Por Alma Canales Silva alma.canales@diarioelsur.cl

Cristian Peña Morales está en su tercer periodo de alcalde de Lebu. También es la tercera vez que asume la presidencia de Arauco 7 -aunque solo en dos ocasiones lo hizo tras una votación de sus pares-, organización que reúne a los municipios de la provincia. Su cargo fue oficializado la semana pasada y esta hizo su estreno oficial con una declaración sobre lo ocurrido en Tirúa, con la muerte de dos personas en un incendio de cabañas en el que estaban seis personas.

Peña contó que están en la fase de conocerse y ponerse de acuerdo entre los alcaldes. Después de las últimas elecciones, cuatro de los siete municipios tienen nueva autoridad. Y si bien hay diferencias sobre cómo deben abordarse determinadas temáticas, ya hay coincidencias sobre cuáles son las prioridades: reponer la glosa Arauco en el presupuesto regional, abordar el déficit de viviendas, la gestión de los residuos domiciliarios y, por supuesto, la violencia.

"Uno de los encargos que me plantearon directamente los alcaldes es la glosa Arauco. Cuando comenzó en 2014, que llegó a ser de unos 6 mil millones de pesos, los municipios presentaban iniciativas con cargo a esa glosa, pero después se empezaron a colocar ciertas condiciones, aunque se aumentaron los recursos. El Gobierno Regional terminó incorporándolo al presupuesto de la Región", contó el jefe comunal lebulense.

-¿Cuál fue el impacto de este cambio?

-Si le preguntábamos al intendente en qué se gastaba la glosa, no había respuesta y no porque no la quisieran dar, sino porque no la sabían, porque no tienen descriptor los proyectos. Antes había un presupuesto casi asignado por comuna. Por ejemplo, yo tenía alrededor de $600 millones, Tirúa tenía $700, por sus niveles de pobreza, Arauco tenía un poquitito menos, pero todos nos manejábamos con eso y con esos recursos hacíamos pequeños proyectos, porque con $600 millones no construimos ni puentes, hospitales, escuelas ni viviendas. Tal vez para Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, esto no es tema. Pero para nosotros, que tenemos un presupuesto de $5 mil millones, tener $600 millones para inversión local es mucho recurso.

-¿Qué van a hacer para intentar que vuelva la glosa?

-Eso es decisión del gobernador regional. Es algo nada más que de voluntad. Y ahí tenemos convencido al gobernador.

-¿Se han reunido con Rodrigo Díaz?

-Sí, al segundo día después de haber asumido nos reunimos con sus equipos. Él lo tiene sumamente claro. Además quiere incorporar la compra de terrenos a través de la glosa, que lo permite, y es el único instrumento para ello.

-¿Se están organizando como Arauco 7 para participar en alguna de las audiencias de la Convención Constitucional?

-Una de las cosas que inmediatamente pedimos fue incorporarlo a la discusión. Si bien llegamos tarde, nos vamos a reunir con los representantes del territorio para plantear nuestra mirada desde lo municipal, el territorio, que es distinto a lo que ocurre en otras regiones. Pero todavía tenemos que unificar criterio, porque todos pensamos distinto. Hay alcaldes que insisten que el tema para abordar la violencia es mayor presencia policial o militar, hay algunos representantes que creen que la solución es declarar estado de emergencia o que salgan las Fuerzas Armadas en la provincia.

-¿Por qué dice que llegaron tarde?

-Porque estuvimos decaídos en Arauco 7. Tiene que ver con que uno veía que hablaba y hablaba y conseguía tan poco. ¿Para qué íbamos a ir a juntarnos con el intendente, para que nos digan que nos vamos a juntar en 15 días más para decir nuevamente que nos vamos a juntar en 15 días más?

Autoridades

-¿Cómo es la relación con el delegado presidencial, Mauricio Alarcón? Fue alcalde de la zona y también presidente de Arauco 7.

-Va a costar harto porque una de las facultades más importantes que tiene es la seguridad y ahí hay un sentimiento de abandono, no sólo con respecto a la violencia del sur de la provincia.

-¿En qué sentido?

