Encuesta: el 37% de los consultados asegura que no cuenta con ahorros en sus cuentas tras retiros del 10%
El análisis expone claras diferencias entre los sectores socioeconómicos alto y bajo. Mientras en el primero el porcentaje que confirma este panorama es de 87%, en el segundo baja al 56%.
A eso de las 14 horas de ayer, el Presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal, medida impulsada por parlamentarios de Chile Vamos para aliviar los efectos de la crisis económica y frenar el avance del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. A esta determinación se suma la creación de un IFE laboral, que aportará a los trabajadores que encuentren un empleo formal.
Hasta la hora de cierre de esta edición la normativa todavía se mantenía en tabla para ser discutida hoy en la comisión de Constitución de la Cámara y varios legisladores de oposición decían que el anuncio del Ejecutivo no representa un condicionante acerca de lo que pasará con la propuesta.
En medio del acalorado debate sobre la posibilidad de extender una vez más la política de los retiros, la empresa chilena de investigación de mercados y opinión pública Cadem elaboró un estudio para conocer cuáles han sido los alcances que estas acciones han tenido en la población regional. El trabajo de campo recogió 500 casos y fue realizado entre el 28 y 29 de julio, a través de una metodología cuantitativa con entrevistas autoaplicadas y enviadas por correo electrónico.
De acuerdo a la composición demográfica, se destaca por categoría la participación de mujeres (53%), penquistas (15%), personas de entre 35 y 54 años (36%) y de nivel socioeconómico bajo (73%).
RETIRO DE FONDOS
Según el informe regional de Cadem, el 61% de los consultados afirma que aún cuenta con dineros para su jubilación, pese a haber hecho efectivo el proceso de retiro en las etapas anteriores. Mientras, el 37% asegura que no y el 2% dice no saber o no quiso responder.
En el detalle se observa, sin embargo, que la cantidad más alta de encuestados que dicen contar con recursos para la jubilación se asocia al sector socioeconómico alto (87%). En el caso de los sectores medio y bajo, este porcentaje llega al 62% y 56%, respectivamente (ver gráfico).
Asimismo, el estudio expone que la gente que supera los 55 años es la que en mayor medida dice mantener ahorros en sus cuentas individuales, escenario que contrasta notablemente con aquellos que tienen entre 18 y 34 años.
Por comuna, en tanto, Talcahuano y Los Ángeles son las ciudades de la Región del Biobío con los indicadores más favorables. Allí, el 84% y 81% puntualizan que todavía poseen montos destinados a su vejez, respectivamente. Le siguen Concepción (67%) y San Pedro de la Paz (35%).
Al ser consultados sobre a quién creen que pertenece la propiedad de las reservas que se acumulan en las cuentas de las AFP, el 88% indica que son de las personas que cotizan. El resto asegura que son de las administradoras (7%) o del Estado (3%).
REFORMA DE PENSIONES
Otro de los temas analizados por Cadem en la Región tiene que ver con las características de un eventual mecanismo que ayude a robustecer las pensiones. En ese sentido, el 71% insiste en que la mejor solución para alcanzar este objetivo pasa por tener un sistema mixto, es decir, ahorro individual más ayuda estatal a las jubilaciones bajas.
Al contrario, las ideas de fortalecer el ahorro individual o llevar a cabo un mecanismo de reparto que financie las pensiones de todos los jubilados logran tan solo el 12% de las preferencias cada una.
El análisis exhibe también claras inclinaciones por el hecho de que sean los propios trabajadores quienes tengan la libertad de elegir a una AFP o a un organismo público para que administre sus pensiones, o que el Estado ayude a financiar la caída de los ingresos por crisis económica mediante bonos y aportes. Dentro de este último aspecto se advierte que la tendencia local por apoyar un cuarto retiro logra solo el 26%.
A fin de amortiguar los efectos de políticas que afectan los ahorros futuros, las personas de la zona se muestran, en su mayoría, muy de acuerdo de acuerdo con implementar una pensión básica universal que sea financiada por medio de recursos estatales que vengan desde la recaudación de impuestos.