Por Redacción

Un cierre del evento a cargo de los candidatos presidenciales Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste (esta última por confirmar), la conversación sobre el conflicto y violencia que afecta a la Provincia de Arauco y la necesaria reactivación económica pospandemia serán algunos de los focos centrales del Encuentro Regional de Empresas del Biobío, Erede 2021.

La actividad se realizará el próximo 6 y 7 de octubre en el Teatro Regional, bajo modalidad híbrida (habrá también transmisión vía streaming) y su lema es: "Si no es ahora, ¿cuándo?

EL PROGRAMA

La apertura de Erede estará a cargo de Rodrigo Briceño Carrasco, presidente de Irade y posteriormente se contará con un saludo (grabado en video) del Presidente Sebastián Piñera.

La conferencia inaugural se titula "La misión sostenible de los champions de la COP 25 y 26", en la que participarán Gonzalo Muñoz y Nigel Topping, champions de la COP 25 y 26 respectivamente, quienes encabezan la cruzada mundial para movilizar la acción climática entre los actores no estatales.

Luego habrá un panel de conversación donde participarán Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, María Teresa González, gerenta general de Statkraft, Carlos Sepúlveda, gerente general de Innocop, además de las entrevistas a los convencionales constituyentes Amaya Álvez y Hernán Larraín,

SEGUNDA JORNADA

Para el día jueves 7 de octubre, Erede iniciará su jornada con las palabras de Mónica Álvarez, vicepresidenta de Irade, para luego dar paso a Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío, con su conferencia "Biobío puede más, ¿cómo?".

A continuación, habrá un panel cuya temática se centrará en el conflicto multidimensional que afecta a la Provincia de Arauco, con la intervención de Cristian Peña, alcalde de Lebu y presidente de la agrupación de jefes comunales Arauco 7 y Violeta Montero, socióloga.

El cierre estará a cargo de los candidatos presidenciales, quienes darán a conocer algunos de los ejes centrales de sus propuestas programáticas.

Según explicó Rodrigo Briceño, presidente de Irade, "hoy estamos enfrentando grandes conversaciones y temas. Viene un nuevo Gobierno, debemos apuntar hacia la recuperación económica y tenemos un conflicto social y de violencia que se vive en la macrozona sur. Y todo eso implica urgencias; por eso el título de nuestro encuentro: Si no es ahora, ¿cuándo?".

En relación a la asistencia de los candidatos presidenciales, Briceño señaló que "queremos un diálogo, poner temas en la mesa y que ellos nos respondan y también que presenten temas de interés regional".

Un convenio para apoyar la participación en el Catad'Or Wine Awards 2021 de hasta 120 etiquetas de vinos y espirituosos de pequeños productores campesinos de todas las zonas agroclimáticas del país suscribieron Indap y la organización del concurso internacional, cuya vigésimo sexta versión se realizará entre el 2 y el 4 de noviembre en el Hotel Cumbres Lastarria.

El Catad'Or Wine Awards es uno de los concursos internacionales de mayor prestigio en América del Sur y desde 2017, gracias a una alianza con Indap, cuenta con una categoría reservada para los Vinos Ancestrales.

Ese año participaron 32 pequeños productores con 53 etiquetas y consiguieron 9 medallas.

En 2018, 33 pequeños productores presentaron 47 etiquetas y obtuvieron 7 medallas; en 2019 hubo 39 participantes, con 85 etiquetas y 10 medallas, y en 2020 se batieron todos los récords, con 81 vitivinicultores, 151 etiquetas y 34 medallas.

Uno de los hechos más relevantes de la última versión fue la inédita obtención de medallas de Gran Oro (93 puntos o más) por parte de tres productores campesinos: Viña Ramírez, de Coelemu, con Mayor Tesoro Cinsault 2019, también elegido el Mejor Vino Ancestral del año; Viña Alto Piedra, de Quirihue, con Caudillo Benavides Cinsault 2020, y Viña La Manda de Don Clemente, de Palmilla, con La Manda de Don Clemente Carménère 2019.

A través de sus direcciones regionales ubicadas en zonas vitivinícolas, Indap está difundiendo el concurso 2021 e invitando a los productores interesados a inscribirse y a enviar sus muestras, las que en la cita de noviembre serán evaluadas por un panel de expertos internacionales en una cata a ciegas.

Hemos conocido esta semana la intención del Gobierno de realizar una mejora a las pensiones básicas de los chilenos, a través del proyecto de la llamada "Ley corta de pensiones", que ingresó a la Cámara de Diputados con discusión inmediata.

El costo de este proyecto sería cercano a los US$ 1.100 millones en régimen, es decir un 0,33% del PIB de la economía, de acuerdo a lo declarado por el Ejecutivo. También es de público conocimiento que las fuentes de financiamiento se harán por medio de la reducción o eliminación de cinco exenciones tributarias. Entre ellas, el crédito de IVA a empresas constructoras.

La principal razón del Gobierno para escoger estas exenciones y no otras es que permiten recaudar y, al mismo tiempo, afectar lo menos posible el proceso de reactivación, según lo manifestado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Lo anterior, con una economía que presenta un importante déficit fiscal, producto de la crisis generada por la pandemia.

Como gremio, concordamos que puede ser una medida para fortalecer el sistema de pensiones. Sin embargo, nos parece que el contexto en general debería incluirse en un proyecto de reforma mucho más amplio y que cuente con una discusión sin las presiones ni la premura del debate actual.

Pero, sobre todo, creemos que la propuesta de reducción o eliminación del impuesto debe considerar los impactos que tendrá en la política habitacional, ya que se generará un efecto no deseado: la afectación de una de las principales demandas que manifiestan sectores emergentes y medios del país, como es el costo y acceso a la vivienda.

Nuestra posición es que, si se insiste en eliminar el crédito especial a la construcción de viviendas, se implemente al mismo tiempo un mecanismo de compensación o algún tipo de subsidio directo a las personas por la pérdida de este importante beneficio. De hecho, estimamos que cada año, 9 de cada 10 familias que compran una vivienda lo hacen con esta ayuda.

Esta posibilidad incluso ha sido sugerida por la OCDE y diversos economistas nacionales cuando fueron estudiadas las exenciones tributarias vigentes en el país.

La exención al crédito especial a la construcción fue establecida en 1975, con el propósito de evitar que la incorporación del IVA en la actividad produjera un aumento en el precio de las viviendas. Es un beneficio para las personas que adquieren una casa y no para las empresas constructoras. Lo reciben los compradores con costo de construcción hasta 2 mil UF y no es un beneficio que reciben directamente las empresas.

En este contexto, cada año casi 70 mil familias, especialmente vulnerables y emergentes, logran acceder a una vivienda con el apoyo de tres instrumentos estatales: subsidios habitacionales, exención del pago de IVA por la compraventa de una vivienda, y crédito especial a la construcción. Otros, 50 mil grupos familiares, mayoritariamente de clase media, tienen como único respaldo el crédito especial.

Aún más preocupante es el panorama de déficit habitacional y la verdadera "crisis de acceso a la vivienda" por la que atravesamos como país y que tiene a más de 81 mil familias viviendo en campamentos, en condición de hacinamiento o allegadas.

En consecuencia, creemos que lo fundamental es no debilitar una política de apoyo a esos cientos de hogares, sino por el contrario, llamamos a fortalecerla.

No cabe duda que mejorar el sistema de pensiones es muy necesario, pero no puede hacerse a costa de dificultar aún más el acceso a la vivienda, el déficit habitacional en Chile también es un desafío urgente.

Helen Martin, presidenta CChC Concepción