-Soy muy crítico de las policías, sobre todo de Carabineros, que ha abandonado su labor de tránsito o en el ordenamiento de la ciudad. La gente cuando pide más seguridad lo hace a los alcaldes y municipios. Nosotros no tenemos la capacidad para asumir una responsabilidad que se resuelve con dotación, recursos y especialización. Otras comunas como Las Condes o Providencia tienen recursos para contratar funcionarios, pero para nosotros es imposible. Al final la gente se queda con los alcaldes de la tele que pusieron 20 vehículos a disposición o hicieron una persecución junto con Carabineros donde hubo un asalto… eso no me lo imagino acá. Un funcionario nuestro haciendo una persecución. En la misma tarde te apedrean la casa.

-El encargado de seguridad dijo que no había cambio de las dotaciones de Carabineros a propósito de la violencia rural.

-No es un tema solo de dotación. Es un tema de política pública respecto a seguridad. Estamos obligados por ley a hacernos cargo de la seguridad pública y es ahí donde la policía descansa en nosotros la labor, como el tránsito. Carabineros nos envía oficios todas las semanas diciendo que falta luminaria en alguna parte, un hoyo en la calle o que falta un letrero.

-¿Y se lo han planteado al delegado?

-Sí. Si como alcalde lo compartíamos, pero es una política pública centralizada.

-Uno habría pensado que ya que tienen un delegado que es de allá, que fue alcalde y presidente de la asociación, que tiene claros cuáles son los problemas, habría sido más fácil instalar o abordar los temas.

-Es un trabajo que tenemos que darnos para poder coordinar de mejor forma la labor de las policías en el territorio, entendiendo que a pesar de que existe una normativa, la realidad del territorio es distinta. Y no estamos hablando de violencia rural, sino lo cotidiano: la ronda policial, el control de tránsito, la fiscalización del orden público.

Violencia rural

-En el caso de la violencia rural, ¿qué foco quieren abordar? El tema se ha ido agravando.

-Los alcaldes tenemos distintas miradas. En lo personal, creo que está muy mal abordado, que los gobiernos se han equivocado en los últimos diez años, creyendo que este es un conflicto que había que abordar con la fuerza y lo único que se logró fue tener una escalada de violencia tan alta que hoy estamos hablando de casi guerrilla y eso es por no entender que este es un conflicto político y tienen que abordarlo con esa mirada. Las reivindicaciones no son violentas, sin embargo hay delitos que sí lo son. Cuando no hay autoridades que se involucran de verdad en tratar de buscar una solución no se va a resolver.

-¿Y el coordinador de la macrozona?

-Hoy hay un coordinador de las policías, de la fiscalía, de la fuerza, pero no hay alguien que pueda tomar decisiones políticas. Este es un territorio empobrecido, no pobre, porque es rico en pesca, en montaña, turismo. Las comunas más pobres del país están en la Provincia de Arauco. ¿Cómo va salir de la pobreza alguien que vive en la provincia cuando empieza el delito, que viene de fuera y se tomó el territorio? La gente ve en el robo de madera o narcotráfico un estilo de vida que se le hace más fácil, porque no ve otra oportunidad.

-¿Es decir, que la gente ve en esto una forma de salir de la pobreza? La teoría de la gente de gobierno es que los delitos son distintos del tema reivindicatorio.

-Sí, pero cuando atienda el tema reivindicatorio va a poder aislar lo que no tiene que ver con eso, que es la mayoría. Y ni siquiera es reivindicación, es reconocimiento a un modo de vida, cultura, territorio, autonomía, al lenguaje, cultura. Eso está quedando aislado, cuando es al revés. El delito ha secuestrado todo esto. Algunos dicen que hay que aplicar más fuerza. Yo creo que hay que aplicar más diálogo, más compromiso del Estado con el territorio y tomar decisiones políticas. ¿Cómo paró el movimiento social? Con un acuerdo. Se pidió un cambio de Constitución y se detuvo. Aquí los más fascinados eran los delincuentes que podían disfrazarse de movimiento social para hacer fechorías. Acá pasa lo mismo. El problema es que acá no se detuvo nunca y el lumpen secuestró el movimiento.

-¿Los municipios pueden hacer algo? Son los que tienen más impacto con la comunidad.

