensibilización y difusión de la temática migratoria y todas sus implicancias. Consideramos que el trabajo social tiene un desafío respecto de esta realidad emergente que se ha instalado en nuestro país, creemos que toda persona migrante debe ser tratada con respecto, dignidad y con un enfoque centrado en los derechos humanos", expresó Rocío Menanteux, directora de la ONG Marq'ay.

Hasta mañana viernes 29 de octubre estarán disponibles los resultados del Sistema de Admisión Escolar (SAE), proceso que por segundo año consecutivo se aplica en todos los niveles educativos y regiones del país.

Según los datos entregados por el Ministerio de Educación, este año fueron 461.223 los estudiantes que postularon a nivel nacional, los que mayoritariamente ingresaron como primera preferencia los colegios particular subvencionados (69%), mientras que el 31% postuló a un recinto público (municipales y del Servicio Locales de Educación), lo que implica que la variación entre el 2020 y 2021 de las preferencias de las familias por la educación pública disminuyeron en un 3%.

Esta situación se replica en la Región del Biobío, ya que de los 39.407 estudiantes que realizaron la postulación, 70%, es decir, más de 27 mil alumnos prefirió un particular subvencionado, mientras que un 30% (cerca de 12 mil alumnos) lo hizo en un recinto público.

El seremi Felipe Vogel sostuvo que "los indicadores demuestran la alta preferencia y el aumento de las postulaciones a los colegios particulares subvencionados de la región, esto respondería a que los padres y apoderados dan un alto valor a la diversidad de proyectos que se ofrecen actualmente, buscando acceder a un plan educativo de calidad". Agregó que al analizar los resultados del proceso hay que tener en cuenta que algunos recintos municipales de la región tuvieron una importante demora para reabrir sus puertas a las clases presenciales.