Por Efe

Estados Unidos está negociando con países de Sudamérica, incluido Chile, para expulsar haitianos si vuelve a producirse una oleada de migrantes de esa nación que lleguen a su frontera, dijo en una entrevista con agencia Efe el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas confirmó además que EE.UU. planea volver a implementar antes de que acabe el año el programa "Quédate en México"; y defendió la política conocida como Título 42 por la que EE.UU. deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur.

A un mes de que miles de inmigrantes haitianos quedaran varados bajo el puente internacional de Del Río, en Texas, tras haber viajado ocho meses (gran parte lo hizo desde Chile y Brasil) y cruzado la frontera, Mayorkas dice que para la deportación en aviones a Puerto Príncipe "es inaplicable el término expulsiones masivas. Hubo una gran cantidad de ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera por un lugar concreto en un período de tiempo muy, muy corto, lo cual fue muy inusual para las personas que han dedicado tres décadas a trabajar a lo largo de la frontera, tanto en la Patrulla Fronteriza como en organizaciones comunitarias, y hemos aprendido de esa experiencia. Y si hubiera otro movimiento de individuos como ese, estamos preparados. Sé que el Departamento de Estado está trabajando muy intensamente con países de Sudamérica, desde los cuales viajaron más recientemente los migrantes haitianos, para ver si aceptarían el regreso de los ciudadanos haitianos que llegan a nuestros puertos de entrada. Es algo que se trabaja muy enérgicamente.

"QUÉDATE EN MÉXICO"

-Un juez federal ordenó restablecer el programa "Quédate en México" que impulsó Donald Trump ¿Podría confirmar si esto ocurrirá el próximo mes?

-Nosotros pusimos fin a ese programa y nos demandaron por hacerlo. Ahora estamos bajo una orden judicial para implementar ese programa, no solo en Laredo, sino a lo largo de toda la frontera sur. Esa es una orden de la Corte que estamos obligados a seguir y, por lo tanto, debemos cumplirla, y estamos obligados a implementarla lo más rápido posible. Para hacer eso, estamos en conversaciones con el Gobierno de México, porque se requiere que ambos países estén de acuerdo con ese programa.

-¿Cómo se asegurará de que, una vez que se reinicie este programa, los migrantes expulsados a México estarán protegidos de los abusos de derechos humanos.

-Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno mexicano, ese es uno de los temas importantes de nuestras conversaciones con ellos.

-Bajo el Título 42, EE.UU. deporta automáticamente a la mayoría de los adultos indocumentados que llegan a su frontera sur, amparándose en la pandemia. Miles están siendo expulsados, pero usted mismo es un migrante que llegó desde Cuba.

- Creo que su pregunta es muy importante y muy justa. Es muy importante comprender que el Título 42 no es una política de inmigración que nosotros hayamos adoptado. No estaría de acuerdo si alguien intenta definir nuestras políticas de inmigración refiriéndose al Título 42 (...) que están definidas, ejemplo, por nuestro reinicio del DACA (...) El Título 42 es una autoridad de salud pública que tienen los Centros para el Control de Enfermedades y que ordenaron que se aplique, porque estamos en medio de una pandemia y cientos de miles de personas, solamente en este país, han muerto.

-Pero cada vez más expertos en salud se están pronunciando en contra y dicen que no hay pruebas de que esta política evite la propagación de covid-19.

-Estoy muy, muy preocupado por cualquier narrativa falsa que tenga un sentimiento antiinmigrante, y se lo puedo decir como inmigrante. Pero viajar a los Estados Unidos con un método (legal) es muy, muy diferente a cruzar la frontera entre los puertos de entrada, y tener que ser llevado por necesidad a una estación de la Patrulla Fronteriza, que no es capaz de aislar y poner en cuarentena a las personas que tienen covid-19. Hemos visto aumentar la tasa de infección durante meses entre la población migrante en las estaciones de Patrulla Fronteriza: pasó de 12% a alrededor del 20%. Y hemos visto a niños no acompañados en entornos con mucha gente que se infecta. Por tanto, este es un esfuerzo para proteger a la población migrante.

-Antes de llegar al poder, el presidente Biden dijo que le llevaría unos seis meses restablecer el proceso de asilo en la frontera. Ya lleva casi nueve meses.

-Lo que subyace al Título 42, el estado de la pandemia, es un obstáculo muy importante, pero también hay más. Está el hecho de que en los últimos cuatro años, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) ha sido diezmada financieramente debido a las políticas y prácticas de la administración anterior, y estamos reconstruyendo esa agencia (...). Recién ahora estamos contratando nuevamente a funcionarios de asilo y construyendo el personal, el equipo y las instalaciones.

Una protesta convocada por grupos chiíes para pedir la destitución del juez a cargo de investigar la gigantesca explosión del puerto de Beirut en 2020 desembocó ayer en fatales disturbios en la capital libanesa, que dejaron al menos seis muertos en un tiroteo y que instalaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en un país que ya fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los incidentes se produjeron en medio de una creciente presión internacional por las obstrucciones a la pesquisa y desacuerdos políticos sobre la responsabilidad de una serie de ex altos cargos en relación a la explosión que en agosto del año pasado causó más de 200 muertos, 6.500 heridos y gran devastación en Beirut.

