Por Karlyng Silva Leal

Más de 200 kilos de cocaína base han sido decomisados por Carabineros y la Policía de Investigaciones durante 2021 en la Región del Biobío, una cifra que es casi el doble de los 108 kilos que sumaron ambas policías durante todo el año pasado.

Las cifras forman parte de las estadísticas de decomisos de los últimos seis años, las que revelan una importante baja en relación a la cannabis sativa procesada, que en 2017 alcanzó 570 kilos y que este año llega a 142 kilos. Se trata de una cifra menor a la que suman las incautaciones de cocaína base -más conocida como pasta base-, que durante 2021 ya llega a 204 kilogramos, pese a que no ha terminado el año.

Los decomisos de clorhidrato de cocaína, en tanto, si bien no alcanzan las mismas cantidades, casi se han duplicado en seis años al comparar los 14 kilos de 2016 y los 27 kilos que se alcanzan durante este año.

El coordinador regional de Seguridad Pública, Claudio Etchevers, explicó que el aumento de las cifras responde a la gran cantidad de funcionarios policiales que se abocaron a las calles para controlar y fiscalizar, principalmente y durante el mayor periodo de tiempo, el cumplimiento de las normativas sanitarias.

Aseguró que esto también permitió aumentar la cantidad de decomisos, además de la desarticulación de bandas dedicadas al tráfico y microtráfico de sustancias ilícitas. "Hemos visto durante los últimos años un despliegue policial que no tiene precedentes en nuestra historia regional, a propósito de lo que sucedió post estallido social y luego la pandemia", sostuvo.

DROGA EN CIRCULACIÓN

El coordinador explicó que el aumento, por ejemplo, en las incautaciones de cocaína base o clorhidrato de cocaína durante este año, no implica necesariamente que también se haya generado un aumento en el consumo de drogas.

"Lo que también se ha podido medir es que existe menos cantidad de droga circulando en las calles. Esto ha llevado consigo también un aumento del precio de las sustancias ilícitas y mayor cantidad de enfrentamientos entre bandas rivales por el control tanto de las sustancias que se están transando, como por el dominio de los territorios, desde el punto de vista de su expansión", expuso Etchevers, quien por estos días está con permiso administrativo.

Sobre una posible alza en la cantidad de bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas, el coordinador enfatizó que no es el caso, pero que sí se ha hecho más visible el actuar delictual, pues están operando de manera diferente. "Con menos cantidad de gente en las calles se visualiza mucho más, por ejemplo, antes existía mucha actividad delictual en los centros comerciales, hoy eso se vuelca a los barrios porque la gente está en sus casas", agregó.

PRESENCIA POLICIAL

Según detalló el capitán del OS-7 Concepción, Patricio Opazo, cuyo trabajo tiene jurisdicción en la provincia penquista y de Arauco, las cifras que maneja su sección evidencian un aumento efectivo de las incautaciones en relación al año pasado en cuanto a las drogas más conocidas. Pero advierte que también aumentó el decomiso de drogas nuevas y sintéticas que han aflorado con mayor fuerza tras el confinamiento.

Explicó que las condiciones geográficas, así como el contexto social de los últimos tres años ha generado muchos cambios en la forma en que circulan las drogas y cómo se comercializan, ya que los cambios constantes de fase, cordones sanitarios, toques de queda y cuarentenas permitieron han dificultado el ingreso de droga al país y su circulación por las distintas regiones.

"Al existir medidas restrictivas, había mayor presencia policial en las calles, así como de personal de salud, de las FF.AA. y la PDI que apoyaba en cierta forma con labores preventivas. Eso hizo que los traficantes tomarán sus resguardos y que circulara menos cantidad de droga", explicó el capitán. Y agregó que estos escenarios son parte de lo que posteriormente genera cambios en el comportamiento de las bandas organizadas.

Opazo sostuvo que estas anomalías se presentaron desde 2019, ya que tras el estallido social "la atención de las policías y de la sociedad cambió. Pasó de estar enfocado en aspectos de seguridad pública a el control del orden público que tiene otro tratamiento. Por ende, también es un factor que incide mucho con las medidas restrictivas de desplazamiento, toques de queda, etc., afectó a la circulación de droga".

El director regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Robert Contreras, confirmó que fue recibida una denuncia que alerta sobre un presunto "arriendo" de niños para pedir dinero en Concepción, por lo que informó que solicitó antecedentes al municipio y que se inicie una investigación.

Contreras afirmó que "efectivamente recibimos antecedentes de situaciones de esa naturaleza, lo cual rechazamos como Servicio Nacional de Menores, puesto que la vulneración de los derechos de los niños no puede ser aceptada por nadie"

"Ante ello solicitamos a la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Concepción que recabe los antecedentes para poder presentarlos ante los tribunales de familia y poder determinar responsabilidades", aseguró.

Según Contreras, hasta ayer no había una denuncia formal sobre el tema, y añadió que "de acuerdo a lo que nos señaló el delegado presidencial (Patricio Kuhn), en una reunión con la Cámara de Comercio se planteó esta situación y solicitamos a la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Concepción iniciar la investigación correspondiente y teniendo antecedentes de esa naturaleza presentarlos a los tribunales con el objeto de determinar responsabilidades".

MINISTRO DE JUSTICIA

La denuncia se conoció durante la inauguración de la residencia familiar Maipú en Concepción, ceremonia que también contó con la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Sobre la denuncia, la autoridad afirmó situaciones similares se han detectado en el norte del país, añadiendo que la migración ha generado numerosas dificultades en la contingencia y dentro de ellas estarían los niños que son utilizados para conseguir dinero.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción condenó a la Municipalidad de Talcahuano por el acoso laboral ejercido contra una profesional que se desempeñaba en la Dirección de Administración de Educación Municipal (Daem), esto luego de que la demandante presentó una demanda por acoso sexual en contra de Yuri Fernández, quien al momento de los hechos se desempeñaba en la misma unidad administrativa como su superior.

El magistrado Fernando Stehr acogió la demanda de tutela laboral, tras acreditar que el municipio incurrió en actos de acoso laboral en contra de la trabajadora. Con esto se ordenó pagar a la demandante una indemnización total de $5 millones por daño moral y $100 mil por daño emergente

Además, el tribunal instruyó al alcalde Henry Campos a enviar un correo electrónico a todos los funcionarios del Daem, es decir, docentes y asistentes de la educación de la comuna, en el cual se informe sobre lo ocurrido.

En el texto de la resolución se señala que "en base a los hechos que se han tenido por acreditados este sentenciador concluye que la demandante fue efectivamente ignorada durante el año 2019 después de presentar una demanda por acoso sexual, y que la municipalidad redistribuyó los fondos Faep de financiamiento a otras actividades, por lo cual, desde noviembre de 2019, se dejó de contratar a los cinco profesionales que estaban contratados para el programa y la demandante quedó sola y sin forma real de continuar prestando los servicios consistente en directora del referido programa".