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"Es un proceso complejo y difícil, tenemos un tiempo acotado, se necesitan muchísimas cosas, pero lo más importante es no hacerlo rápido, si no que hacerlo bien", explica el constituyente del distrito 20, Bastián Labbé Salazar, respecto de la histórica labor que está realizando la Convención Constitucional, que hoy suma mes y medio. Añade que las próximas dos semanas son claves para el trabajo de comisiones que se está realizando, ya que el próximo 28 de agosto es la fecha propuesta para concluir la labor que cada una realiza si es que se logra un buen nivel de avance y así se podría iniciar la discusión de los temas de fondo de la nueva Carta Magna.

Actual integrante de la comisión de Participación Popular y Vinculación Territorial de la Convención, Labbé es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción y su labor en el ámbito ambiental se ha desarrollado en torno a la Coordinadora Territorial Wallpen, a la agrupación Salvemos el Santuario y como integrante de la Red de Humedales Chile y la Asamblea Ambiental del Biobío.

Recuerda que los plazos de la Convención son acotados y que hay experiencias que fijan en al menos 16 o 18 meses estos procesos. Eso sí, descarta que existe un modelo preciso a seguir: "Creo que es importante tomar elementos de las experiencias internacionales, pero las veo como aprendizajes, no es para copiar, al revés, hay modelos que son buenos, pero también hay que ver qué hicieron mal o por qué no funcionaron".

-Ha habido críticas por el nivel de avance que se ha alcanzado desde el interior de la Convención y se han generado conflictos, ¿cuál es su opinión frente a estas situaciones?

-Me gustaría reducir estos conflictos, que son puntuales y muchas veces entre personas. En el funcionamiento de la Convención hay un sector de ultraderecha que está empecinado en entorpecer el proceso y eso lo hemos tenido claro por las intervenciones que tienen, a veces ni siquiera terminamos las sesiones y van directamente a hablar con la prensa, a plantear o muchas veces a tergiversar lo que está ocurriendo. Pero, en general, todo lo que tiene que ver con el proceso ha funcionado de una forma adecuada, las posturas de los distintos sectores son colaborativas en términos del contenido y que sea un órgano nuevo es el elemento principal de todo esto. No sabíamos como sociedad cómo se construía una Constitución, no teníamos esa experiencia a través de un órgano democrático. Creo que todavía hay una gran parte de la población que no entiende el proceso constituyente y eso también es un desafío para nosotros. A mí me llega muy de cerca porque creo que un proceso educativo también es muy importante, educar en torno a la Constitución, a la reglamentación, a las normas que va a tener un país entendiendo la importancia del proceso, que es histórico y que para los próximos años va a ser fundamental para el ordenamiento de la sociedad.

- ¿Desde la comisión de Participación es posible impulsar ese objetivo?

-Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Desde la comisión de Participación hay que ver cómo generamos los mecanismos necesarios para que la población pueda incidir y se pueda hacer parte. Ha habido momentos que han sido muy conflictivos, pero ha existido una especie de farandulización, a mi juicio, desde algunos medios de comunicación, lo que también desvirtúa un poco lo que está ocurriendo y lamentablemente existe una gran cantidad de población chilena que se sigue informando por estos medios.

- Usted forma parte de la Asamblea Popular, una organización independiente y más bien ligada al mundo social, ¿hay acercamientos con otros grupos que integran la Convención, ya sea de partidos políticos o independientes? ¿A cuál se sienten más cercanos?

-Como Asamblea Popular distrito 20 participamos, previo al inicio de la Convención, en movimientos sociales constituyentes. Somos una articulación de 13 constituyentes que vienen principalmente de movimientos sociales, organizaciones territoriales, ambientales, feministas, etc. A veces también se pueden cruzar algunos términos ideológicos y de propuestas con algunos sectores de partidos, pero principalmente nuestras alianzas se han dado con la Lista del Pueblo y con escaños reservados, con quienes hemos trabajado propuestas a partir de lo que propone la mesa directiva. Creemos que tenemos mucho de los mismos sectores, históricamente marginados por parte de la política y eso de alguna forma nos ha ayudado a trabajar colaborativamente en este proceso.

- ¿Hay diferencias con la relación que pudiera darse con un partido político tradicional?

