Los 10 días en estado de excepción en la Provincia de Arauco
El coordinador de la Macrozona, Pablo Urquízar, dice que el despliegue ha permitido mayor seguridad, aunque reconoce que en 15 días no se resolverá el problema. Quienes viven y trabajan en la zona han visto un mayor contingente, pero creen que el impacto de la medida será acotado.
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Hoy se cumplen 10 de los primeros 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia, decretado por el Ejecutivo para las provincias de Arauco y Biobío -más dos de La Araucanía- para atender los problemas que genera la violencia rural.
Si lo estima conveniente, el Presidente puede prorrogar la medida por otros 15 días. Y si se quiere renovar por un tercer periodo será necesaria la aprobación del Congreso.
El objetivo de esta condición es que las Fuerzas Armadas apoyen con personal y recursos a las policías en su trabajo en aquellas zonas más complicadas por atentados. Esto, según Pablo Urquízar, marca una diferencia con el estado de excepción que estuvo vigente por 18 meses, a propósito de la emergencia sanitaria. Ese, aclaró, era por catástrofe, mientras que el actual es por emergencia y, por tanto, sus énfasis son distintos.
El balance es dispar. Mientras Urquízar plantea que en todo el territorio incluido en la medida se han efectuado más de 400 controles y operativos y que el despliegue de las Fuerzas Armadas ha tenido un impacto disuasivo, en la Provincia de Arauco la percepción es que si bien se ha visto el despliegue, esto no ha tenido el impacto esperado.
De hecho, durante este periodo igual se han registrado incidentes, como la quema de dos camiones en Tirúa el martes, o el robo e incendio de un vehículo particular en la ruta P-72S, a la altura de Tranaquepe, el mismo día.
Urquízar pide paciencia. Remarca que es imposible resolver en un par de semanas un problema que lleva más de 20 años, aunque asevera que ya se ven algunos resultados. Como ejemplo menciona que antes de este estado de excepción, la media de atentados en la macrozona era de 7,7 por día. Ahora es 2,5 atentados por día.
Desde Arauco claman por medidas más drásticas que permitan erradicar la quema de maquinaria forestal, los ataques incendiarios a cabañas y el uso de armas. Para ello, afirman desde los gremios, se requiere una intervención más fuerte para detener personas y allanar propiedades.
Desde arauco
Tania Akiki es traumatóloga del Hospital de Cañete. Vive en Lebu y permanentemente está haciendo operativos en Contulmo. El jueves, de hecho, estuvo en esa comuna. "Me habían dicho que iba a haber control y esperaba encontrarme con harto contingente, pero por donde me muevo no vi mucho", describe.
Agrega que entre sus contactos había altas expectativas respecto al impacto de este estado de excepción, pero ahora cree que el efecto será menor.
Esto, según René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, Acoforag, pasa, primero, porque la medida está pensada para un tiempo acotado. "Esto sirve para mostrar que hay recursos, pero los grupos terroristas no van a desafiar a las Fuerzas Armadas. Ellos están esperando que pasen estos 15 días para volver a sus actividades", proyecta.
Según el dirigente, la medida especial requiere mayores atribuciones para las Fuerzas Armadas: "Me gustaría, por ejemplo, que se ejecutaran todas las órdenes de detención pendientes y que se allanaran los lugares donde están estos grupos, donde están las armas y las drogas. Todos saben dónde están".
Desde el gremio de camioneros tienen una mirada similar. Alejandro Moraga, quien trabaja con 18 subcontratistas y 32 vehículos asociados, plantea que para ellos el estado de excepción no ha representado mayores cambios.
"Como transportistas ya no trabajamos para Contulmo y Tirúa y cada día es más difícil encontrar gente que quiera trabajar. Incluso me ha tocado hablar con las familias de los camioneros para contarles sobre los protocolos de seguridad que tenemos, porque están todos muy preocupados", comenta.
Cierra con que "agradezco la determinación del estado de excepción, pero no ayuda mucho a reducir la inseguridad".
Los tres comentan que la sensación de inseguridad se mantiene.
Lo oficial
El coordinador de la Macrozona, Pablo Urquízar, dice que aún es pronto para balances. Las cifras, indica, se darán a conocer cuando concluya el primer periodo de excepción, es decir, este viernes 29 de octubre.
No obstante, comenta que en las cuatro provincias afectas al estado de excepción se han llevado a cabo cerca de 400 operativos y controles. Ya han dado algunos resultados, asegura.
