Funcionarios judiciales detallan hechos ocurridos en Cañete y respaldan medidas de resguardo
Voceros aseguran que los hechos de violencia no solo afectan a la infraestructura de los tribunales y la integridad de quienes allí se encuentran, sino que también a la atención del público.
Tras la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por el magistrado visitante de la Corte Suprema, Roberto Prado, el personal del Poder Judicial calificó la instancia como una etapa preliminar y de diagnóstico para evaluar medidas que puedan mejorar la entrega del servicio de forma segura en la comuna de Cañete. En tanto, el teletrabajo continúa como la principal medida concreta que la Corte Suprema ha adoptado, asemejando el trabajo que se ha estado realizando en la zona debido a la pandemia.
Sobre los hechos que han motivado la instalación de esta mesa de trabajo, la jueza titular del Juzgado de Letras de Cañete y dirigenta de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados de la región, Carolina Leiva, manifestó que desde al menos el año 2016 los tribunales de la comuna han sido blanco de distintos ataques que no solo arriesgan la integridad de usuarios y funcionarios del servicio, sino que además impiden la continuidad del trabajo a realizar.
"En lo que va de este año, también han ocurrido hechos importantes, tales como el ataque en este mes al Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y el lamentable hecho ocurrido en abril en que se atacó la casa de un exjuez de Cañete y también afectó a una funcionaria del Juzgado de Letras. En consecuencia, eso nos entrega un escenario del que se ha hecho foco de interés y preocupación", sostuvo la magistrada.
La jueza comentó que "existe una sensación de inseguridad por hechos que son públicamente notorios, los medios de comunicación difunden a diario diversas situaciones que en muchas ocasiones producen una suspensión o interrupción del servicio que prestamos y nos interesa poder seguir brindándoles de la mejor forma posible".
ATAQUES Y DAÑOS
El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud), Patricio Aguilar, quien asumió la vocería, explicó que "en la jurisdicción hemos visto varios ataques, se han tirado bombas molotov al tribunal, han apedreado, entonces eso interrumpe las audiencias, el trabajo y la tramitación de causas, situación que termina afectando lamentablemente después a los intervinientes y al público en general que espera un rápido resultado de sus juicios".
Sobre esto, la jueza Carolina Leiva explicó que como servicio público están llamados a no detener sus funciones por ningún motivo, porque "cada vez que ocurre un suceso hay otras personas que resultan afectadas, por ejemplo, las audiencias no se van a realizar, porque lo que prima es adoptar medidas de protección cuando hay un ataque a un tribunal, y eso implica que personas que, por ejemplo, esperaron meses para una audiencia van a ver que no se va a realizar".
"La resolución del tribunal podríamos considerarla como una continuación de lo que se venía haciendo, en el sentido de que los tribunales de Cañete, todos, el Juzgado de Letras, de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, están actualmente desarrollando sus labores mediante teletrabajo, al igual que los demás tribunales del país", agregó la magistrada, indicando que la modalidad también ha sido bien acogida por los usuarios ante los problemas de conectividad en transporte y condiciones de ruralidad.
MESA DE TRABAJO
Sobre la mesa de trabajo instalada, la magistrada indicó que aún se encuentra en una etapa previa, donde "todavía no se saca concretamente nada en limpio, porque primero debe gestionarse de manera analítica, realizarse un examen de cuál es la situación y luego de ello realizar, previas propuestas, una ejecución acorde con las normativas legal aplicables".
Sobre esto, el presidente de Aprajud explicó que en la instancia también participó personal policial de alto rango, teniendo la oportunidad de preguntar al general Juan Pablo Caneo, jefe de la Octava Zona de Carabineros, sobre posibles medidas de refuerzo de dotación, equipamientos logísticos, vehículos blindados, entre otros, para proteger a la ciudadanía. No obstante, comentó que el general indicó que efectivamente existe una dotación importante en el área, pero que la demanda es aún mayor.
Además, Aguilar sostuvo que en la mesa también realizaron "una encuesta de percepción de seguridad e inseguridad que tienen las personas tanto en la zona como en el resto del país, respecto de ciertos ataques para justamente hacer un diagnóstico, entonces estamos todavía en esta preliminar, cosa de poder tomar las mejores acciones para poder desarrollar nuestros servicios".
2016 comenzaron los ataques a los tribunales de la comuna, aseguraron desde la Asociación de Magistradas y Magistrados.