-Eso ha sido un punto súper importante, porque quienes entramos desde la política no tradicional hemos buscado articularnos de manera colaborativa con otras formas de entender la política, mucho más democrática, con trabajo horizontal, sin estos liderazgos exacerbados y quizás muy mal entendidos, a modo de caudillismo, que son tan típicos en la política chilena y latinoamericana. Estos elementos son importantes para entender que cuando pensamos en un nuevo país también tenemos que pensar cómo lo vamos a ir construyendo. Esa construcción también se debe reflejar a través de este órgano que, a mi juicio, es el más democrático que ha existido en Chile y, por ende, también debe estar a la altura de los procesos, de los cambios y de las necesidades que nos planteó la sociedad en 2019, pero que se venían dando hacer muchísimo tiempo.

TRABAJO EN PARTICIPACIÓN

-Actualmente integra la comisión de Participación, ¿por qué decide sumarse a esta labor en específico? ¿traía propuestas ya preparadas?

-Era una especie de mandato que teníamos desde nuestra Asamblea. En ese sentido, y particularmente para mí, era un tema muy importante. Los procesos educativos en torno a la política son fundamentales porque existe una despolitización en general en la sociedad, a pesar de lo que ocurrió en 2019. Hay mucha gente que salió con el grito de rabia, pero no necesariamente con una articulación política, por eso fue tratado como un estallido o una revuelta, pero no fue un movimiento político que posicionó estas demandas históricas. Quienes llevamos más tiempo en esto entendemos quizás que la política la ejercemos de diferente forma, incluso con la inacción también tenemos una postura política, sin estar en algún conglomerado.

- ¿A qué se refiere con ejercer la política de manera distinta?

-A que la forma de hacer política desde las organizaciones, desde los territorios es muy diferente, porque toma elementos asamblearios, elementos horizontales, se buscan cambios en el cómo hacerlo. Tengo mucha cercanía y experiencia porque he aplicado esto tanto en espacios institucionales como no institucionales, como docente y también a través de escuelas populares, que son los espacios donde hacemos trabajo político en las poblaciones. Para participar, la gente también tiene que entender el proceso, tiene que educarse en torno a él.

- ¿Y cómo ve el trabajo de la comisión? ¿Es posible alcanzar el nivel de participación que plantea?

-Hasta el momento estamos trabajando de manera muy coordinada, hay mucho que revisar y estamos recién en el tema de las audiencias públicas, que llegaron muchísimas solicitudes y estamos viendo la forma de selección para poder verlas todas. Pero tenemos también un desafío importante, ya que tenemos un presupuesto muy bajo en participación. Son $550 millones, lo que equivale a alrededor de $28 a $29 por persona, es un presupuesto ridículo, porque hace pocos días tuvimos una audiencia con una de las personas que estuvo en el proceso constituyente participativo que llevó a cabo Michelle Bachelet, donde participaron 200 mil personas y se invirtieron un poco más de $3.000 millones. Entonces estamos hablando de seis veces lo que tenemos como presupuesto en un proceso que fue consultivo, ni siquiera fue vinculante, es decir, ni siquiera terminó en un proyecto de Constitución que pudiera votarse. En cambio, acá estamos hablando de un proceso emanado desde la gente, la revuelta y las manifestaciones, que se institucionaliza y va a generar una Carta Magna, que será la más democrática y la única de la historia de Chile a través de elecciones populares.

- En las audiencias que han realizado las distintas comisiones hay un alto interés por entregar propuestas…

-Creo que ahí tenemos un tema importante, para que los procesos se den de buena forma también tenemos que ver cómo se están dado en otros lugares del mundo y la participación es fundamental. Si queremos que la nueva Constitución se legitime realmente, no puede ser legitimada solo por los 155, que quizás son representativos de la población, pero no lo son totalmente. También hay un porcentaje importantísimo de la población que no fue a votar, se habla del éxito del plebiscito de octubre, que estoy muy de acuerdo en que fue una votación histórica, pero casi la mitad de la población no fue a sufragar. Entonces, ¿qué pasa con esos sectores que siguen estando excluidos de la política? Ahí también tenemos una tarea muy importante y desde la comisión de Participación tenemos que hacernos cargo de eso.

-En ese tema, ¿hay alguna propuesta o mecanismo en torno a la participación que considere clave para validar el trabajo que se está realizando?

