Por Karlyng Silva Leal

Mientras que desde la Asociación de Magistrados en la Región del Biobío valoran la evaluación de estudiar más medidas de protección para los funcionarios del Poder Judicial en la comuna de Cañete, tanto el Gobierno como sectores productivos manifestaron su desacuerdo en torno a su aplicación, apuntando a una señal negativa para la ciudadanía y trabajadores que día a día deben enfrentarse a la incertidumbre debido al escenario de violencia rural en la Provincia de Arauco.

Durante la tarde de ayer, el Poder Judicial inició una mesa de trabajo para evaluar la seguridad de los funcionarios que trabajan en Cañete, luego de conocerse el informe elaborado por el ministro visitante de la Corte Suprema, Arturo Prado, en el marco de los delitos que ocurren de forma reiterada en la provincia. En la instancia participó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Matilde Esquerré, el ministro visitador y todas las asociaciones de funcionarios, incluyendo a jueces de la comuna en evaluación.

Al respecto, el juez Leonardo Llanos, presidente de la Asociación de Magistrados en la Región, valoró la instancia como una muestra de preocupación e interés. "Es evidente que la situación en Cañete es sumamente compleja, para toda la comunidad, no solo para los jueces y funcionarios. Sin embargo, creemos que esto no solo queda en Cañete, sino que abarca a toda la provincia, sobre todo en Lebu y también, eventualmente, en Curanilahue", manifestó.

A raíz del informe, la Corte Suprema dictó una serie de directrices, entre ellas que los funcionarios judiciales de la comuna realizarán sus actividades en la modalidad del teletrabajo mientras sea posible, que se ejecuten coordinaciones con las policías, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para abordar el problema de seguridad en conjunto. A esto se suma que se analizará la posibilidad de asignar un bono por trabajar en zona de riesgo y contratar seguros de vida y patrimonio.

Sobre esto, el magistrado Llanos manifestó que entre los colegas del área se ha presentado la opción de que estas condiciones se extiendan para toda la provincia, refiriéndose a que "todos los tribunales pueden tener ciertos problemas de seguridad, son ineludibles y van de la mano con la función, pero nunca nada se compara con lo que están viviendo permanentemente los tribunales de la Provincia de Arauco y los de Malleco".

INSEGURIDAD

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (AcoforAG), René Muñoz, lamentó la implementación de estas medidas, señalando que se abre el debate sobre los ciudadanos de primera y segunda categoría. "La pregunta es ¿quién se preocupa por los trabajadores, ya sean forestales, comerciantes, de todas las personas que están sufriendo día a día? ¿hay medidas de protección para ellos?", cuestionó.

Además, Muñoz se refirió al eventual pago de bonos por concepto de zonas peligrosas aludiendo a la promoción de un "sobresueldo". "Ellos deberían preocuparse de solucionar y aplicar la justicia, si lo hicieran no tendríamos los problemas que tenemos, porque la justicia es lenta, tiene puerta giratoria (...). Veamos los problemas internos y luego pidamos regalías y condiciones especiales, pero hoy día creo que los tribunales no han hecho el trabajo y están al debe", manifestó el representante.

Por su parte, el coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, calificó estas iniciativas como una señal negativa por parte del Poder Judicial hacia la ciudadanía, considerando que el temor de los funcionarios es el mismo que seguramente sienten los más de 150 mil habitantes de la provincia frente a la inseguridad por los hechos de violencia que se han intensificado en los últimos meses.

Coloma comentó: "No me parece que los funcionarios judiciales deban tener un trato preferencial ni destinarse recursos que son siempre escasos para adoptar medidas. De hecho, uno de los temas que limita fuertemente las capacidades operativas de Carabineros en la zona son las medidas de protección establecidas por el Ministerio Público y por los Tribunales de Justicia respecto de particulares".

RESOLUCIONES

El coordinador regional de la Macrozona Sur manifestó que "más allá de solicitar medidas especiales para operar, lo que debería hacer el Poder Judicial es concentrarse en colaborar en su ámbito de acción (...). Resoluciones dictadas por esos mismos tribunales no resultan entendibles, pues lejos de colaborar en controlar y erradicar la violencia que se sufre en la Provincia de Arauco, van en el sentido contrario".

