Una fecha tan compleja de analizar como el 18 de octubre de 2019 merece una reflexión mayor, especialmente considerando las consecuencias que dejó el denominado "estallido" y la creciente división que se observa en el país a partir, precisamente, de la interpretación de lo vivido.

Pero más allá de los matices, es innegable que el fenómeno experimentado hace dos años tuvo una expresión violenta que es necesario considerar, especialmente para tratar de evitar que situaciones tan lamentables como la destrucción, los saqueos y las "funas" sean consideradas normales o "necesarias", como lo suelen plantear algunos que justifican todos los medios para conseguir algún fin que se supone altruista y de "bien común".

En este contexto, no puede olvidarse que fueron los simultáneos ataques al Metro, en Santiago y atentados incendiarios en pleno centro, en el caso de Concepción, los que marcaron las jornadas del 18 y 19 de aquel mes de octubre. Y tampoco puede soslayarse que aquello derivó en una profunda sensación de vulnerabilidad observada especialmente por parte de aquellos que vivían o trabajaban en el centro penquista y observaban cómo la mayoría de las tardes la zona se convertía en un escenario de enfrentamientos de grupos de manifestantes con Carabineros. A aquello hay que sumar el lamentable resultado adicional de que hasta nuestros días se sigan investigando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado y especialmente de la policía uniformada.

Aquello se suma al fuerte impacto que el "estallido" tuvo en la actividad económica local, y especialmente el comercio, ya que junto con ajustar sus horarios de funcionamiento -en muchos casos reduciéndolo sólo a un par de horas del día- se debió también reforzar los accesos con sólidas protecciones para evitar los temidos saqueos, una práctica que en el momento más álgido de las protestas se convirtió en una acción hasta validada por muchos de los que participaban en los actos como una medida de "justicia". Afortunadamente, aquello fue cambiando conforme pasaban los días y una mayoría que se expresó sin violencia comenzó a rechazar el actuar de aquellos que -escondidos en la masa- sólo buscaban una oportunidad para delinquir y sacar réditos materiales de la movilización.

Pero junto con ello, el que se cumplan dos años desde aquel 18 de octubre es la oportunidad también de reconocer que hubo una cantidad importante y mayoritaria de manifestaciones pacíficas, con decenas de miles de personas que expresaban su deseo de que hubiera cambios institucionales profundos en el país.

Todo lo anterior se encauzó en el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución", firmado el 15 de noviembre del mismo año, el que buscó responder de manera pacífica y democrática a las protestas generadas a nivel nacional.

Fue a través de esa instancia que un amplio espectro de representantes de partidos políticos acordaron "una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social, a través de un proceso inobjetablemente democrático", según rezaba el documento.

Posteriormente aquello permitió realizar un plebiscito (el 26 de abril de 2020), donde la ciudadanía optó por amplia mayoría por la redacción de una nueva Constitución y se definió que la Convención Constitucional -es decir, elegida íntegramente en una votación especial y sin participación de parlamentarios en ejercicio- sea el ente encargado de esa labor.

Recordar este aspecto es también importante, ya que fue la salida política e institucional a un clima de violencia y enfrentamientos que puso en vilo la estabilidad democrática del país, pero también la respuesta a quienes creían que un cambio de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un mejor país.

Es innegable que el fenómeno experimentado hace dos años tuvo una expresión violenta que es necesario considerar, especialmente para tratar de evitar que situaciones tan lamentables como la destrucción, los saqueos y las "funas" sean consideradas normales o "necesarias", como lo suelen plantear algunos que justifican todos los medios para conseguir algún fin que se supone altruista y de "bien común".

Un sector de chilenos leales a Pinochet, que cantan la tercera estrofa del himno nacional cuando pueden y que consideran injusto que haya militares presos en Punta Peuco, insisten en que lo que importa es el futuro. Sostienen que no hay que remover las heridas del pasado. En otras palabras, junto con ignorar la violación sistemática de los derechos humanos a partir de 1973, aseguran que lo mejor que nos pudo pasar fue la imposición del modelo de Chicago. Cualquier cambio, nos aseguran, pone en riesgo la estabilidad y la inversión extranjera.

Paradojalmente, en el otro extremo, hay quienes, aunque proclaman que "Chile despertó", en el fondo están de acuerdo con los nostálgicos. Su lema lo dice todo: "No fueron 30 pesos, fueron 30 años". Al parecer, Nicanor Parra tenía razón: "la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas".

