Las claves de la Declaración de Concepción
La Provincia de Concepción ha sido escenario, esta semana, de un hecho histórico asociado específicamente a la democratización del país, que además reviste un profundo significado en torno a la distribución del eje del poder en un Estado que -como sabe- se ha caracterizado por su carácter estrictamente unitario y la homogeneidad con que se aplican las políticas públicas a lo largo de todo el territorio nacional.
Se trata del Primer Encuentro de Gobernadores Regionales, que convocó a la totalidad de las autoridades elegidas por primera vez en las urnas -en mayo y junio último, dependiendo de si se trató de la primera o segunda vuelta- en un proceso que si bien estuvo marcado por una muy baja participación, en promedio por debajo del 20% a nivel nacional, significó para Chile un hito republicano y el debut de una nueva figura de elección popular.
Este proceso, por cierto, no ha estado ajeno de zonas grises asociadas a una discutible normativa legal que estableció, por ejemplo, la coexistencia de los gobernadores regionales con la figura del delegado presidencial, así como un cuestionado proceso de transferencia de competencias. Ambos puntos son foco central de la actual crítica de las nuevas autoridades -que en la denominada "Declaración de Concepción", firmada por todos ellos el viernes, día de cierre del encuentro realizado en la comuna de San Pedro de la Paz- propusieron que el delegado presidencial se transforme en un secretario regional ministerial y que se acaben "los experimentos unilaterales de transferencias de competencias inconsultas a los gobiernos regionales".
Pero es, sin duda, el financiamiento para el desarrollo regional -el ámbito de la descentralización fiscal- el que genera mayores conflictos y es siempre "la madre de todas las batallas" en estas materias. Esto incluye tanto al enfoque vinculado a los gastos, es decir, el dotar a los niveles subnacionales de mayores niveles de decisión en torno al destino de la inversión pública, como el enfoque de ingresos, es decir, avanzar a contar con mayores recursos propios levantados regionalmente. En ese contexto, la propuesta firmada por los gobernadores es ambiciosa y, sin duda, ameritará una ardua discusión, especialmente en el plano legislativo.
Lo que se propone es, en el primer caso, que la inversión de decisión regional llegue, a lo menos, a un 40% de la inversión nacional y su evaluación sea pertinente a la realidad de cada territorio. Y, en el segundo, contar con rentas regionales y coparticipación tributaria. Es innegable que avanzar en estas materias será complejo, pero la presencia en el encuentro de los candidatos con mayores posibilidades de quedarse con la próxima Presidencia de Chile da cuenta de un compromiso transversal con las regiones, que podría servir de palanca para continuar con una senda que, aunque gradual y muy lenta, a juicio de muchos, muestra al menos una creciente relevancia en la agenda política nacional.
No cabe duda: el Primer Encuentro de Gobernadores Regionales marca un hito en materia de distribución del poder en el país, pues la agrupación de las primeras autoridades elegidas democráticamente en las regiones implica, sin duda, una fuerza hasta hace poco inexistente en el país. Saber aprovechar esto con responsabilidad y visión transversal es el principal desafío de sus líderes, que deben mirar al largo plazo en materias comunes y estando suficientemente conscientes que contar con mayores atribuciones debe ir de la mano, necesariamente, de un adecuado control de la gestión que actualmente ostentan y de quienes los sucederán en el cargo.
Porque -aunque resulta más impopular y no sea tema central de citas como la vivida esta semana en nuestra zona- no se puede soslayar un elemento que está presente en gran parte de la evidencia científica asociada a los procesos de descentralización. Y es que para que resulten exitosos, es necesario acompañarlos del establecimiento de crecientes niveles de transparencia y sistemas de control que reduzcan el riesgo de que entidades y personas particulares se beneficien con las actuaciones del sistema público.
En ese contexto, por ejemplo, es positivo que se fortalezcan los mecanismos de gobernanza público-privada regional, de manera que haya también actores ajenos al sistema político que, por un lado, puedan mantener una cierta "vigilancia" en materias como la asignación de recursos y, a la vez, contribuyan a mantener una mirada de largo plazo que sea capaz de sobrepasar los límites de las administraciones de turno del Gobierno Regional y nacional.
También es importante enfatizar que la descentralización debe ser vista más como un medio que como un fin en sí mismo, ya que el foco central es que se tomen mejores decisiones en el ámbito público y que se logren crecientes niveles de bienestar y calidad de vida para los habitantes de los territorios subnacionales, especialmente los más postergados.
Para que eso ocurra, se requiere de nuevas atribuciones y recursos, pero también una responsabilidad superior con el futuro de cada una de las regiones, que debe sumar a más actores y ser vista no solo como una forma de distribuir mejor el poder político, sino también de cómo responder con mayor eficacia, rapidez y certeza a las comunidades a las cuales se sirve.
El Primer Encuentro de Gobernadores Regionales marca un hito en materia de distribución del poder en el país, pues la agrupación de las primeras autoridades elegidas democráticamente en las regiones implica, sin duda, una fuerza hasta hace poco inexistente en el país. Saber aprovechar esto con responsabilidad y visión transversal es el principal desafío de sus líderes.