Por Redacción

El abogado del presidente Sebastián Piñera desmintió la información publicada este jueves por el diario La Tercera online, que señalaba que la Fiscalía podría abrir una causa penal de oficio contra el mandatario, tras constatar que un documento clave en el caso Pandora Papers no habría sido parte de la investigación realizada en 2017 y en la cual el mandatario fue sobreseído.

La publicación se refiere al contrato de compraventa por el que la familia Délano compró en 2010 la participación de los demás socios de Minera Dominga, incluida la familia Piñera Morel, en US$ 152 millones. Dicho contrato establecía un pago en tres cuotas, con una cláusula que condicionaba el tercer pago a que el sector donde se emplazaría el proyecto no fuera declarado como zona de exclusión. Parte de la operación concretó en Islas Vírgenes Británicas y habría significado una ganancia para los inversionistas en su conjunto de 1.000%.

La información es parte de los Pandora Papers, millones de documentos revelados el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con la participación en Chile de Ciper y LaBot.

"Este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga, causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo", aseguró el estudio del abogado Acosta en una declaración.

De acuerdo a La Tercera, en la carpeta de la causa instruida por el ex fiscal Manuel Guerra en 2017 "sólo figura un preacuerdo de compraventa, en español, que da cuenta de la operación y que fue firmado tres meses antes del 10 de diciembre, fecha del contrato en Islas Vírgenes Británicas".

El medio agrega que "la cuestionada cláusula que estuvo a la vista de la fiscalía en 2017 sería similar, pero no idéntica a la revelada en la reciente filtración".

Sin embargo, la defensa del presidente refutó dicha versión. El jurista aseguró que en abril de ese año fue entregado a la PDI, por orden de la Fiscalía, un disco duro con correos electrónicos y documentos, entre ellos uno caratulado como "Acuerdo".

"Dicho instrumento contiene todos los acuerdos alcanzados entre comprador y vendedor en relación a la compraventa, incluyendo en su cláusula 3.03., aquella relativa al pago del saldo de precio de la compraventa, su monto y plazo, así como las condiciones a las cuales quedaba sujeto dicho pago. Su contenido es exactamente el mismo del contrato de compraventa, pues dicta sus términos", señala la declaración de Juan Domingo Acosta.

El abogado de Piñera agrega que el documento revelado en los Pandora Papers "es sólo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado Acuerdo, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento".

"No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado", insistió Acosta.

El lunes la Fiscalía informó que revisaría los antecedentes de la causa de 2017. Al ser consultado, el organismo persecutor dijo ayer, al cierre de esta edición, que el análisis continuaba y que el fiscal nacional, Jorge Abbott, aún no tomaba una decisión.

OFICIALISTAS PODRÍAN APOYAR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Aunque el gobierno y la mayoría del oficialismo han rechazado la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su eventual implicancia en la compraventa de Dominga, varios parlamentarios oficialistas se abren a estudiarla. Entre ellos se cuentan el diputado Jorge Durán y el senador Manuel José Ossandón, ambos de RN, y ayer se sumó la diputada del mismo partido Camila Flores. "No creo que el Presidente no haya tenido información respecto a este negocio", dijo.

Miles de personas, especialmente jóvenes, permanecian anoche en el Foro de la Universidad de Concepción, lugar donde estaba convocado un evento masivo no autorizado a partir de las 19 horas. Las imágenes revelaron que muchos de los asistentes no contaban con sus mascarillas y tampoco se respetaron las recomendaciones mínimas de distancia física.

Desde mediados de semana circuló en redes sociales un afiche que convocaba a un "jolgorio" en el campus universitario, el que también fue difundido en las calles de la comuna.

En los días previos tanto autoridades de la casa de estudios como de la Seremi de Salud expresaron su rechazo a la posibilidad de que se concretara la actividad, que no estaba autorizada, porque la alerta sanitaria por el covid-19 sigue vigente.

El evento generó grandes aglomeraciones e, incluso, contó con músicos que se presentaron en el foro.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió un informe en el que recomendó prohibir que las empresas Gasco, Lipigas y Abastible participen en la distribución de gas a los consumidores y propuso una serie de cambios regulatorios al negocio del gas natural para generar una rebaja en el precio de estos combustibles.

En su indagación la entidad constató que el mercado no está funcionando de forma adecuada y para resolverlo planteó que si se acogen sus recomendaciones el valor de cada cilindro de gas licuado debiese bajar 15% y el del gas natural para los clientes de Metrogas bajaría entre un 13% y 20%.

"Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación", planteó Ricardo Riesco, fiscal nacional económico.

Según la FNE, la recomendación de dejar fuera a las tres empresas de la distribución busca fomentar la competencia y que los distribuidores minoristas puedan vender cilindros de cualquier marca sin estar "atados" a una mayorista.

"La baja intensidad competitiva observada en el mercado del gas licuado ha producido que entre 2014 y 2020 los distribuidores mayoristas hayan aumentado sus márgenes mientras sus costos han caído, lo que significa que no han traspasado íntegramente a los consumidores finales las bajas que han tenido en sus costos", sostuvo la FNE.

GOBIERNO LO VALORA

Desde el Gobierno, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, aseveró que "el funcionamiento del mercado del gas y sus efectos para los chilenos es un tema de preocupación permanente del Gobierno. Por eso, desde hace un año estamos trabajando con la Fiscalía para la elaboración de este informe, aportando antecedentes y documentación para mejorar el análisis".

"Las conclusiones del informe final van a ser un insumo clave para asegurar los menores precios para los clientes e impedir malas prácticas", puntualizó.

Mientras, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, comentó que "la conclusión del estudio de la Fiscalía Nacional Económica es gravísima. No funciona la libre competencia en el mercado del gas". "No sabemos si hay acuerdos, negociados o colusiones, por eso le pedimos públicamente a la Fiscalía Nacional Económica que no se quede en el estudio y que haga una investigación formal. Los consumidores están pagando de más: puede llegar hasta 180 millones de dólares lo que han pagado de más", añadió.

COMPAÑÍAS REACCIONAN

Las tres compañías aludidas reaccionaron. Lipigas afirmó que las recomendaciones propuestas por la FNE "no resuelven el principal tema de fondo" ya que el precio local "depende directamente del precio internacional que ha aumentado más de 100% en los últimos 12 meses".

Abastible se comprometió a "revisar en profundidad" los antecedentes y afirmó cuidar "un desempeño competitivo y transparente enfocado en contribuir a la calidad de vida de las personas".

Y Gasco comentó que se trata de un informe "no definitivo" respecto del cual presentarán observaciones antes del 4 de noviembre, día que fijó la FNE para comentarios y sugerencias.