Por Karlyng Silva Leal

La puesta en marcha, nuevamente, de patrullajes mixtos en las rutas de la zona -los que se realizaban hasta el 30 de septiembre pasado- será una de las medidas que desplegará personal de las Fuerzas Armadas, a cargo del contralmirante Jorge Parga, en las provincias de Arauco y Biobío, en el inicio del estado de emergencia decretado por 15 días.

Así lo señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tras sostener una reunión de coordinación en Lebu, capital de la Provincia de Arauco, para afinar detalles sobre las tareas operativas durante el estado de excepción constitucional, que precisó que tiene por objetivo contrarrestar el narcotráfico, el crimen organizado y toda actividad delictiva en el territorio incluido en la medida.

En horas de la mañana de ayer, infantes de Marina del Batallón Aldea de Talcahuano comenzaron a desplegarse hacia la Provincia de Arauco en el inicio del periodo excepcional, mismo contexto en el que el ministro Delgado se reunió con autoridades de las Fuerzas Armadas y de Gobierno de las regiones del Biobío y La Araucanía.

"Este estado de excepción lo que busca es, justamente, la colaboración (de las FF.AA.) en cuanto a logística, apoyo estratégico, vigilancia, personal altamente calificado, medios terrestres, aéreos y marítimos para que esa gente, que es la mayoría, que necesita salir temprano de su casa y se despiden, no tengan la incertidumbre de si van a volver o no en la tarde o la noche", detalló Delgado.

MEDIDAS LOCALES

En cuanto a las medidas que regirán para este decreto, el ministro sostuvo que los patrullajes mixtos, que se realizaron desde fines de febrero hasta septiembre de este año en la Macrozona Sur, continuarán en este estado de emergencia, asegurando que se reactivarán utilizando la experiencia, manteniendo lo positivo y mejorando las falencias que se hayan detectado.

Delgado destacó que se realizarán de nuevo por los buenos resultados obtenidos durante su periodo de ejecución, cuando se logró una mayor cantidad de detenidos a través de controles aleatorios en las rutas, incautando drogas y armas, así como vehículos con situaciones pendientes, al igual que se detectaron bandas dedicadas al robo de madera.

Ya que el estado de excepción considera definiciones que el propio jefe de la Defensa Nacional puede determinar, como el toque de queda, el ministro del Interior aseguró que, inicialmente, esta disposición no se aplicaría para respetar el foco de seguridad del decreto y no coartar la vida cotidiana, tranquilidad y libertad de las personas.

Además, informó que, al tratarse de una atribución presidencial, el decreto que comenzó a regir a las cero horas del jueves y fue notificado de forma oficial a los alcaldes de las comunas intervenidas, vía oficio por parte de los delegados presidenciales. Además, sostuvo que se reunió durante la tarde del miércoles con los jefes comunales, para comunicarles la medida en ejecución.

MAYOR SEGURIDAD

Delgado explicó que la decisión del estado de emergencia se funda en un diagnóstico indiscutible y lamentable sobre la situación de las cuatro provincias en intervención, en las cuales se ha constatado que la convivencia diaria y pacífica de las comunidades ha sido amenazada por grupos minoritarios que realizan acciones violentas.

"Estamos en presencia de grupos que se cobijan bajo causas que pueden ser muy nobles y plausibles, pero lo utilizan como un paraguas, utilizan derechamente esas causas sociales de distintas reivindicaciones de pueblos originarios para desde ahí destruir, amedrentar, atacar e incluso asesinar", agregó.

En este sentido aseguró que "el estado de excepción tiene un foco de seguridad contra el crimen organizado, esta no es una medida contra algún pueblo en específico, etnia específica o contra un grupo de personas específico, estamos hablando de una medida contra el narcotráfico, el crimen organizado, las armas de grueso calibre y toda actividad delictual que ocurra en estas cuatro provincias".

De esta manera explicó que el rol de las Fuerzas Armadas será, por ejemplo, brindar acompañamiento a los procedimientos realizados por las policías para que sean seguros y efectivos, ya sea asegurando el área y blindando a los efectivos para cumplir los despliegues preventivos o el cumplimiento de órdenes judiciales.

En cuanto a las declaraciones del comunero mapuche y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, sobre la existencia de grupos paramilitares en las comunas en que rige el Estado de Excepción, Delgado sostuvo que ha sido una situación demostrada en eventos violentos anteriores.

Esto porque ya se ha evidenciado que las personas detrás de ataques que han terminado con resultados de muertes y lesiones graves tienen conocimientos, manejo y dominio de armas de grueso calibre, por lo que no representa una novedad para el Ministerio del Interior, insistiendo en que no existe diferencia entre atacar a un civil, trabajador forestal o policía, pues se trata de situaciones que no deben ocurrir en un Estado de derecho.

15 días durará el Estado de Excepción en dos provincias de Biobío y dos de La Araucanía. Puede ser prorrogado por otros 15 días.

En la misma jornada en que se inició el estado de excepción, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, -en extensa entrevista con la agencia Efe- justificó los hechos de violencia encabezados por la organización, aunque precisó que la reivindicación territorial "no debiera tener un resultado de más violencia o más confrontación: la guerra a nadie le conviene".

Aseguró además que están "con una disposición a establecer algún diálogo en búsqueda de una solución política".

De todos modos Llaitul, quien denunció la "dolorosa" existencia de grupos paramilitares mapuches que supuestamente trabajan para las forestales, justificó las acciones que el grupo realiza desde 1997.

Aseguró que se trata "de sabotaje, no violencia irracional", y que son "absolutamente necesarias a la hora de confrontar un sistema de opresión" contra los mapuches, que se ejerce como "violencia política", "criminalización" y "negación de derechos". Eso sí, aseguró que su causa "nada que ver con acciones de terrorismo ni tampoco con narcotráfico".

Afirmó que siempre han sostenido que su grupo tiene "disposición a establecer algún diálogo en búsqueda de una solución política a un nivel correspondiente porque tenemos razones de fondo".

"Existe un temor profundo a asumir este conflicto de una forma seria y la derecha lo reemplaza por la política del garrote", señaló el dirigente durante la entrevista con la agencia.

Una serie de antecedentes respecto de los hechos de violencia ocurridos en las regiones de Biobío y La Araucanía son parte del decreto publicado el miércoles 13 en el Diario Oficial y que declara el estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y en Arauco y Biobío, en el caso de la Región.

En el documento, emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se detalla que en los últimos años "se ha observado un preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales".

Además, se plantea que "de acuerdo a los partes policiales de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en lo que va del presente año, y siempre en las zonas referidas en el considerando precedente, han aumentado un 116% los hechos denunciados que guardan relación con delitos contemplados en la ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, incluyendo la incautación de armas y municiones". De hecho, se precisa que en lo que va de 2021 se han incautado 14 rifles y fusiles que constituyen armas largas de alto poder de daño.

También se destaca que la incautación de drogas, como la cannabis sativa ha superado ya en un 36% todo lo decomisado en la zona durante 2020, y se ha duplicado la cantidad de pasta base de cocaína incautada en comparación al año anterior.