Por Karlyng Silva Leal

Con una persona detenida terminó el operativo que se desarrolló por Carabineros luego de que cinco equipos forestales, dos camiones y un furgón fueron siniestrados en un sector cercano a la ciudad de Lebu, desde donde fue visible el humo durante toda la mañana de ayer. Según un panfleto identificado en el lugar la organización Resistencia mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó el ataque, pidiendo la libertad de los presos políticos mapuches.

Según detalló el comandante Oscar Sandoval, subprefecto de Arauco, durante la mañana de ayer un grupo de desconocidos llegó hasta el fundo La Victoria, donde intimidaron a los trabajadores que desempeñaban labores en la faena forestal y efectuaron más tarde el ataque incendiario a las maquinarias y los vehículos presentes en el lugar.

En una camioneta, los sujetos se dieron a la fuga con dirección a la comuna de Los Álamos, por lo que Carabineros realizó un despliegue por las distintas rutas de la provincia para interceptarlos, lo cual lograron algunas horas más tarde en un camino forestal de la comuna mencionada.

Allí los sujetos efectuaron disparos al personal policial sin causar lesiones, abandonaron en vehículo y se internaron en los bosques del sector. Según detalló más tarde el delegado presidencial del Biobío, Patricio Kuhn, se logró detener a una persona que será investigada por su vinculación con los hechos y que durante la jornada de ayer quedó apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal y a la espera de ser citado por la Fiscalía.

Por su parte, el delegado provincial, Mauricio Alarcón, afirmó que "en el lugar de los hechos se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche, a nombres de personas que hoy día se encuentran condenadas o imputadas por la comisión de diferentes delitos, dado que en chile no existen presos políticos".

DAÑO A CONTRATISTA

Uno de los camiones afectados por el fuego es de un contratista forestal que forma parte de la empresa de transportes Moraga, la cual reúne a varios pequeños empresarios dedicados a prestar servicios en labores forestales. El dueño de esta empresa, Alejandro Moraga, explicó que no es la primera vez que estos hechos afectan a la empresa, siendo el primero el ataque ocurrido la noche del domingo en Contulmo que también dejó a uno de sus trabajadores sin máquina.

Moraga comentó que "cinco personas subieron al camión y lo llevaron al interior de la faena donde quemaron las máquinas, al conductor lo tiraron al suelo encañonado y lo golpearon con un palmetazo. Él dice que eso fue todo y que ahí quemaron el camión completo". Además, indicó que lo amenazaron diciendo que lo que quieren es "la libertad de los presos políticos y recuperar las tierras, no quieren más industrias en esta zona".

Pese a indicar que el conductor se encuentra en buen estado de salud y tranquilo, Moraga sostuvo que lo más difícil es el daño moral que termina afectando a las familias de quienes se desempeñan en el rubro. "Acá sí, se perdió un camión, pero el daño que se le hace a las familias no se comprara, ellas quedan con la incertidumbre de si volverán sanos o salvos y en eso no tenemos nada que hacer. Hoy se perdió el sustento de este hogar, pero vamos a ver qué pasa a futuro, porque esto no tiene control", aseguró.

PROBLEMA CRECIENTE

Como alcalde de la comuna y presidente de Arauco 7, Cristián Peña, explicó que desde el año pasado no se registraba un hecho de violencia en Lebu, lo cual demuestra a su juicio la escalada que esta situación ha tenido en la provincia de Arauco, donde la violencia ha aumentado en el tiempo al igual que el narcotráfico y otros delitos, mientras que los actos reivindicatorios se fueron invisibilizando. Ante esto aseguró que, al tratarse de un tema político, su resolución debe ser política también, no solo con la presencia policial.

"Planteamos hace un par de años que no hacerse cargo del problema de forma integral (...) se iba a desatar esta situación, fue una estrategia que no iba a resultar y que claramente no resultó ni el fondo ni en la forma, es decir, la forma que han tenido los gobiernos no ha sido acertada, porque solo se ha pensado en abordarla a través de la fuerza", sostuvo.

El alcalde indicó que lo que se espera es que no se pierda la capacidad de asombro en la provincia, pues aseguró que no es posible que para los habitantes este escenario se vuelva una costumbre, ya que no aceptarán la violencia, el temor ni el terror. "Acá se viven situaciones de violencia permanentes, y que lamentablemente nuestros niños crecen en un mundo de violencia al que creen que deben acostumbrarse", aseguró.

5 individuos protagonizaron el hecho durante la mañana de ayer en el fundo La Victoria de la comuna.

Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) manifestaron su repudio por los hechos que tuvieron lugar tanto en Lebu como en Carahue donde tres trabajadores fueron heridos con perdigones y 5 camiones siniestrados, calificando a estas acciones como impunes que siembran el caos y el terror en las faenas productivas y que afectan principalmente a pequeños emprendedores con daños millonarios, con lo cual también solidarizaron y mostraron su apoyo.

Hicieron un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre los hechos que afectan a la zona sur y que se entreguen lineamientos de las políticas que permitan restaurar la tranquilidad en la zona que se encuentra afectada por la violencia.

El presidente nacional de Corma, Juan José Ugarte, sostuvo que la violencia en el sur escala cada día en magnitud, extensión y gravedad, demostrando su solidaridad con los trabajadores afectados y sus familias.

"Seguiremos insistiendo incansablemente ante autoridades, fiscales, policías, alcaldes, gobernadores y legisladores para que unan fuerzas y aporten sus mejores capacidades y competencias para que cese esta espiral de violencia que tanto daño, destrucción y desamparo generan, y retorne la paz a miles de hogares, familias y trabajadores que sufren estas acciones violentistas día a día", agregó.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) presentó el primer informe anual elaborado por el organismo, que fue titulado "Prevención de la tortura y situación de las personas privadas de libertad en Chile". Se trata de un documento dirigido a las autoridades y que contiene los principales resultados en cuanto a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas bajo cuidado y custodia del Estado.

Alejandra Díaz, experta en el área penitenciaria que participó en la elaboración del informe y en su presentación, detalló que en cuanto al trabajo realizado en la región del Biobío permitió detectar varias situaciones preocupantes, por ejemplo, que Concepción concentre la mayor cantidad de querellas realizadas por el INDH tras el estallido social.

Además, destacó que vieron con preocupación que en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) "varios están operando sin autorización sanitaria, en este sentido es importante señalar que como Comité no solo vemos situaciones de tortura específica, sino que condiciones que a nuestro juicio pueden derivar en tortura, es decir, un organismo que no tiene fiscalización y que opera de manera informal tiene un mayor riesgo de que se comentan vulneraciones, ya sea torturas o malos tratos".

En cuanto a salud mental, por ejemplo, Díaz, indicó que "se detectó que en los Hogares Protegidos a nivel nacional se encuentran con exceso en el número máximo de personas que pueden tener, lo que es de 8 personas. Ahí nos fijamos qué Biobío concentra la mitad del total de estos hogares, que son 14, y que exceden este número estando fuera de la norma", explicó.

Por otra parte, en materia carcelaria, Díaz sostuvo que un aspecto positivo que se pudo rescatar es que la región no se encuentra dentro del tercio de las cárceles que hoy en Chile presentan un exceso de población penal. De igual forma indicó que a través de la información secundaria de este primer informe, no se detecta una gran cantidad de denuncias por maltratos físicos en las cárceles, pero que debido a una cifra negra existente no se puede decir que sean hechos que no ocurran.

El documento también abordó la situación de los hogares protegidos y de los recintos penitenciarios de la Región del Biobío.

El Juzgado de Garantía de Lebu tuvo por comunicada la decisión del Ministerio Público y decretó el cierre de la investigación en contra de J.A.V.S., imputado en calidad de autor del delito consumado de femicidio de su exconviviente. El hecho ocurrió en febrero de 2019, en la comuna.

En la audiencia de apercibimiento de cierre, el magistrado Denis Oyarce dio por finalizada la etapa indagatoria, sin oposición de la querellante y la defensa, por lo que comienza a correr el plazo de diez días para que la fiscalía y querellante presenten acusación.

"Durante marzo se había solicitado el cierre definitivo de la investigación, pero al llegar a la audiencia (la defensa) desistió de esa petición y recién el 24 de septiembre volvió a pedirse y se concretó, por lo que el Ministerio Público tiene diez días para presentar acusación o estudiar un eventual sobreseimiento o decisión de no perseverar, según el estudio que haga de estos antecedentes", explicó el juez Oyarce.

Según el ente persecutor, el viernes 1 de febrero de 2019, en el domicilio de la víctima, J.A.V.S. tras sostener una discusión con su exconviviente, Lisette Riffo Cayupán, la agredió golpeándola en la cabeza la cabeza y la apuñaló. Posteriormente, el imputado se bañó y abandonó el inmueble dirigiéndose a la vivienda de sus padres, a quienes horas más tarde contó lo ocurrido.