Por Karlyng Silva Leal

Durante los 15 días en que el estado de excepción constitucional ha regido en las provincias de Arauco y Biobío, al menos 60 de las más de 400 personas que fueron detenidas cuentan con algún grado de implicancia con hechos de violencia rural.

Así lo aseguró el jefe de la Defensa Nacional en Biobío, contraalmirante Jorge Parga, quien realizó un balance positivo sobre la aplicación de la medida, principalmente por la disminución de incidentes violentos y aumento de la sensación de seguridad. El estado de emergencia comenzó a regir el 14 de octubre en las dos provincias de la Región, así como también en La Araucanía.

Según cifras entregadas por la coordinación regional de la Macrozona Sur, desde el 15 de octubre a la fecha en las dos provincias en que rige la medida se realizaron 260 patrullajes, de los cuales 205 fueron terrestres, 27 marítimos y 28 aéreos. Además, en cuanto a operativos mixtos se generaron 98 como puntos fijos y 107 como puntos móviles.

Sobre el efecto de la medida, el contralmirante sostuvo que "los primeros días de octubre, antes del estado de excepción, contabilizamos alrededor de 31 incidentes graves de violencia rural, y lo que va de estado de excepción de estos 15 días, tenemos en total cuatro en las provincias. Por lo tanto, ahí también hay una disminución muy importante en la cantidad de incidentes y esto sin duda que lo que hace es aportar a que las personas puedan retornar a su vida normal".

Además, sostuvo que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones le informaron que, a través del despliegue policial con apoyo de las Fuerzas Armadas, "se han detenido más de 400 personas, de las cuales consideramos que del orden del 15%, es decir, 60 personas tienen relación directa o indirecta con causas de violencia rural o asimilables a delitos más graves que se están cometiendo en ambas provincias".

EFECTIVIDAD

En cuanto a las coordinaciones, el delegado presidencial de la Región, Patricio Kuhn, explicó que en conjunto a las policías y las Fuerzas Armadas durante este estado de excepción se realizaron evaluaciones diarias, tanto de carácter provincial como regional e interregional, tras lo cual sostuvo que lo más importante "es señalar que lo que ha mejorado sustancialmente es la percepción, el clima que tenemos en nuestras dos provincias".

Al respecto, el coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, explicó que una de las diferencias que permitió los resultados expuestos es que el estado de catástrofe que regía antes por motivos sanitarios tenía ciertas limitaciones.

"Este estado de excepción permite una intervención siempre en soporte de las policías, una acción focalizada de las Fuerzas Armadas en lo que son las tareas propias del control del orden público, de control de la situación de violencia en la Provincia de Arauco", agregó Coloma.

Además, sobre las rutas que unen Cañete y Tirúa (P-72-S) y Cañete y Contulmo (P-60-R), Parga aseguró que se trata de caminos que tenían altos niveles de violencia, pero que el tránsito "está restablecido, ahí hemos mantenido procesos de controles fijos, móviles, con mayor y menor intensidad, diurnos y nocturnos. Estamos haciendo todo un esfuerzo para lograr que las rutas estén siempre disponibles y que tengan un tránsito normal. Esto no quita la posibilidad de que siempre hay un riesgo de alguna sorpresa".

DETENCIONES

Según lo informado por las autoridades, el apoyo de la Armada a la labor policial en ambas provincias permitió detener a personas por delitos comunes, así como en flagrancia, como por ejemplo por mantener armas hechizas y otras de grueso calibre, las cuales fueron incautadas.

También se aprehendió personas con órdenes de detención pendientes por delitos de distinta gravedad relacionados a hechos de violencia, tráfico de drogas, porte de armas ilegal de armas y robo de madera.

Respecto a que la cantidad total no está desglosada por provincias, Coloma explicó que más allá de que la situación en Biobío no cuente con las mismas características en cuanto a violencia y organización de las entidades violentistas que operan, principalmente la zona cordillerana, existe una movilidad de las orgánicas desde la Provincia de Arauco.

