Por Karlyng Silva Leal

La Fiscalía Regional del Biobío solicitó al Juzgado de Garantía de Concepción agendar una audiencia para formalizar investigación por la participación en el blanqueo de dinero que habría tenido el segundo hermano de la médica cirujana penquista, Paulina Carrasco Godoy, quien está imputada por un megafraude que supera los $6 mil millones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

María José Aguayo, fiscal anticorrupción, detalló que Paulina Carrasco y uno de sus hermanos fueron formalizados en diciembre de 2020, tras lo cual se han realizado diversas diligencias destinadas a precisar el destino de los fondos, la forma en que se cometió el delito y determinar la participación de terceras personas.

"Es por eso que se solicitó la audiencia de formalización respecto a un tercer imputado, que es otro hermano de la imputada Carrasco Godoy respecto de hechos que serían constitutivos de lavado de activos. En cuanto a la precisión y detalle de los mismos, se entregarán en la audiencia que fijó el tribunal para el 10 de noviembre de este año", detalló.

Por otra parte, la persecutora sostuvo que el Ministerio Público "solicitará una ampliación del plazo investigativo a razón de las distintas diligencias que faltan por hacer tanto en cuanto a los imputados ya formalizados, como también del imputado que se formalizará en esa audiencia". También agregó que durante la próxima audiencia se precisarán los delitos que se imputan tanto a la doctora como a su hermano odontólogo, David Carrasco Godoy, ambos formalizados durante el año pasado.

La Fiscalía, en definitiva, sostiene que la imputada realizó diversificaciones o estratificaciones de más de $400 millones en distintas cuentas bancarias personales, de hermanos e hijos, se efectuaron 115 giros para retirar $319 millones en efectivo, se adquirieron diversos vehículos y múltiples inversiones incluso en el extranjero. Y también la imputada realizó transferencias electrónicas por un total de $381 millones a 18 instituciones benéficas del país.

LOS HECHOS

A la médica cirujana se le imputan los hechos ilícitos ocurridos entre diciembre de 2019 y julio de 2020, cuando ella mantenía convenio vigente como prestadora de la modalidad de "libre elección" con Fonasa, lo cual utiliza una plataforma para que el prestador emita y venda bonos ingresando el Rut de los pacientes y el código de la prestación que se entrega.

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que ella emitió desde el sistema Front Prestador del fondo un total de 21 mil 460 bonos, por concepto de 1 millón 631 mil 529 prestaciones que nunca se realizaron, siendo aparentadas respecto de 66 beneficiarios por un total de $6 mil 132 millones 388 mil.

Según el Ministerio Público, Carrasco Godoy operó en el sistema un total de 7.240 bonos, por 71 mil 310 prestaciones, registrándose ella misma como beneficiaria y prestadora a la vez, sin que se efectuaran realmente.

Según la investigación realizada por el ente persecutor, la imputada actuó a sabiendas del fraude que estaba cometiendo, de tal manera que desde Concepción realizó una serie de maniobras con la finalidad de ocultar y disimular el origen ilícito del dinero, logrando introducirlo al sistema económico financiero formal para poder darles uso.

En tanto su hermano David, que ya fue formalizado, habría tenido participación en el blanqueo del dinero obtenido de manera fraudulenta por la médica cirujana. Por lo que la Fiscalía asegura que él, en conocimiento del origen ilícito de los fondos efectuó desde La Serena, donde consta su residencia, realizó acciones coordinadas con la coimputada para blanquear el dinero.

7.240 bonos habría registrado la profesional, según la Fiscalía, como prestadora y usuaria al mismo tiempo.

400 millones de pesos obtenidos de forma fraudulenta habrían sido distribuidos en cuentas de familiares de la acusada.

Más $6 mil 132 millones han sido acreditados por el Ministerio Público como el monto defraudado por la médica cirujana desde diciembre de 2019 a julio de 2020.

Con una Mesa de Contingencia con roles claros y la priorización de proyectos de conectividad, concluyó el primer encuentro ampliado convocado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz, y que tiene por meta enfrentar de manera activa y pronta la congestión vehicular de la intercomuna.

