Los robos de cables de cobre
El robo de cables de cobre de infraestructura de telecomunicaciones y de distribución de electricidad es un delito que afecta a muchas ciudades y zonas rurales del país, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y conectividad, en este período de pandemia.
Existe preocupación en las autoridades debido a la magnitud que alcanzan estas acciones. De acuerdo con los datos que se manejan, solamente la empresa Frontel ha sufrido en lo que va del presente año doce robos, con la pérdida de más de 23 mil metros, en la Región del Biobío. En el 2020, la distribuidora eléctrica perdió en la región 28 mil metros de conductor eléctrico de sus instalaciones.
Por este motivo es que desde septiembre hasta las fiestas de fin de año, periodo en que el delito de robo de cables de cobre se intensifica en la zona, se están intensificando las fiscalizaciones. El coordinador regional de Seguridad Pública, Claudio Etchevers, ha señalado que cuando se realizan procesos de fiscalización de manera intensa, se observa una disminución de las tasas de delito. Hace dos años habían disminuido los robos, pero ahora comienzan a repuntar.
Éste es un delito que se presenta con más fuerza en las comunas rurales. En estas acciones participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes con el fin de vender el cobre que contienen, en chatarrerías formales o informales. Sin embargo, este delito incide negativamente no sólo en las respectivas empresas, sino en toda la comunidad, ya que deja a muchas familias sin servicio eléctrico o de telecomunicaciones. Por este tipo de ilícitos en la zona se formó una mesa de prevención y control del robo de conductores eléctricos, considerando que el año pasado se había registrado una disminución de estos hechos, pero estaría apareciendo nuevamente.
Hace unos meses, Frontel interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, por el robo de alambre del tendido eléctrico en Quilaco, ocurrido el 29 de abril en el sector Cerro El Padre, donde los desconocidos sustrajeron cerca 4 mil metros de redes de cobre, dejando sin suministro a unos 600 clientes de esas comunas, hasta que se repuso el servicio. La misma empresa ingresó posteriormente una querella contra los responsables del robo de 600 metros de cableado eléctrico de cobre en Yumbel, que afectó a 3.600 familias de los sectores rurales de Río Claro y Rere; en Yumbel, y en Talcamávida, Quilacoya y Unihue. El año pasado, Movistar Chile también dio a conocer que el robo de cables de internet y de telefonía aumentó y que las comunas que encabezaban estos ilícitos a nivel nacional eran Calama, Concepción y Rancagua.
El robo de cables de cobre del sistema de distribución eléctrico y de telecomunicaciones es un delito que se ha incrementado en todo el país, y se menciona que la Región del Biobío es una de las más afectadas. Las compañías indican que en cada ocasión en que se presentan estos ilícitos deben desplegar personal técnico para reparar de forma acelerada los daños producidos en las redes de telecomunicaciones y restablecer el servicio a los abonados. Pero no es fácil hacerlo, porque las reparaciones dependen de la magnitud del robo, de su ubicación, y tipo de cable afectado. En ocasiones, se han visto dañadas las redes de fibra óptica, lo que requiere complejos procesos de reparación, que pueden extenderse por varios días, perjudicando la conectividad de la red de alta velocidad y al mismo tiempo a hogares, servicios de emergencia, centros de salud, sistema de pago, entre otras. Y lo peor de todo es que se perjudica gravemente la conectividad, en plena emergencia del covid 19.
Se ha llamado a la ciudadanía a hacer las denuncias en forma anónima al teléfono 133 de Carabineros, pero en ocasiones a las personas no les resulta claro distinguir si el retiro de redes corresponde a un robo o si pudiesen ser reparaciones de emergencia que hace el personal técnico autorizado.
En estas acciones participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes y vender el cobre que contienen en chatarrerías. El delito afecta no sólo en las empresas, sino en toda la comunidad, ya que deja a muchas familias sin servicio eléctrico o de telecomunicaciones.