En este tormentoso momento hay que esforzase por hacer un análisis más ecuánime. Reconozcamos, en primer lugar, que Churchill sigue teniendo razón: la democracia es el sistema menos malo. En 30 años, pese a algunas deficiencias innegables, pudimos convivir sin grandes sobresaltos, gozando de libertades básicas, empezando por la libertad de expresión.

Es cierto que en esos 30 años el error fue no haber desatado a tiempo las amarras del régimen militar. Al comienzo, con el propio Pinochet, eternizado en su papel de comandante en Jefe del Ejército y toreando a las autoridades civiles, no era posible hacer muchos cambios de fondo. Pero, en algún momento, a fines del siglo pasado, se abrieron las posibilidades de reforma. Después de Londres Pinochet dejó de ser un peligro para la democracia y, lo más importante, descubrimos que la revolución tecnológica nos había devuelto el arma más poderosa: la libertad de expresión. De este modo, las denuncias acerca de los abusos, de la prepotencia individual y colectiva, de la colusión de empresas, de la exportación de capitales a paraísos fiscales y la comprobación de que el "Mercedes" de las pensiones no daba para "citrola", empezaron a ser tomadas en serio.

En estos años, estalló algo que venía incubándose y que no queríamos aceptar: la corrupción. Ahora ya tenemos una certeza 2.0: la corrupción es transversal y llega a montos astronómicos.

A comienzos del siglo XXI se superó el punto de no retorno. La huella de la dictadura se hizo evidente. Descubrimos que, pese a los avances legales, se perdieron valores fundamentales. La ética se convirtió en letra muerta, igual que la solidaridad y respeto de la dignidad de las personas.

Hoy se nos dice que el país está en grave peligro por la acusación constitucional y el cobro de cuentas a quienes abusaron de su posición aprovechando dineros públicos en beneficio propio.

Esa argumentación es un pobre recurso retórico. La verdad es más simple: quienes han puesto en riesgo la imagen del país no son los que denuncian. Son aquellos que hoy están enfrentando a la justicia y a la opinión pública; quienes convirtieron los negocios legítimos en indefendibles fuentes de riqueza al margen de la ley. Y, en definitiva, dejaron al margen de los eventuales beneficios del "milagro" chileno a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.

Nunca es tarde. Ojalá seamos capaces de reaccionar de manera democrática en las próximas jornadas, y comencemos a recuperar la ética y la solidaridad.

"Nunca es tarde. Ojalá seamos capaces de reaccionar de manera democrática en las próximas jornadas, y comencemos a recuperar la ética y la solidaridad".

Estado de Excepción

Tras los hechos de violencia que se han realizado en la Macrozona Sur en nuestro país, el presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Cautín y Malleco, para la Región de La Araucanía, y Arauco, en la Región del Biobío. Violencia hay, grupos armados hay. Sin embargo, también se encuentran montajes y noticias falsas que rondan en redes sociales. No existe una buena investigación para encontrar a los culpables; la infraestructura policial da mucho que desear; y, como si eso fuese poco, el conflicto va escalando aún más. Dicho esto, mi pregunta es, ¿qué se busca con el Estado de Excepción?

Daniel Soto

Deudas de pensión

El Presidente de la República deberá promulgar el proyecto de Ley que crea un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto constituye un avance respecto del actual sistema, la Ley de Abandono de Familias y Pago de Pensiones Alimenticias, que establecía una serie de medidas que podía imponer el Tribunal de Familia a los deudores, entre ellas, arraigo nacional, retención de la licencia de conducir o devolución de impuestos, hasta el arresto nocturno, pero que no motivaba el pago de las pensiones, y en muchos casos, los deudores preferían soportar las medidas antes que pagar. Esto trajo como consecuencia que más del 80% de pensiones en Chile se encuentren impagas, lo que impacta a niños y adolescentes que no pueden contar con recursos necesarios para su manutención y educación, y a miles de mujeres -recordemos que sobre el 90% de los deudores son hombres- que deben endeudarse o se encuentran sumidas en la pobreza debido a este incumplimiento. En el último año, esta situación ha sido en parte mitigada por los retiros forzosos de fondos de pensiones, que es una medida excepcional y extraordinaria y no resuelve el problema de fondo.

María Lorena Rossel

Disculpas

Ya estamos cansados de las disculpas y los cambios de opinión de Gabriel Boric. Primero por mofarse de la muerte de un senador en democracia, luego por reunirse con el asesino de ese senador, luego por el cuarto retiro y ahora por la falsa promesa de entregar viviendas sociales a inmigrantes. ¿Qué clase de gobernabilidad puede ofrecer alguien que cambia de opinión a cada rato sobre temas que no son triviales?