Sobre estos grupos, el coordinador explicó que "la información que nosotros manejamos de inteligencia indica que son hechos de violencia generados por orgánicas que no son propias de la Provincia del Biobío, son orgánicas fundamentalmente que operan desde la Provincia de Arauco y desde La Araucanía".

Además, Coloma manifestó la necesidad de que el Ministerio Público pueda avanzar en las investigaciones que conduce, de tal manera que "solicite determinadas diligencias que supongan la intervención en ciertas áreas territoriales y respecto a grupos de personas, porque la capacidad para desarrollarlo está y hoy con mayor razón", esto considerando la capacidad de las Fuerzas Armadas de colaborar en los procedimientos que las policías deban realizar por órdenes de las fiscalías.

400 personas han sido detenidas por diversos motivos durante las primeras dos semanas del estado de emergencia.

La Corte Suprema acogió seis recursos de protección presentados en contra de tres autoridades de Gobierno, los cuales fueron interpuestos por víctimas de violencia rural en la Macrozona Sur. Según el fallo del máximo tribunal, se trata de personas a quienes se les ha "vulnerado por no adoptar medidas que permitan enfrentar adecuadamente las acciones de violencia constante que se registran en las zona sur del país".

La Corte Suprema ordenó a las autoridades recurridas "adoptar a la brevedad las coordinaciones conducentes a la implementación de un plan que entregue una protección eficiente e integral de la población de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, afectadas por la denominada violencia rural". El fallo revocó la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Concepción, que había rechazado las acciones legales, argumentando que como Poder Judicial no podía intervenir en otro poder del Estado como el Ejecutivo, y ordenar políticas públicas de seguridad.

ACTUAR ARBITRARIO

En el documento se detalla que se trataría de 35 personas víctimas de violencia rural, quienes interpusieron un recurso de protección en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, de Patricio Kuhn, en ese entonces intendente de la Región del Bíobío y en contra de Óscar Muñoz, quien era gobernador de la Provincia de Arauco.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció "actuar arbitrario de las autoridades recurridas al no adoptar medidas que permitan enfrentar adecuadamente las acciones de violencia constante que se registran en las zona sur del país y que afectan a los grupos más vulnerables de la población".

Además, se agrega que "la conducta de los órganos recurridos resulta ser arbitraria, en vista de que si bien es efectivo que una parte importante de los efectos económicos, sociales y emocionales ocasionados con los actos de fuerza evidenciados en la zona sur del país, han sido abordados a través de la implementación de diversos programas de acción, lo cierto es que los hechos develados en la presente acción de cautela de derechos, demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica".

Concluye que "un grupo considerable de la población continua viéndose privada o al menos limitada de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces y, del mismo modo, de gozar de la ansiada integridad física y psíquica".

Durante la jornada de ayer el Juzgado de Garantía de Nacimiento acogió la petición presentada por el Ministerio Público y amplió en 48 horas la detención de Juan Carlos Muñoz Escalona, quien se encuentra en calidad de imputado como autor del delito consumado de homicidio que terminó con la vida de una mujer en la misma comuna este lunes.

Según explicó la magistrada Bárbara Leal Torrealba, en la audiencia de control de la detención accedió a la ampliación solicitada de 48 horas, lapso en que el Ministerio Público deberá concretar las diligencias pendientes y recibir los informes periciales que permitan aclarar la dinámica y presunta participación del imputado en los hechos que habrían tenido lugar la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

"No existen aún los informes periciales para determinar la causa de la muerte de la víctima, además que se encuentran pendientes diligencias para dilucidar otros posibles delitos que se hubieran cometido", explicó la jueza Bárbara Leal

En este escenario, la magistrada ordenó el ingreso en tránsito de Muñoz Escalona al Complejo Penitenciario de Concepción a la espera de su audiencia de control de detención que se realizará el próximo viernes 29 de octubre a las 12:30 horas.