-Cada uno tiene que asumir sus responsabilidad. Los municipios hoy son administradores de políticas públicas. No tenemos poder de decisión. Quien tiene que hacerse cargo son los gobiernos. Al final van a terminar culpando al alcalde de Tirúa, Cañete, Contulmo, cuando son otros los que hacen las políticas públicas. Si nos dan más facultades y recursos nos podríamos hacer cargo. Si se va a los archivos de hace 10 años atrás esto era mínimo. Antes era una vez al semestre, hoy es cosa de todos los días. Los alcaldes no pueden venir a reuniones tan tarde porque no pueden circular por la ruta.

-¿Qué se puede hacer entonces? Si bien los alcaldes no tienen injerencia en la seguridad, pueden hacer ruido para que se aborde el tema.

-Ahí hay que catetear y ponerse firme. El llamado es a que se dialogue, a que haya una solución política y se aborden los problemas estructurales y de forma paralela, la violencia. Que las policías, los tribunales hagan su trabajo, que se mejoren las leyes, pero no puede estar abordado sólo con mandar más policías.

-¿Cree que está bien que el gobierno haya hecho la diferenciación entre la reivindicación territorial y los delitos?

-Está bien separarlos, pero hay que atender las dos. Cuando se atiende sólo la violencia, al final ambas se confunden y el que reivindica aparece a la par con el delincuente. El ministro, el subsecretario sólo hablan del éxito en el último allanamiento, pero nunca los he visto preocuparse por $4.200 millones que tiene una glosa especial para la provincia. Cuando se reconozca cultura, representación, territorio y que hay gente que vive distinto, su cerquito va a tener que correrlo hacia el lado, y ahí hay intereses y ahí es donde cuesta.

-¿Se refiere a las forestales?

-Intereses económicos. Reconocer a los pueblos originarios, su cultura, territorio, significa descentralizar poder y hay muchos que no están interesados en repartir estas cuotas. En un territorio vulnerable, que no ha tenido tanta atención del Estado, que requiere más, la gente ve la esperanza en el que se la da y en la Provincia de Arauco lo único que le da la esperanza de salir adelante es el delito.

"Nosotros administramos pobreza"

-¿Cómo está Isla Mocha, después que casi se quedan sin luz?

-Ahí hay un ejemplo claro de inequidad territorial. La Isla Mocha requiere una atención más estructural. El sistema eléctrico requiere una normalización. Que casi hayan quedado sin luz es problema de una incapacidad administrativa por parte de la cooperativa, no se trata de un tema de recursos, porque están disponibles. Con el subsidio el sistema debiese funcionar, pero la cooperativa tiene falencias de administración donde hubo una mala gerenciación que lo que hizo fue aumentar el nivel de deuda. Ahí es clave que el Gobierno Regional ponga condiciones para la entrega de recursos.

-¿Cree que se puede generar una solución más integral para el lugar?

-En el caso del camino, si no es público, el Estado no puede invertir. Es un problema fácil, porque hay que hacer un estudio de $120 millones, que es marginal para el resultado. Pero es lentísimo. Si iniciamos en enero el estudio de las parcelas, esto no va a estar solucionado antes de dos años, pero mientras más nos demoremos en eso, más va a demorar la solución. Pero hay otros temas donde se puede dar una señal de inversión en Isla Mocha, como la escuela. El proyecto está en el cajón de los guardados de algún funcionario del Gobierno Regional. Cuando uno le cuenta a alguna autoridad que cuesta $5 mil millones encuentran que es mucha plata para 90 alumnos, pero eso le va a cambiar la vida a los mochanos.

-¿Qué pueden hacer los municipios entonces?

-Los municipios pequeños dependen nada más de la inversión pública sectorial y el FNDR. En Lebu manejamos un presupuesto de $5 mil millones. El 40% se va en gasto de personal, el 30% en el tema de la basura, el resto va en pagar el agua, el alumbrado público, la ayuda social y ahí se acabó la plata. Estos municipios no tienen recursos para hacer inversión. Dependen de la capacidad que tengan de traer inversión pública a través de proyectos. Como dijo Ahimalec Benítez (exalcalde de Curanilahue) hace 15 años atrás, nosotros administramos pobreza. No es lo mismo que los alcaldes de la tele, que administran recursos.