Marco Tagle

Paraísos fiscales

Contrariamente a lo que se ha dicho hasta ahora, los paraísos fiscales no constituyen por si solo una oportunidad de evadir los impuestos, ni tampoco de eludirlos. El hecho de que presenten ventajas respecto de otros países o territorios son el resultado de la potestad tributaria que cada Estado tiene sobre sus residentes. Distinto es decir si eso nos gusta o no, o si parece ético que una persona, cualquiera que sea, mantenga sus inversiones (capital) en un territorio preferencial. Los paraísos fiscales son calificados de esa forma porque no cumplen los estándares internacionales dictaminados por un grupo de países; en este caso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). En Chile, se ha tipificado a un paraíso fiscal o territorio preferencial, cuando cumple dos de las siguientes características: sus tasas son bajas o de nula tributación para las rentas de fuente extranjeras (menos del 17,5%); no existen convenios de intercambio de información; solo tributan por la renta que se genera en el territorio (fuente local); no existen normas de precios de transferencia; existe secreto bancario o limitado acceso a la información financiera, o no forma parte de la Ocde.

Elías Casanova Cabrera

Debate de poco nivel

El último debate presidencial fue una competencia de quién le encontraba más yayas al otro. Lo más lamentable fue que de contenidos programáticos sólidos casi no hubo nada. Sólo palabras al voleo. Y de los "moderadores", mejor ni hablar. Sólo fomentan el circo. Y después dicen que hay que votar informado.

J. Alberto Molina

Licitación de cartera

Este mes entra en vigencia la licitación de cartera de nuevos afiliados, adjudicada por AFP Modelo, que ofertó una comisión de 0,58% sobre el sueldo bruto, lo que representa un 25% menos de costo para sus afiliados, y un 16% de menor costo que AFP Uno, última ganadora de la licitación con un 0,69% del sueldo bruto. La comisión de AFP Modelo representa cerca de un 40% respecto a lo que cobran las AFP de mayor tamaño, por lo que existe un espacio importante de competencia entre las AFP por costo. Las AFP de menor costo -Modelo y Uno-, en conjunto representan sólo el 23% del total de afiliados del sistema, por lo que se puede concluir que el costo no es relevante para los afiliados, priorizando otras variables como la rentabilidad o la calidad de servicio. El punto anterior es relevante, pues muchos apuntan contra las utilidades de la industria previsional, pero esas utilidades son producto de la libre elección de una AFP por parte de los afiliados.

Eduardo Jerez Sanhueza

Comercio

Respecto del adelantamiento horario del cierre del comercio que auspician algunos congresistas sólo demuestra camuflar el origen del problema. El riesgo a ser asaltado mientras se regresa al hogar y morir incluso en manos de criminales es culpa de los legisladores, principalmente de izquierda, Poder Judicial, cobardía de las autoridades y activistas que victimizan a los antisociales. Muchos de los que auspician estos proyectos demagógicos contradictoriamente promueven indultos a favor de los que incendian comercios por causas políticas. Un país en orden donde impera la ley y al transgresor se le castiga con severidad permite regresar a casa a la hora que se quiera y no enjaularse como hoy sucede.

Samuel Comte Jeria

Estadios

Vi por televisión el partido de Colo Colo y Huachipato. El Monumental estaba casi lleno, sin distanciamiento social, con gente con mascarillas en el cuello o sin ella. ¿Dónde está la fiscalización que prometía severas sanciones a quienes no respetaran el distanciamiento o que no usaran mascarilla? ¿O será que la pandemia ya pasó? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias?

José Luis Muñoz

Los casinos de juegos suspendieron sus actividades el 18 de marzo de 2020, por el riesgo sanitario al ser recintos cerrados con aglomeración de personas. Y más allá de las afectaciones propias de los recintos de juego, los municipios de las comunas donde están instalados también ha perdido importantes recursos por el impuesto específico al juego. En la Región del Biobío, hay casinos en Los Ángeles y Talcahuano, y los recursos que reciben de estos centros representan el 5% y el 10% del respectivo presupuesto total.

Entre el 1 y el 18 de marzo, según la Superintendencia de Casinos de Juego, Marina del Sol Talcahuano y Casino Gran Los Ángeles registraron ingresos tributarios por un total de $690 millones y de ese monto $123 millones se destinaron a la Municipalidad de Talcahuano y $21 millones a Los Ángeles.