A la actividad, realizada en la Corporación Cultural sampedrina, asistieron los seremis de Transporte, Jaime Aravena y de Vivienda y Urbanismo, Sebastián Abudoj; el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Juan Caneo; el presidente del Directorio de Fesur, Víctor Lobos; concejales sampedrinos, representantes del Gobierno Regional, de Obras Públicas, de Serviu, de la UOCT, Bomberos, dirigentes sociales y del transporte público, gremios de transportes y directores municipales.

El alcalde sampedrino, Javier Guiñez, sostuvo que era necesario enfrentar esta problemática que tanto afecta a vecinos como a conductores del Gran Concepción, y que es un problema que ha ido creciendo.

Explicó que el trabajo conjunto es fundamental, con el fin de "abordar los temas que nos aquejan a este lado del Biobío, esta parte del gran Concepción, la entrada o salida a la Provincia de Arauco -problema que venimos arrastrando hace muchos años".

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jaime Aravena, comentó que la comuna "tiene un problema, Pedro Aguirre Cerda es la única vía que conecta la provincia de Arauco, no hay vías alternativas. Si ocurre una contingencia, ya sea un accidente o un vehículo en panne generan un tapón, no hay posibilidad de descongestionar con los semáforos".

Agregó que, por ello, se debe realizar una gestión de contingencia, "que signifique que algo hacemos para permitir que ese vehículo se pueda mover, aunque el responsable de mover vehículo es el propietario, pero si no lo puede hacer, es obligación de los municipios sacarlos de la ruta; tienen la voluntad de hacerlo, pero no esa capacidad. Por eso es importante esta mesa".

Por otro lado, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Juan Caneo, afirmó que la institución siempre estará al servicio de la comunidad. "No nos restamos, disponemos los recursos, si es necesario duplicar nuestros esfuerzos lo hacemos con los mismos recursos (…) Que se aborde la problemática de manera integral, creo que es la mejor solución, la mejor alternativa, para tener una solución al corto plazo porque la situación cada día se pone más compleja".

Durante la jornada de ayer dos viviendas resultaron siniestradas en el sector Quilaco de la comuna de Cañete, tras lo cual no se identificaron personas lesionadas pues se encontraban deshabitadas. Carabineros, por orden de la Fiscalía local, determinó la investigación de los hechos para determinar una eventual responsabilidad de terceros, ya que no se encontraron en el lugar indicios que lo puedan relacionar a violencia rural o reivindicaciones, pero sí la ubicación de los inmuebles era bastante alejada una de la otra.

Según detalló el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Mauricio Alarcón, personal de Control de Orden Público de Los Álamos concurrió al kilómetro 24 de la ruta P-72S, que une a las comunas de Cañete y Tirúa, donde constataron que dos cabañas estaban consumidas en su totalidad por el fuego.

"Conforme a la inspección desarrollada en el lugar, no se observaron individuos en las cercanías, como tampoco panfletos u otras consignas. El fiscal Danilo Ramos instruyó la concurrencia de personal de Labocar para que efectúen las pericias pertinentes", finalizó Alarcón.

En el contexto de un control vehicular preventivo, Carabineros de la 7ª comisaría de Chiguayante intentó fiscalizar a un automóvil con tres personas en su interior, quienes se dieron a la fuga. Tras ello, se inició un seguimiento con personal de civil, logrando establecer su entrada a un departamento ubicado en Villa Futuro, con uno de los detenidos cargando un arma larga tipo escopeta.

Ante la flagrancia del porte de armas, los efectivos ingresaron al domicilio, encontrando 4 escopetas calibre 12, 2 chalecos anticortes, 170 municiones, 1 cargador de pistola, más de 340 gramos de marihuana y 30 gramos de pasta base. Los detenidos fueron identificados, dos de ellos adolescentes de 15 y 17 años, mientras que el único adulto de 22 mantenía una orden de detención vigente por hurto.

El mayor Jorge Pohl, de la Séptima Comisaría, destacó que la "estrategia de focalización delictual y controles preventivos, nos permitieron desbaratar este foco de tráfico de drogas".