Ayer, francotiradores escondidos en los techos del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por los partidos chiíes Amal y Hizbulá frente al Palacio de Justicia, de acuerdo con la versión de estos dos partidos.

El ministro de Interior libanés, Bassam Maulaui, confirmó posteriormente que varias personas recibieron disparos "en la cabeza" durante un tiroteo perpetrado por "francotiradores" en Tayoune y confirmó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiíes y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo total de seis muertos y al menos 30 heridos en total, según el último balance ofrecido por la Cruz Roja libanesa.

PROTESTA CONTRA EL JUEZ

Ayer cientos de partidarios de Amal y Hizbulá se congregaron al grito de "Fuera Bitar", en referencia al juez Tarek Bitar, días después de que este llamara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto.

En solo un par de semanas, la investigación fue suspendida en dos ocasiones después de que estos y otros parlamentarios presentaron una serie de demandas pidiendo relevar al magistrado por considerarlo imparcial. La última de esas demandas fue desestimada ayer por un tribunal de última instancia.

En este contexto, los manifestantes denuncian que el caso está siendo politizado.

El predecesor de Bitar fue cesado a principios de año a petición de los mismos legisladores de Amal: el exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, quien estuvo en el cargo durante los años en que el nitrato de amonio que causó el gran estallido permaneció en el puerto de Beirut presuntamente sin custodiar, y el extitular de Obras Públicas y Transporte Ghazi Zaiter.

Embajadores en Beirut y representantes de organismos internacionales han llamado a garantizar la investigación, que no presenta avances.

TEMOR AL SECTARISMO

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chií y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

Además, las cúpulas de Amal y Hizbulá acusaron de la acción contra sus seguidores a "grupos" de las Fuerzas Libanesas, el segundo bloque cristiano del parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó el Líbano.

No obstante, el partido de Samir Geagea, que fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su actuación en ella, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades.

El partido cristiano culpó de los disturbios a los esfuerzos de Hizbulá por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación, inicialmente a través de sus discursos y, más recientemente, con amenazas directas al magistrado y la convocatoria de la manifestación.

Al cierre de esta edición, una fuente militar informó que "nueve personas fueron arrestadas y permanecen bajo custodia, mientras algunas otras fueron detenidas y están siendo investigadas".

LÍBANO SUFRE VARIAS CRISIS TERMINALES

Líbano está sumido en una de las peores crisis económicas del mundo en más de un siglo y medio y registra una fuerte escasez de productos y servicios básicos, como medicinas, materiales médicos, combustibles, electricidad y agua potable. La semana pasada el país se quedó un día entero sin suministro eléctrico público después de que dos plantas de energía dejaron de operar por falta de combustible, apagando el servicio que entrega una o dos horas de luz diaria a los hogares. En el ámbito político, después de un año sin Gobierno, recién hace un mes el presidente Michel Aoun firmó el decreto de formación del nuevo Ejecutivo.

El ataque protagonizado con un arco y flechas por un danés converso al islam radical, que mató a cinco personas e hirió a tres en Kongsberg, Noruega, apunta a un atentado terrorista, revelaron las autoridades.

La policía confirmó que el agresor tiene 37 años, es residente en esa localidad y es un musulmán radical, pero no dio por sentado que hubiera actuado por motivos terroristas, mientras que el Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega (PST) sí lo hizo.

"Los hechos ocurridos en Kongsberg apuntan por el momento a un atentado terrorista, pero será la investigación, conducida por la policía del distrito suroeste, la que determinará qué los motivó", consta en un comunicado del PST.

La inteligencia noruega reconoció que se trata de alguien que estaba bajo su radar y que este tipo de ataques al azar son típicos de fundamentalistas.

La policía dice que actuó solo y confirmó que usó más armas en el ataque, que duró media hora, pero duda de su motivación, algo que puede estar relacionado con el historial del agresor, al que medios noruegos identifican como Espen Andersen Bråthen.

AMENAZAS A SU FAMILIA

Informaciones publicadas por la agencia NTB y la televisión pública NRK, pero no confirmadas oficialmente, revelan que Bråthen fue condenado en 2012 a 60 días de prisión condicional por robo y posesión de drogas; y en julio de 2020, un tribunal dictó seis meses de prohibición de acercarse a su familia en Kongsberg.

Dos meses antes de la condena había entrado en casa de sus padres y amenazado con matar a su progenitor, dejando una pistola en el sofá antes de retirarse.

Bråthen publicó en internet dos videos en 2017 en los que lanzaba amenazas bajo su condición de musulmán, según un amigo suyo, quien advirtió entonces a la policía. Hoy tendrá una audiencia para prisión preventiva y será sometido a un examen psiquiátrico.