Advierten posible alza de la violencia ante término de presencia militar en Arauco
Las comunidades que habitan y trabajan en la zona creen que más allá de la presencia o no de efectivos en la zona, la ataques y hechos volentos continuarán en aumento.
Como la antesala a un posible aumento de los hechos de violencia en la zona fue catalogado el retiro de la presencia militar por parte de la comunidad que habita y desarrolla sus actividades económicas en el cono sur de la Provincia de Arauco. Se trata de una medida adoptada por la Coordinación de la Macrozona Sur bajo el contexto del Estado de Excepción, y que permitió que las Fuerzas Armadas apoyaran las funciones de control de orden público en sectores afectados por violencia rural y que desde la noche del jueves dejó de estar vigente.
Durante este año uno de los gremios más afectados por acciones violentas en la Provincia de Arauco fue el de los trabajadores forestales. Según indicó el gerente Asociación de Contratistas Forestales (AcoforAG), René Muñoz, estos patrullajes mixtos no fueron vistos por el personal e incluso aseguró que no tuvieron un impacto disminuyendo los eventos de violencia.
"Desde el 24 de febrero (cuando debutaron estos patrullajes) hemos tenido 55 atentados, entonces para nosotros no ha sido ninguna solución, porque finalmente hoy de Cañete hacia el sur está todo absolutamente cortado, no está entrando Carabineros porque cuando lo hace los balean, pero el Ejército no tenía jurisdicción en ese sector. No vimos el efecto de esa presencia militar en los patrullajes mixtos en la Provincia de Arauco", detalló.
José Linco, alcalde de la comuna de Tirúa, que durante los últimos meses concentró gran parte de los ataques en la Provincia de Arauco. aseguró que "no tuvimos patrullajes mixtos acá nosotros en la comuna, al menos no tengo mayor información sobre eso, porque no se hicieron acá, solo los vimos en Cañete, pero no en Tirúa".
FIN DE PATRULLAJES
Al ser consultados por el panorama que depara a la provincia sin la ejecución de estos patrullajes mixtos por parte de las Fuerzas Armadas, tanto Muñoz como Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Violencia Rural y presidente de la Comisión de Seguridad de Quidico, coincidieron en que se puede avecinar un alza en los atentados, en la violencia y en la afectación a los habitantes de los sectores que han sido afectados por los ataques durante este año.
"Creemos que esto se va a disparar, porque si de alguna manera los militares pudieron haber atemorizado a alguien por el solo hecho de estar en alguna parte, el anunciar que no estarán… Esto va a ser peor. Carabineros hoy día no es capaz de contrarrestar, entonces es el peor de los mundos, sobre todo para los contratistas forestales, para los habitantes de la zona de Cañete, Contulmo, Tirúa y Quidico, que son las que están sufriendo hoy la violencia, esa violencia sin control con un Estado que no es capaz de tomar decisiones", explicó Muñoz.
Fuentealba sostuvo que la sensación generalizada en la provincia es que la violencia ha avanzado mientras que "nadie le tomó el peso, porque lo miraban como de la galería, hasta que avanzó y estamos en donde estamos". En este sentido explicó que, si bien el aumento de la violencia es indiscutible, no existe una relación con los controles mixtos, por lo que la violencia se mantendrá e incluso se recrudecerá.
"Estos controles fueron una gran mentira, porque crearon una falsa seguridad hacia las personas que transitaban la ruta y hoy en día es imposible transitar(...). Entonces ni se veían y de hecho acá ni siquiera se respetaba el toque de queda. Entonces no guarda relación y no hubo injerencia directa del Estado de Excepción a contrarrestar la pérdida de Estado de Derecho acá en la zona", sostuvo Fuentealba.
En tanto, el gerente de AcoforAG se mostró pesimista sobre el futuro, con una situación que a su juicio se encuentra descontrolada.
"Finalmente las empresas van a ponerle llave a las industrias o va a empezar a producirse el cese de trabajo en los aserraderos, porque no habrá abastecimiento de materia prima para esas industrias", acotó.
CONTRALORÍA
Este jueves 30 de septiembre, el Ejecutivo envió a la Contraloría el Decreto 249, con el cual el gobierno buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores preventivas y de control del orden público. Esto implicaba apoyar a Carabineros y PDI en la prevención del porte, tenencia y tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío; y Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.
Al respecto, el órgano contralor aclaró durante la jornada de ayer que el recurso fue rechazado, pues de acuerdo a la Constitución Política de la República las labores descritas anteriormente están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. "En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo", finalizó el comunicado.
Según el dictamen de la Contraloría entregado el jueves, se precisó que las Fuerzas Armadas tienen por función la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, no siendo el caso en la Macrozona Sur, ya que además implica alterar la distribución de competencias consagradas en la Constitución.
"En este contexto, lo que, en definitiva, se está autorizando es el despliegue de las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones como las de la especie, reservadas, por disposición expresa de la Carta Fundamental, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, lo que no resulta procedente", finaliza el dictamen.