Por Alma Canales Silva

Financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la enfermedad covid-19, así como entregar una indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus SARS.CoV2.

Eso es lo que permitirá el seguro de salud que, a partir del 5 de julio, las empresas tendrán que tener contratado para los empleados que trabajen en modalidad presencial o semipresencial. Este beneficio se incluyó en la Ley 21.342, que establece un protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, publicada el 1 de junio.

Sintia Leyton, seremi del Trabajo, mencionó que el objetivo de la normativa es entregar mayor herramientas a los trabajadores y las empresas para que, tal como lo dice la normativa, el retorno a los puestos de trabajo se realice de mejor forma.

Desde la Asociación de Empresas del Biobío, Asem, y la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC) Concepción valoraron la estrategia, ya que es una protección para los trabajadores. Indicaron, además, que el costo del seguro es bajo, por lo que su impacto en las finanzas de las empresas no será grande.

Sin embargo, expusieron que aún tienen algunas dudas respecto a la implementación de este seguro, sobre todo en lo que tiene que ver con la implementación de otras normativas.

Preocupaciones

"El seguro es bien específico y por eso de bajo costo. Es un aliciente para que las personas vayan a trabajar. En el comercio, por ejemplo, podrá ayudar a recuperar la posibilidad de que los negocios vuelvan a los niveles iniciales, antes de la pandemia", postuló Ronald Ruf, gerente general de la CPC Concepción.

Mencionó que si bien existe una visión transversal de que este es un buen beneficio, también hay algunas dudas respecto a la aplicación de la normativa.

"Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que no son esenciales si entramos en cuarentena? ¿Esto significa que los trabajadores con seguro podrán salir a trabajar? Porque las empresas no esenciales son muchas más que las esenciales", planteó. Añadió que lo que falta también es explicar cómo este seguro ayuda en la recuperación económica.

Para Humberto Miguel, presidente de Asem, otra duda es la interacción de este seguro con los accidentes del trabajo. "No sabemos si con esto se elimina la enfermedad laboral", complementó.

Tampoco, añadió, hay claridad de qué sucede cuando el trabajador se ausenta por mucho tiempo, sobre todo si esto está vinculado a una licencia médica.

La seremi Leyton explicó que en el caso de las enfermedades laborales, el seguro cubre materias que no aborda esa normativa, como los tratamientos posteriores a la internación. Por tanto, ambos son complementarios.

En cuanto a la cobertura de la póliza, planteó que el contrato dura un año, lo que implica que la cobertura dura esa misma cantidad de tiempo, independiente de si hay cuarentena o, incluso, si el funcionario se cambia de empleo.

"Me han preguntado mucho qué pasa con las contrataciones temporales y si una empresa toma a un trabajador con el seguro. En ese caso, el trabajador ya está cubierto", expuso.

Beneficiados

La Seremi del Trabajo no tiene una estimación de cuántas personas se beneficiarán con el seguro en la Región. La única cifra que hay es la de ocupados (es decir, personas que tienen trabajo) que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, son sobre 622 mil. Esta información está en el último boletín de empleo, que toma el trimestre móvil febrero-abril 2021.

De ese total, todos quienes cumplan funciones presenciales en su lugar de trabajo (ya sea todos los días laborales o sólo algunos) deben estar asegurados.

Es el empleador quien debe contratar la póliza, que, de acuerdo a la normativa, no superará los 0,42 UF ($12.460). Sin embargo, la oferta disponible en las compañías que tienen el beneficio promedia los $7.500.

En Asem estimaron que unas 5 mil personas estarán afectas a este beneficio. Ya se han contratado los seguros para el 20% de ellos, dijo Humberto Miguel.

El dirigente remarcó que este beneficio será positivo, pero indicó que se trabajó a espaldas de las regiones, lo que generó molestia.

Beneficiarios: Afiliados a Fonasa de los grupos B, C y D y cotizantes de isapre que se atienda en la Red de Prestadores para la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas.

A los asegurados en Fonasa, el seguro indemnizará un monto equivalente al 100% del copago por los gastos de hospitalización. A los de isapre, el seguro indemnizará el deducible de cargo de ellos.

En caso de fallecimiento a causa del covid, se pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento (poco más de 5 millones de pesos).

Con la convicción de que el gremio y los privados tienen un papel protagónico en la recuperación económica, CPC Biobío revisó sus principales acciones y actividades durante el último año en su asamblea anual.

El presidente del gremio, Ricardo Gouët, sostuvo que el papel de la empresa privada ha evolucionado, pasando de ser un agente económico a un actor social que no puede ser un mero espectador de los cambios. "Ya no basta sólo con tener la confianza de la sociedad, sino que hoy se debe ser un actor legítimo para ella, como una instancia con sensibilidad social que sepa equilibrar la defensa de los intereses corporativos y la promoción de una mejora continua en las buenas prácticas empresariales", señaló.

Durante la jornada, se ratificó la renovación parcial del directorio, cuya votación realizada en mayo, incorporó a Pablo Pacheco, de CAP Acero, y David Fernández, de Fepasa. Paralelamente, Gouët agradeció el trabajo realizado por Juan Alberto Arancibia, de DP World Lirquén, y Javier Álvarez, de Pares&Álvarez, quienes cerraron su ciclo como directores del gremio.

PRODUCTIVIDAD

La asamblea tuvo como expositor a Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, quien planteó que es clave conocer cómo se abordará el crecimiento para los próximos años. Hoy Chile se encuentra en la media del Ingreso Per Cápita, con 20 mil dólares por sobre países como Ruanda y bajo 20 mil dólares de Alemania o Noruega, donde pese a que trabajan 500 horas anuales menos que nosotros, son más productivos.

"Eso nos obliga a replantearnos cómo queremos seguir creciendo y qué políticas públicas nos pueden ayudar a lograrlo", indicó.

Argumentó sobre la necesidad de adecuar esas políticas a las necesidades del Chile actual y al aporte que puede significar la redacción de la nueva Constitución, así como también destacó la importancia de implementar un sistema de evaluación permanente respecto a la eficacia y eficiencia de una medida.

Añadió que en países como Estados Unidos, las políticas públicas se evalúan cada cinco años por organismos independientes que asesoran al Congreso. Una tarea que, en cierta medida, cumple en Chile la Comisión Nacional de Productividad, pues tras un mandato del Ejecutivo investiga, analiza y entrega resultados imparciales sobre el tema en cuestión.

Respecto a la actual clasificación por tamaño de las empresas, basada en las utilidades que genera, Bergoeing apeló a la forma de entender el mundo de países más desarrollados en los que el desafío de emprender e innovar está presente de manera permanente.

"En la mentalidad de los países nórdicos, el fracaso es visto como una oportunidad de aprendizaje; los latinos le tememos. Por eso en Chile existen tan pocas empresas "gacela", nos cuesta emprender".

Enfatizó en que, en nuestro país, los mayores avances productivos están asociados a las grandes empresas. "Sin embargo, la pregunta es por qué a las empresas medianas les cuesta crecer y dar el salto en crecimiento. Ese análisis debemos hacerlo".

Bergoeing comentó que las diferencias entre Chile y países de la OCDE respecto a sus ventas es de 2,8% para las grandes y de 1,8% para las más pequeñas.