Por Isabel Plaza Vásquez

Casi 380 mil personas del Gran Concepción habitan en zonas urbanas de alta recurrencia de incendios forestales, según los últimos datos incorporados en la actualización del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU), que es elaborado en conjunto por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Instituto Nacional de Estadísticas.

La segunda actualización realizada por los organismos incorpora, como principal novedad, indicadores que están asociados a la resiliencia de las ciudades a nivel nacional y dentro de ellos se aborda la situación frente a incendios forestales y tsunamis. En el caso de los siniestros, se midió qué porcentaje de la población y de los equipamientos críticos están emplazados en los polígonos con alta recurrencia de focos durante la temporada primavera-verano en los últimos cinco años, en base a información de la Onemi.

De las 82 comunas analizadas a nivel nacional, 12 corresponden a la Región del Biobío y de ellas 11 están ubicadas en el Gran Concepción, área donde se identificó que 379.646 personas habitan en zonas urbanas de alta recurrencia de incendios forestales.

El análisis revela la urgencia de adaptar la actual planificación urbana, regulando la localización de asentamientos urbanos y los usos de suelo permitidos, para reducir el riesgo a estas amenazas. El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl, recordó que como CNDU han planteado e insistido desde 2019 en la urgencia de modificar la normativa urbana para la adaptación y resiliencia de las ciudades.

A su juicio, para ello se debe actualizar el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuyo cambio permitiría una mejor integración de los riesgos en la planificación de las ciudades. La norma específica tiene relación con la definición de áreas de riesgo en los instrumentos de planificación territorial, "cuando proceda y previo estudio específico, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos", lo que es clave para determinar zonas no edificables o de condiciones restringidas de edificación.

El documento también advierte que el riesgo se ve acentuado con el aumento de la temperatura global producto del cambio climático y la instalación de asentamientos informales fuera de los límites urbanos, como son los campamentos. "Los datos proporcionados por el SIEDU confirman la realidad y la gravedad del informe del IPCC global, y nos advierten que ya no tenemos más tiempo para tomar decisiones de cambio para las ciudades", aseguró Baeriswyl.

COMUNAS EN RIESGO

Según los indicadores analizados, la comuna de Penco es la que más riesgo tiene frente a la ocurrencia de incendios forestales. Encabeza el listado a nivel nacional de población que habita zonas donde se registran siniestros, con un 91,9%, es decir, 44.859 personas, seguida de Tomé, con un 75,3%, equivalente a 37.304 habitantes.

Ambos territorios son parte de las nueve comunas que tienen a más de la mitad de su población expuesta a incendios forestales. Los otras siete son Maule (66,6%), San Antonio (59,7%), Villa Alemana (56,9%), Quilpué (54,8%), las locales San Pedro de La Paz (54,5%) y Lota (51,9%) y Limache (50,4%).

Sin embargo, la situación de Penco suma otro factor de preocupación, ya que el 100% del equipamiento crítico de la comuna se encuentra en áreas donde se registran focos, lo que considera recintos de salud, educación, seguridad y gobierno local.

Aunque está en el cuarto lugar de este listado nacional, Tomé tiene un porcentaje no menor de 87,9%, y San Pedro de la Paz y Coronel superan el 50%. Esto se traduce en que Penco y Tomé tienen más de dos tercios de sus equipamientos de salud en zonas de mayor recurrencia de incendios forestales y que ambas comunas más San Pedro de la Paz y Coronel poseen sobre el 40% de sus equipamientos educacionales en esas áreas.

12 comunas de la Región del Biobío fueron identificadas como zonas de alta ocurrencia de incendios forestales.

Con el objetivo de plantear la necesidad de encontrar con medidas de mitigación cuando comiencen las obras de construcción del Puente Industrial, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, solicitó una reunión con la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, la que se realizará el próximo martes.

La autoridad precisó que la gestión surgió luego de que el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, manifestara una serie de inquietudes en torno a la congestión y los ruidos que generaría el proyecto. Díaz sostuvo que "es una preocupación fundada la del alcalde Rivera la congestión que se genera en Calle Gran Bretaña al llegar a la Rotonda Peñuelas y que hoy es gravísima".

Añadió que la posibilidad de conectarse desde calle Finlandia hacia la Desembocadura es un punto de riesgo, ya que no hay conexión directa, y lo que hacen las personas es cruzar de una manera que vulnera las normas del tránsito. "Imaginamos cómo sería con un aumento de circulación del flujo vehicular en ese punto (por el Puente Industrial). Ahí es necesario realizar unas obras también. Eso y pensar las mitigaciones por el ruido, son exigencias importantes", manifestó el gobernador regional.

Explicó que durante el encuentro espera plantear una "forma de resolver estos problemas, porque lo que sería malo es que se entrabara la solución del Puente Industrial, porque ahí perderíamos todos". La obra que implica una inversión de US$240 millones con un trazado total de 6,4 kilómetros.

El alcalde Miguel Rivera, sostuvo que "este no es sólo un problema de la comuna de Hualpén, sino que también de la Provincia de Concepción, entendiendo que es un paso obligatorio de muchas de las y los vecinos de Concepción y de Talcahuano. No estamos en contra del desarrollo, pero éste tiene que ser equitativo".

La octava sesión realizó la Mesa Público Privada de Equidad de Género de la Región del Biobío, donde 35 empresas acogieron el llamado realizado desde el Programa Buenas Prácticas Laborales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para conversar sobre el acortamiento de la brecha laboral entre hombres y mujeres.

Este encuentro, segundo del año y cuarto realizado de manera virtual, tuvo como principal tema de conversación, definir los objetivos y actividades para lo que resta de 2021 y el próximo 2022. "Es fundamental el desarrollo de esta mesa, pues ratifica el compromiso de las empresas con la realidad laboral de las mujeres, y logramos crear planes y programas para reinsertarlas en el mercado del trabajo, que se ha visto tan afectado durante la época de pandemia", indicó Marissa Barro, seremi de la Mujer y la Equidad de Género.

La encargada del programa, Nayareth Jara, conversó con las y los participantes para priorizar las acciones a ejecutar en lo que resta del año y próximo, situación que quedará completamente definida en las semanas venideras. El próximo encuentro de esta mesa se realizará en diciembre.

Además de revisar los avances de la mesa en sus tres años de funcionamiento, se definió la instalación de la primera red de hombres embajadores de la igualdad de género representado por las altas gerencias de empresas de la región, y también otra de mujeres profesionales para la igualdad de género.