Cabildo en Tomé busca resguardar el patrimonio y llevarlo a la Constitución
La instancia enmarcada dentro de un proceso a nivel nacional, tiene como fin la propuesta de un texto común para que la nueva carta magna asegure el tema como un derecho.
En paralelo al trabajo que está realizando la Convención Constitucional, para redactar una nueva Constitución, son numerosas las instituciones que buscan entregar propuestas para ser incluidas en ella.
Es así que el pasado 5 de julio -un día después de la instalación formal de la convención- la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales convocó a organizaciones, socios, comunidades y autoridades a plantear cabildos. Ello, para lograr acuerdos en torno a una propuesta de texto común para que la nueva carta magna asegure el patrimonio como un derecho.
En el caso de la zona, el pasado jueves el Consejo Comunal para el Patrimonio-Tomé realizó su propio Cabildo Constituyente de Patrimonio.
De acuerdo al coordinador de la actividad y directivo del consejo, Gonzalo Ortega, los cabildos de las comunidades del patrimonio son una expresión de participación ciudadana y movilización social, en la cual se coordinan acciones e intercambios de experiencias.
"Todo para acercarse a la reacción de un texto que garantice constitucionalmente que el Patrimonio sea un derecho. Por tanto, (esto implica) su protección, salvaguarda, puesta en valor, difusión y el desarrollo del patrimonio cultural y natural del país en todas sus expresiones", detalló.
Comprometerse
Tanto el Consejo Comunal para el Patrimonio-Tomé como la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales cuentan con 12 años de trabajo permanente en torno a procesos ciudadanos participativos y de difusión del patrimonio natural y cultural nacional.
La instancia, vía Zoom, se extendió por cerca de dos horas, convocando a 16 actores locales asociados a áreas como barrios, patrimonio, arte, cultura, historia, medioambiente, derechos humanos y educación, entre otras.
"Dentro de la discusión, resaltaron temáticas a considerar dentro de la problematización del concepto e institucionalidad del patrimonio chileno como la interculturalidad y lo plurinacional", detalló Ortega, quien es académico de Historia en la Ucsc.
Otra de las aristas fue el garantizar el derecho a la conservación, difusión, puesta en valor y educación de los mismos, tanto de los declarados por el Estado como los reconocidos por las diversas comunidades.
La urgencia de la desburocratización y descentralización de los procesos de definición, estudios y declaratorias patrimoniales; y la necesidad de establecer glosas presupuestarias permanentes, descentralizadas y en concordancia con las urgencias y proyecciones de su conservación, también fueron parte de la conversación.
A nivel nacional, lugares como Antofagasta, Lota, Cerrillos, Conchalí, Puente Alto, Maipú y los barrios Yungay y República, en Santiago, han sido parte de las 15 instancias similares a nivel país, que se iniciaron en agosto.
Las actas de los cabildos serán analizadas para entregar propuestas de redacción participativa del texto constitucional, las cuales serán aprobadas en el X Congreso Plurinacional de las Comunidades del Patrimonio: "El patrimonio será un derecho", que se realizará de manera presencial entre el 7 y 9 de octubre en Santiago.
Luego, se procederá a la entrega formal de estas -en un acto público- a los convencionales que adhieran a la iniciativa señalada.
La búsqueda de la consagración del patrimonio como un derecho en la nueva carta magna ha sido respaldada por 91 autoridades a nivel nacional, entre convencionales, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales y alcaldes.
El consejo tomecino ve con preocupación la "amenaza" -comentaron- a la que se expone el patrimonio con tres proyectos de ley que se encuentran en diversos avances en el Congreso. "El 5 de julio se hizo un llamado a las autoridades electas popularmente a mostrar su preocupación por el patrimonio que se ve amenazado por diversas situaciones en nuestros territorios", indicó Ortega.
La iniciativa nacional respaldada por diversos actores políticos busca asegurar el patrimonio como un derecho en la nueva Constitución.