Condenar, sin "peros", la violencia
Se ha hecho una preocupante costumbre que cada vez que se produce un ataque, atentado o acto violento que pudiera tener una cierta naturaleza u origen asociado a algún tipo de "causa" política o que aluda a un conflicto de larga data, se haga una condena mayoritaria a los hechos, pero -a la vez- surjan voces que intenten matizarlos, contextualizarlos o hasta justificarlos, buscando un "empate" a partir de la comparación con otras situaciones que buscan poner en la misma categoría.
En otros casos, lo que se observa es el silencio de quienes como lideres públicos deben sentirse llamados a alzar la voz para expresar un categórico "no" a cualquier tipo de acción que se funde en la aplicación de la violencia como método para conseguir objetivos.
Por eso es tan importante que -tal como ocurrió en la jornada de ayer- se haga una condena categórica y transversal al atentado sufrido en las dependencias de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción- que, lo más grave, incluyó disparos a un guardia que llegó a intentar contener el ataque, según lo dio a conocer el rector Carlos Saavedra, y hasta la instalación de trampas con púas en las cercanías, de acuerdo al testimonio de personas que circulaban por el sector esa mañana.
Condenar "sin peros" la violencia es algo absolutamente necesario, especialmente cuando se observa que detrás de actos como el vivido la madrugada del viernes en la casa de estudios locales hay un intento por imponer a la fuerza una cierta posición de parte de la institución respecto de temáticas que, evidentemente, son motivo de amplio debate a nivel regional.
Frente a este hecho, se debe consignar que el rector de la UdeC, Carlos Saavedra, fue categórico en su mensaje: "Rechazamos categóricamente cualquier intento de imponer, mediante hechos como los ocurridos esta madrugada, una visión unilateral de dichos problemas y de sus eventuales soluciones". Agregó que ante la concurrencia de "10 a 12 personas que armadas con artefactos incendiarios atacan la Facultad de Ciencias Forestales y disparan contra uno de nuestros guardias, por supuesto que no es una acción esporádica, espontánea, sino que responde a una organización establecida".
Tal como lo han planteado autoridades, organismos y dirigentes de distintos ámbitos -aunque se echa de menos un mensaje de solidaridad y respaldo más contundente desde el propio mundo de la educación superior- el ataque a la UdeC representa un inaceptable intento de amedrentamiento hacia una institución que se caracteriza por su centenario aporte al desarrollo local y -tal como señala su lema- "por el desarrollo libre del espíritu", cuestión que se busca limitar con acciones violentas.
Por eso, también es importante el respaldo que el gobernador regional, Rodrigo Díaz, y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, dieron públicamente al rector Saavedra y la institución en general, en una convocatoria de prensa realizada al mediodía del viernes último. Mejor aun habría sido, eso sí, que en esa misma actividad hubiera estado presente o representado también el delegado presidencial, Patricio Kuhn, pues la importancia del propósito debería reflejarse en signos que dejen de manifiesto que hay una alineación de los principales actores políticos locales, sumando a quien está a cargo directamente de la seguridad pública, para hacer frente a este tipo de hechos. Y es que -en definitiva- lo acontecido afecta a toda una comunidad, que no puede quedar indiferente ni menos considerar como algo "normal" un suceso de esta naturaleza.
Ahora bien, es evidente que detrás de un ataque como el ocurrido esta semana hay un contexto que no se puede soslayar. Y es que la Universidad de Concepción ha sido blanco reciente de críticas debido a que -pese a las presiones- ha decidido mantener las acciones judiciales contra las personas que han sido imputadas por los destrozos sufridos en el campus patrimonial, los meses siguientes al denominado "estallido" de octubre de 2019. Así al menos lo planteó el delegado regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, quien sostuvo que "todo indica que se trata de un acto en represalia en contra de la universidad por las acciones judiciales presentadas a distintas personas por los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 y que causaron graves daños al interior del campus". Así también lo refleja el hecho que en el lienzo hallado se apuntó a la UdeC como "sapa de la Fiscalía".
En este escenario, resulta muy lamentable que a mediados de semana un grupo de nueve constituyentes se haya sumado a los intentos de presión y "juicio" en contra de la casa de estudios, al plantear -a propósito de las sesiones de la Convención la tercera semana de noviembre- la solicitud de que "ninguna de las sesiones de plenario ni de comisiones se realice en la Universidad de Concepción. Lamentablemente, la Universidad de Concepción ha tenido un rol de persecutor penal en el caso de presos políticos del estallido social en la ciudad de Concepción".
Este intento de "cancelación" de la UdeC en nada contribuye a la búsqueda real de diálogo y constituye por sí mismo un agravio para una casa de estudios que frente a los múltiples ataques sufridos en su campus a partir de 2019 lo único que ha hecho es buscar en el sistema de Justicia las respuestas necesarias para evitar que los atentados a este espacio patrimonial -que se mantiene abierto, por lo demás, a toda la comunidad- sean actos que queden sin sanción ni responsables.
El ataque a la UdeC representa un inaceptable intento de amedrentamiento hacia una institución que se caracteriza por su centenario aporte al desarrollo local y -tal como señala su lema- "por el desarrollo libre del espíritu". De allí que sea fundamental no dejar espacio para matices ni menos justificaciones de ningún tipo ante hechos de tal magnitud y gravedad.