Una nueva polémica se abrió entre el gobierno y la oposición luego de que algunos comerciantes de ferias libres advirtieran dificultades para acceder al bono de $1 millón para las pymes, aprobado por el Congreso en el marco de la agenda de mínimos comunes.

Los problemas se suscitaron por la exigencia de tener iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), a pesar de que la norma aprobada señala que "se entenderá que los microempresarios pertenecientes al rubro de ferias libres son beneficiarios del bono establecido en el artículo 1 de esta ley por el solo hecho de tener el permiso municipal respectivo al día".

Desde la oposición acusaron al Ejecutivo de hacer una interpretación errada de la ley para "negar" el beneficio a unos 50 mil feriantes. La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), calificó el hecho como "una tinterillada. Esto es una muestra de una situación que es muy abusiva porque esto no se lo hacen a los grandes empresarios".

"No es posible que el gobierno le dé un portazo a miles de feriantes que hoy tienen solo permiso municipal", manifestó por su parte la senadora Adriana Muñoz (PPD) y emplazó al gobierno a "cumplir su palabra.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó que el problema se originó en la redacción de la indicación que incluyó a los feriantes, presentada por el diputado Daniel Núñez (PC), al incluir la palabra "microempresarios". Esto, porque dicho concepto está contemplado en la legislación chilena y se refiere a empresas formales, que tienen un giro e iniciación de actividades.

Por Redacción

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que realizará sumarios en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y en Carabineros, luego de detectar una serie de irregularidades relacionadas con la inscripción de armas.

Las anomalías, entre las que se cuenta el registro de armamento a nombre de personas con antecedentes penales, fallecidos y menores de edad, fueron encontradas en el marco de una auditoría realizada a la DGMN, correspondiente al año 2018.

Según la revisión de la Contraloría, hay 22.987 personas con antecedentes penales que mantienen armas vigentes e incluso una parte de ellas ya tenían esta condición al solicitar la inscripción. "Durante la investigación también se determinó que la DGMN autorizó a 5.976 personas a inscribir armas aun cuando tenían antecedentes penales al momento de realizar este trámite", dice el informe.

El ente fiscalizador también halló 9.088 armas que se encuentran registradas bajo la denominación "Rut cero", lo que significa que la entidad auditada "desconoce el rut, identificación o domicilio de quienes las poseen", de acuerdo a lo informado por la CGR.

Por otra parte, se detectaron 1.083 armas de fuego inscritas por "individuos que no eran mayores de edad", pese a que la Ley de Control de Armas exige ser mayor de 18 años para realizar el trámite.

En tanto, el análisis realizado por la Contraloría también constató la existencia de 132.921 personas fallecidas con 182.898 inscripciones de armas vigentes al 31 de diciembre de 2018, fecha en que culmina el periodo revisado por el organismo.

Además, 72 civiles figuran con armas inscritas a sus nombres en una fecha anterior a su nacimiento.

En algunos casos, las irregularidades se relacionan con la documentación presentada para realizar la inscripción. Por ejemplo, se detectó que 316 certificados de aptitudes físicas y psicológicas fueron emitidos por 7 personas que no poseían el título de medicina. Otros 129 profesionales que otorgaron certificados no tenían la especialidad de psiquiatría adulto, según lo señalado en el informe.

Dado que en el proceso de inscripción intervienen la DGMN y Carabineros, la Contraloría instruyó a ambas instituciones que realicen "las acciones pertinentes en cada una de las actuaciones, regularizando o cancelando las inscripciones, y efectuar las denuncias al Ministerio Público en caso que proceda".

Independiente de lo anterior, además de iniciar sumarios la CGR ya envió los antecedentes a la Fiscalía.

60 DÍAS PARA ACLARAR CASOS OBJETADOS

La Contraloría dio 60 días de plazo a la DGMN y Carabineros para presentar la documentación en casos de deportistas, donde se permite la inscripción a menores de edad "debidamente registrados por sus representantes", pero cuya condición no fue debidamente acreditada. También se dio este plazo para aclarar la situación de algunos coleccionistas y personas que practican la caza, que figuran con cantidades de armas que superan el límite permitido.