Regreso al voto obligatorio
La Cámara de Diputados ha aprobado y despachado a la Sala del Senado la reforma constitucional que busca reinstaurar el voto obligatorio como respuesta a la baja participación de las últimas elecciones. Anteriormente, el texto fue aprobado en general, sin embargo, debió volver a la Comisión de Gobierno luego de que diputados de Chile Vamos presentaran indicaciones durante la sesión. La iniciativa ya había sido discutida en enero del 2020, aunque por falta de quórum fue rechazada en esa ocasión.
Es notorio que se ha acentuado la baja de participación de los ciudadanos en cada elección. En los comicios de gobernadores regionales que se efectuaron el domingo pasado en trece regiones del país, sólo el 19% de las personas habilitadas para votar concurrieron a las urnas. Las tres regiones con más baja participación fueron Antofagasta (12,2%); Atacama (12,6%); y Los Lagos (12,7%). Las de más participación fueron Metropolitana (25,6%); Los Ríos (21%) y Arica y Parinacota (18,7%). Las otras regiones tampoco marcaron una muy alta participación: Tarapacá (13,5%); Coquimbo (17,4%); O'Higgins (15,5%); Maule (13,7%); Ñuble (16,2%); Biobío (13,6%); La Araucanía (14%).
Los registros electorales fueron reabiertos en Chile poco antes del plebiscito de 1988, con voto obligatorio. Desde entonces, la participación ha menguado con el correr de los años. La ley 20.568, que reguló la inscripción automática y voto voluntario fue promulgada el 23 de enero de 2012. Con ella se pretendía -supuestamente- resolver el problema de la alta abstención electoral. No obstante, desde los comicios municipales de octubre de 2012, el ausentismo se ha elevado cada vez más y se hace notoria la falta de interés de la ciudadanía por participar en los comicios.
Tras ese cambio, el país registra una escasa presencia cívica. En los últimos comicios presidenciales en diciembre de 2017, Sebastián Piñera fue elegido en segunda vuelta con una presencia del 49,2% del padrón electoral de 14,3 millones de personas. Y el domingo último, menos de dos de cada diez personas habilitadas se interesaron por participar.
Es claro que con el cambio al voto voluntario se mantuvo una tendencia silenciosa, ya que especialmente hay jóvenes que nunca han mostrado interés por votar. ¿Por quién sufragaría ese segmento? Analistas han dicho que difícilmente lo harían en su mayor cantidad por los bloques tradicionales, y ese es el punto más práctico para pensar que un posible regreso de la modalidad obligatoria tampoco genera suficiente consenso.
Pero tal vez el gran tema de fondo es que hay un desencanto y desconfianza de la ciudadanía respecto de la actividad política. Para algunos parlamentarios, pareciera más sencillo recurrir a aspectos normativos que regulen el comportamiento cívico de los ciudadanos, que orientar los esfuerzos hacia un trabajo que permita reencantar al electorado. Cuando hace nueve años los políticos se jugaron por la opción de la inscripción automática y voto voluntario, la vieron como una solución frente al desinterés ciudadano. Pero está claro que ese no era el remedio. Y probablemente el voto obligatorio tampoco resuelva la raíz de problema.
Desde luego que preocupa la baja participación, porque significa que muchas personas se ponen al margen del mecanismo electoral. Tal vez quieren manifestar así su desencanto por la forma de hacer política. No obstante, ello debilita la democracia y da menos sustento y legitimidad a quienes son elegidos. El sistema democrático requiere de coaliciones gobernantes y opositoras fuertes, pero esto se altera si los ciudadanos prefieren quedarse fuera, porque ellos serán los que se beneficiarán o perjudicarán con las iniciativas que aprueben las autoridades. Es necesario enfocarse en la opinión casi generalizada de los electores, que estiman que la clase política no ha sabido enfocarse en los temas que a ellos realmente les interesan.
El tema de fondo es que hay un desencanto y desconfianza de la ciudadanía con la actividad política. Y para algunos parlamentarios es más sencillo recurrir a aspectos normativos que regulen el comportamiento cívico de los ciudadanos, en vez de orientar los esfuerzos a reencantar al electorado.