-Estamos trabajando en un programa de educación popular constituyente que esté enfocado en toda la sociedad. Además, estamos recibiendo muchas propuestas en las audiencias públicas que son muy significativas en términos de presencialidad y virtualidad, de metodología, mecanismos y sistematización, que es muy importante. Tenemos que ver cómo generamos una estrategia metodológica universal, no estandarizada, es decir, que pueda ser capaz también de recoger las particularidades de los sectores históricamente excluidos. Esa estructura a la que estamos apelando y estamos trabajando en este momento va a permitir también una trazabilidad del proceso de participación muy importante. Tenemos experiencia en algunos mecanismos a partir de los cabildos autoconvocados que se dieron en 2019, también los de las municipalidades y del proceso participativo de Michelle Bachelet. Todos esos insumos tenemos que recogerlos para que podamos incluirlos, pero principalmente estas nuevas asambleas y cabildos que se tienen que dar en espacios públicos, que uno pueda decir en términos cuantitativos la cantidad de gente que va a un cabildo, que no es la misma que puede participar en una encuesta, que es mucho más sencilla y en términos de números es más importantes…

-Son opciones variadas, pero ¿cuál estima más adecuada o realizable?

-Es que no solamente es que la gente pueda participar y deliberar, que es fundamental, sino que tiene un elemento importante en torno a la política, que es la apropiación del espacio público por parte de la población. Eso no es menor dejarlo, porque que la gente se junte en una plaza, en su población, a deliberar en torno a la política es sumamente importante y sobre todo si eso tiene una incidencia directa en el proceso constituyente. Entonces las asambleas siguen siendo, para mí, una estrategia de participación por excelencia.

- Si el presupuesto es bajo y el tiempo es acotado, ¿se ha planteado la opción de realizar alianzas para llevar adelante el proceso de participación?

-Sí, absolutamente. De hecho, hemos pensado que hay que generar la mayor cantidad de alianzas posible. Tenemos voluntad de gran parte de las instituciones, nos han llegado propuestas desde las universidades, desde municipalidades, hay que ver cómo podemos estructurar eso. Tenemos una subcomisión de Vinculación Territorial que también podría apelar a eso y también trabajar con la comisión de Descentralización, que también lo están viendo ahí. Todo esto va a ayudar a estructurar porque debemos hacerlo para poder llegar a una gran cantidad de población

- ¿Y qué se ha planteado respecto de la descentralización del proceso?

- Hemos tenido algunas conversaciones no tan formales porque están trabajando en esta propuesta, desde la coordinación Cristina Dorador y Adriana Ampuero junto a la comisión de Descentralización estaban planteando ir sesionando en otras regiones desde la próxima semana. Esa es una realidad, la convención va a ser descentralizada, debemos ver de qué forma, si será una semana, dos semanas o en momentos particulares, dónde se irá, con quién se harán los vínculos, cómo se abordará el tema de la transparencia para que sean transmitidas las sesiones. Hay una serie de elementos técnicos a considerar, pero hay voluntad política al menos de que ocurra y que se distribuya territorialmente.

"No tenemos punto de comparación con el Congreso"

Una de las votaciones que se realizó esta semana en la Convención fue la modificación al reglamento y distribución de asignaciones para convencionales, que definió una reestructuración de los montos.

Se trata de un aumento a 77 UTM ($4.020.401) en las asignaciones, y a 82 UTM ($4.281.466) en caso de zonas extremas y escaños reservados. Con su aprobación, las asignaciones serán de 40 UTM para personal de apoyo, 27 UTM para asignaciones por manutención y 10 UTM para gastos operacionales.

Para Labbé se trata de una decisión justificada y explica que, "primero que todo, es una redistribución de los recursos y segundo es también entregar los elementos necesarios para que funcionen nuestros equipos. Yo, particularmente, no trabajo con expertos ni un centro de estudios, trabajo con mis compañeros y compañeras de la asamblea, que han trabajado de manera voluntaria siempre, no solo a través del proceso constituyente. Como organizaciones territoriales venimos luchando hace muchos años en contra de los proyectos extractivistas de la Región del Biobío, generamos informes, denuncias y todo ese trabajo es voluntario, y lo hacemos en beneficio de la sociedad".

-Esta medida se comparó con el aumento que aplican los parlamentarios a sus dietas...

-En este momento yo trabajo con gente de mi asamblea que tiene que viajar a Santiago, que tiene que quedarse en algún lugar y todo eso no tiene que caer en la precarización, no podemos tener esa comparación, sino que tenemos que generar formas de trabajo dignas para nuestro equipo. Ni tampoco tenemos un punto de comparación en el Congreso Nacional, creo que también ahí ha habido algunos errores por parte de personas de la Convención. Hay que crear un estándar que sea replicable en el futuro, porque no podemos seguir pensando que un diputado pueda ganar 10 o 12 millones de pesos y un convencional que está creando una Constitución gana $2 millones y medio, que en mi caso también tiene que ser redistribuido en mis espacios territoriales. Cuando las personas creen que nos vamos a meter $4 millones al bolsillo es absolutamente falso, no es así.