Coloma expuso como ejemplo un reciente caso en que la entonces Intendencia y la Fiscalía solicitaron la internación provisoria para un adolescente, habitante del sector de Antiquina en Cañete, que fue detenido por posesión de una camioneta robada, arma de fuego, munición y placa de Carabineros previamente sustraída. Recordó que, pese a los hechos, el Juzgado de Garantía de Cañete negó la petición, tras lo cual el imputado se encuentra hoy prófugo de la justicia.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma y, en sentencia de reemplazo, confirmó la resolución de primer grado que condenó al Fisco a pagar una indemnización de $15 millones por concepto de daño moral al padre de Antonia Garros Hermosilla, joven que se quitó la vida en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar a cargo de dos funcionarios de Carabineros en febrero de 2017, en un edificio de la comuna de Chiguayante.

El hecho ocurrió tras una denuncia realizada vía telefónica, en que se advertía que la joven estaba siendo agredida por su pareja y que incluso había intentado lanzarse dos veces desde el piso 13.

En la sentencia,, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Mario Carroza y las abogadas integrantes María Cristina Gajardo y Pía Tavolari- estableció que los policías incurrieron en omisiones negligentes inexcusables al no apegar su actuar a los protocolos y normas legales sobre violencia intrafamiliar, lo que podría haber evitado la muerte de la joven.

La resolución, dada a conocer ayer, detalló que Carabineros calificó la denuncia recibida como de violencia intrafamiliar de manera correcta, para luego adoptar el procedimiento correspondiente que establece un protocolo de actuación ante este tipo de denuncias. Se explicó que la norma indica "que en caso de no existir delito, se debe prestar ayuda y protección directa a la víctima, verificando la situación de riesgo para accionar mecanismos de protección".

En este sentido, "existieron omisiones negligentes que determinaron la ocurrencia del desenlace fatal, en otros términos, el actuar de los funcionarios policiales fue equivocado, puesto que de haber seguido estrictamente el protocolo, se habría podido impedir que Antonia Garros se suicidara".

Dentro de las acciones que los magistrados estimaron negligentes se encuentran el haber confrontado a la joven nuevamente con su pareja para tomarles declaración, lo que se califica como innecesario, y que tampoco debió ser conducida nuevamente al departamento, ya que no era su domicilio.

El fallo concluye que "se puede constatar una omisión culpable en el actuar de Carabineros de Chile, constitutivo entonces de una falta de servicio que el organismo público debió otorgar, que generó daños".

El fallo detalla que hubo situaciones negligentes, como volver a enfrentar a la joven con el agresor de forma innecesaria.

Durante 2020, la Región del Biobío sumó 40 personas fallecidas a causa del exceso de velocidad en siniestros viales. En la actualidad, en la zona han aumentado los accidentes y por esto el Ministerio de Transportes está reforzando los controles de velocidad junto a Carabineros para recordarle a los conductores que el límite de velocidad en zona urbana es de 50 kilómetros por hora.

El seremi de Transportes, Jaime Aravena, informó que "el objetivo es profundizar y recordar el límite de velocidad de 50 km/hr en zona urbana. Recordar que cerca del 30% de quienes pierden la vida en siniestros de tránsito corresponden en algún grado al exceso de velocidad, de ahí la importancia de reiterar el llamado a respetar las velocidades establecidas".

Explicó que con el aumento del flujo vehicular en las comunas la congestión no permite el exceso de velocidad y por lo tanto esta situación se trasladó a las rutas de llegada, por querer llegar más rápido y acortar tiempos detenidos en los atochamientos. "Ninguna de esas razones justifica el no respetar los límites de velocidad, por lo tanto, ahí vamos a estar junto a Carabineros para educar, pero también para fiscalizar y sancionar", sostuvo.

Las infracciones asociadas al exceso de velocidad son entre 0,5 a 3 UTM dependiendo si se excede 10 kilómetros por hora o sobre los 20 kilómetros por hoy, respectivamente.