"De un día para otro los atentados o hechos de violencia no van a dejar de existir. Quienes invocan eso no comprenden la magnitud ni dimensión de la problemática. Esta es una carrera de largo aliento, donde existe una planificación de corto, mediano y largo plazo. El estado de excepción es un insumo más", asegura.
Detalla que el trabajo se ha centrado en tres líneas de acción: la disuasión, la visualización y la intervención. "Las dos primeras se hacen a través de controles mixtos, controles mixtos dinámicos, patrullaje aéreo, marítimo en las distintas provincias. También a través de las detenciones que se están produciendo y aquellos operativos que estaban postergados porque se requería otro nivel de recursos logísticos, tecnológicos".
Esto va en la línea de lo que está demandando el sector de contratistas forestales, pues según el coordinador, se está trabajando en la captura de personas que tienen órdenes de detención pendientes o están prófugos de la justicia, así como de realizar los allanamientos correspondientes de aquellos lugares que los tribunales han autorizado.
Según Urquízar, todo esto ocurrirá en los días siguientes que quedan de la medida de excepción. Aún así, plantea, ya ha habido detención de personas.
El despliegue
Por razones de seguridad, argumenta Urquízar, no puede especificar las intervenciones que se están realizando ni dónde. No obstante, afirma que hay un contingente muy grande de militares en las distintas provincias que está velando, en conjunto con Carabineros y la PDI, para dar más seguridad a esas personas.
De forma complementaria, la Armada ha aportado con vehículos como mowags, humvees, helicópteros, aviones y buques, pues también se han incorporado fiscalizaciones marítimas.
Esto resulta relevante, reconoce el abogado, porque una de las teorías sobre el armamento decomisado en los operativos y vistos en las imágenes que se difunden de los ataques vinculados a reivindicaciones ancestrales es que llega por vía marítima.
Esto, agrega, se está haciendo en lugares como Quidico, en Tirúa, y Lebu.
Tania Akiki, que vive en esta última comuna y tiene vista al mar, dice que en dos ocasiones ha visto buques de la Armada instalados en la bahía, aunque desconocía el motivo de su presencia.
Según René Muñoz, de Acoforag, tanto él como sus asociados han visto puntos de control en Peleco y Huentelolén. Indica que aunque los grupos de encapuchados que se instalaban allí para verificar quienes se trasladaban por la carretera fueron sacados del lugar, estos se reubicaron a un par de kilómetros.
Agrega que durante su traslado por la zona también ha visto pasar los vehículos de la Armada, así como los helicópteros que hacen patrullajes. Pese a ello, dice, "uno quisiera que el despliegue fuera más masivo y con mayores atribuciones".
El poco impacto de estas acciones, argumenta, se ve en que se han mantenido los hechos de violencia, como los ataques incendiarios y a camiones en la ruta hacia Tirúa registrados esta semana.
Pablo Urquízar remarcó que, pese a esto, la cantidad ha disminuido en relación a lo visto en las semanas anteriores.
Dificultades y proyección
Una de las principales complicaciones que se han visto para la implementación de las medidas vinculadas al estado de excepción tiene que ver con la logística. El coordinador regional de la Macrozona, Roberto Coloma, denunció el martes que el alcalde de Tirúa se negó a facilitar dependencias del municipio para albergar al contingente de la Armada que se despliega en la zona.
Pablo Urquízar, si bien opta por no profundizar en esta situación, afirma que todos quienes son parte del servicio público deberían aportar para que el control de la violencia dé resultados.
Un segundo escollo a sortear estará en el Congreso, en caso de que el Presidente quiera solicitar una tercera extensión del estado de excepción.
Sobre la primera prórroga aún no hay pronunciamiento del Mandatario. Aún así, el coordinador de la Macrozona plantea que con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, coinciden en la necesidad de que así ocurra.
Urquízar agrega que es pronto para proyectar cuál será el apoyo parlamentario en caso de solicitar su autorización, sobre todo porque en otras ocasiones él mismo ha cuestionado la disposición del poder legislativo para aprobar proyectos vinculados a la persecución de delitos en la Macrozona. De todas formas, espera que "estén a la altura de las circunstancias".
Urquízar remarca que el objetivo de este estado de excepción es dar más tranquilidad a las personas que viven en la macrozona sur. La comunidad sigue expectante a la evolución de la medida porque, como declaran quienes viven allí, la inseguridad sigue muy presente.