Por Nicolás Álvarez Arrau

En horas de la madrugada de ayer, la empresa comercializadora de combustibles DyM descargó, finalmente, el diésel que se requería con urgencia en isla Mocha para impedir una restricción total del suministro eléctrico. Según confirmó el abogado de la compañía encargada de la entrega, Carlos Moreira, fue cerca de una treintena de tambores los que llegaron para rellenar el generador que distribuye la energía en el territorio insular perteneciente a Lebu, lo que permitirá el abastecimiento por un mes.

En el lugar, según los datos de Carabineros, viven 650 personas.

El arribo se concretó previo al cierre del puerto comunal debido a las malas condiciones climáticas anunciadas por la Capitanía local. En caso de no haber alcanzado a cumplir la tarea este sábado, los habitantes de la isla se habrían visto sumamente afectados a raíz de la escasez del recurso (que ya funciona en ciertos horarios) y hasta que mejorara el clima.

"Se entregó el petróleo y se restablece la provisión las 24 horas en isla Mocha mientras se respeten los acuerdos con el Gobierno Regional. Son unos 7 mil litros, que es lo que faltaba para lo queda del mes", detalló Moreira.

La amenaza de corte se conoció algunas semanas atrás producto de una deuda de $800 millones mantenida por la Cooperativa de Generación Eléctrica del lugar a causa de pagos atrasados desde hace 20 meses. Dicha entidad funciona de acuerdo a un subsidio que otorga el Gobierno Regional, pero los dineros no habían sido traspasados por rendiciones previas que no estaban en regla.

En vista de que los lugareños llevaban días racionando luz y que el plazo límite para cargar el generador se agotaba, el Gobierno Regional y la comercializadora pactaron este viernes un acuerdo que permitió dar solución al problema. Carlos Moreira precisó que la determinación implica que el valor correspondiente a 2021 se pagará en su totalidad dentro de un plazo de 60 días, mientras que 2020, entre 45 y 60 días, a la vez que se subsanan los errores.

Tal fue la emergencia en la zona que a inicios de agosto una embarcación se vio obligada a trasladar hacia la isla 24 tambores de diésel, pese a no contar con autorización debido a las malas condiciones del tiempo. La nave naufragó, pero los dos tripulantes lograron ser rescatados sanos y salvos. También se recuperó gran parte de la carga, ya que no hubo derrame del producto.

Medida definitiva

Los vecinos de isla Mocha destacaron el arribo del petróleo y señalaron que se trata de una muy buena noticia, ya que de esa forma dejarán de racionar, tal como lo venían haciendo estos días, entre la 00:00 horas y las 8:00 horas, lapso en el que se cortaba la energía. Desde ayer, sin embargo, cuentan con luz sin interrupciones.

Pese a ello, la presidenta de la Junta de Vecinos de Puerto Sur, Lilian Vera, llamó al Gobierno Regional a esclarecer la situación que estuvo a punto de afectar en mayor medida a la isla. Junto con lo anterior, solicitó formular una solución definitiva en materia de distribución eléctrica.

"Nosotros no queremos volver a pasar por lo mismo, porque no es primera vez que tenemos problemas de corte o restricciones de energía. Vamos a esperar como comunidad que se trabaje en esto, pues contar con los servicios básicos es un derecho de la ciudadanía", puntualizó Vera.

Al respecto, el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Iván Valenzuela, explicó que este es un tema que, incluso, demandó el gobernador Rodrigo Díaz, en el sentido de buscar alternativas que apunten al mediano y largo plazo y que impidan nuevas complejidades.

"En eso estamos trabajando. El gobernador nos pidió hacer los análisis correspondientes para tomar las decisiones en conjunto y pensar en el bienestar de los mochanos. En definitiva, hay que realizar las gestiones para evitar lo que aconteció, tanto en términos administrativos como en el funcionamiento y generación de energía dentro de la isla", insistió.

Trece de las 33 comunas de la Región del Biobío no presentaron nuevos casos de covid-19, según el último reporte entregado por la Seremi de Salud. Del resto, Los Ángeles es la única que tienes diez casos. El resto de territorios está bajo los dos dígitos.

La seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, detalló que la mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (20.315), Concepción (19.429) y Talcahuano (12.900), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío, con 14.125,5 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Negrete y Arauco, con 11.209,1 y 11.184,4 casos, respectivamente.

"Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Contulmo, con 221,2 casos activos por cada 100 mil habitantes; Florida, con 143,6 casos por cada 100 mil; y Tirúa, con 136,1 casos por cada 100 mil habitantes", agregó Rojas.

La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos, con 67; seguida de Los Ángeles, con 42 casos activos, y Talcahuano, con 41 casos activos.

Tras estadísticas

En tanto, se reportaron 71 casos nuevos de la enfermedad, lo que implica que Biobío tiene 428 casos activos y 149.449 acumulados. Por provincias, Concepción concentra 92.547, Biobío 38.438 y Arauco 16.829 casos.

La Región registra además 2.587 fallecimientos confirmados por covid-19, que corresponde a los fallecidos validos por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.

Isabel Rojas mencionó que Biobío registró 5.781 PCR informados, con 69 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día y de la última semana del 1%.

También, al 13 de agosto, 291 personas positivas a covid-19 y contactos estrechos que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en la red de 19 residencias sanitarias, ocupando 209 de las 1.011 habitaciones habilitadas, lo que representa un 21% de ocupación.

Mauricio Sepúlveda Santelices, propietario del fundo Los Ajos de Tirúa, aseguró que lleva casi 30 años sin recuperar sus tierras, ha sido víctima de tomas ilegales, incendios y homicidios frustrados. Advirtió, además, que él y sus cercanos han tratado de buscar solución con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), autoridades, y que hasta se involucraron para lograr acuerdos pacíficos, aunque nada ha dado resultado.

"Estamos en la quiebra. No podemos llegar a nuestra casa con tranquilidad, porque podemos recibir un balazo en cualquier momento. El Estado no se ha hecho cargo, es una tremenda violación a los derechos humanos", sostuvo Sepúlveda.

Debido a este escenario, el clan, a través del abogado Remberto Valdés, anunció que a fines de la próxima semana presentarán una demanda en contra del Estado. Según el profesional, lo que se advierte "es una falta de servicio y perjuicio gigantescos para la familia Sepúlveda, que lleva décadas tolerando esta situación terrorista, y una falta de servicio por parte de la Conadi también enorme".

En virtud de lo anterior, detalló que la indemnización de perjuicios la cifran en no menos de $7 mil millones.

"Hasta donde nosotros conocemos, el único caso (similar) es el caso Luchsinger, en donde la Corte Suprema acaba de conceder una indemnización por daños morales de $250 millones a cada uno de los hijos de la pobre pareja asesinada (…) Este precedente calza de forma perfecta con nuestra situación, pero acá, incluso, la tarea del Estado es más groseramente ineficiente, ya que tiene más años y son docenas de atentados de distinto tipo", recalcó el director del equipo de abogados de la defensa de la familia Sepúlveda.

Opción internacional

Junto con esta acción, Valdés precisó que no se descarta la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para exponer los antecedentes dentro de los próximos meses.

"Estamos haciendo una alianza con algunos colegas que ejercen en derecho internacional fuera del país, por lo que es altamente probable que en los meses siguientes interpongamos también una acción en contra del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", adelantó.

A través de esta instancia se buscará decir al organismo que existe una violación a los derechos humanos de estas personas, en el sentido de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y que este tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía el derecho a la vida y su integridad. El abogado añadió que el Estado tiene el deber de proteger y procesar los casos criminales.

"Hasta al minuto, acá ha habido una treintena de delitos en contra de mi representado, y estos no han sido prevenidos por Carabineros ni investigados por la PDI. Tampoco han sido perseguidos por el Ministerio Público ni sancionados por los tribunales de Justicia. Se está viviendo una impunidad absoluta y eso constituye una violación a sus obligaciones en materia de derechos humanos", enfatizó Valdés.

De esta forma, se pretende que la Corte condene al Estado a mejorar sus sistemas de seguridad, a fin de evitar más actos de violencia.