Morosidad en pago de servicios básicos
Tres meses de vigencia le queda a la normativa de la Ley de Servicios Básicos, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como es la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas debido a la pandemia de covid-19.
Hay un tema de fondo que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso de los trabajadores y de los ciudadanos y se ha ido acumulando en el tiempo, por lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.
A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras, para no interrumpir el suministro en los casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, ya que luego debería repartirse lo postergado en doce meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios, durante el periodo más difícil de la crisis sanitaria, social y económica. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el estado de excepción, pero en el último aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre.
No obstante, los alcaldes de algunos municipios han planteado que esta fórmula ha generado un alto endeudamiento de los hogares, ya que las cuentas no se han condonado sino que se han prorrogado, lo que significa que al terminar la vigencia de la medida, en diciembre, esas familias podrían tener serias dificultades para cumplir sus compromisos.
El presidente de la Asociación de Municipios Libres, Mauro Tamayo, y el presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, señalaron en una carta enviada al mandatario Sebastián Piñera, que si bien la norma sigue en vigor, han aumentado los hogares morosos y también los montos, lo que se suma a la incertidumbre una vez que termine su validez, el 31 de diciembre de este año. Citando cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, manifestaron que sólo en el sector eléctrico hay 720.840 hogares con cuentas impagas, de los cuales el 28% corresponde a clientes que cayeron en morosidad después del inicio de la pandemia. Además, sólo 196 mil han suscrito un convenio con su distribuidora. De ahí que temen que las empresas distribuidoras suspendan el suministro cuando la ley venza y, además, suban las tarifas. "Estamos hablando de unos 340 millones de dólares, eso es mucha plata. Y si bien es cierto que hoy no le van a cortar la luz si se atrasa en la deuda, el 1 de enero las distribuidoras podrían cortar el suministro eléctrico a cientos de miles de familias por no pago", ha expresado el representante de la asociación de municipios.
También se ha señalado que la deuda va acumulando intereses, por lo cual han pedido al Ejecutivo que se busquen fórmulas de solución, como condonación o generar un subsidio al servicio eléctrico, que permita regularizar las deudas de las familias más vulnerables del país. Asimismo, piden que las empresas concesionarias asuman parte de la deuda con el fin de conseguir el saneamiento.
Recientemente la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jessica López, señaló que dada la vital importancia del agua en esta pandemia, las empresas han mantenido el suministro para sus clientes, pero alertó que si bien no han aumentado sustancialmente los clientes morosos, sí lo han hecho los montos que acumulan esas familias. "Por lo tanto, pensamos que es bueno resolverlo pronto. Esto es algo que pensamos que iba a durar tres o seis meses. Sin embargo, ya llevamos un año y medio o a lo mejor llegamos a los dos años y, por lo tanto, tenemos que pensar en una solución pronta", ha manifestado, junto con reiterar la disponibilidad para conversar con el Ejecutivo y ver alternativas, pero con anticipación y coordinación.
A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras, para no interrumpir el suministro en los casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, ya que luego debería repartirse lo postergado en doce meses. La medida vence el 31 de diciembre.