Por Karlyng Silva Leal

Al menos 94 tomas ilegales de terreno se mantienen activas en la Región del Biobío y una de ellas es la que ocupa el sector de La Peña 2 en Coronel, que se extiende desde hace casi un año. El paño estaba destinado a la construcción de viviendas sociales. Y, en el marco de las acciones legales emprendidas por la firma propietaria del terreno -Empresas Martabid- para la próxima semana se fijó por tercera vez una audiencia de formalización en contra de 72 personas que en las últimas dos instancias no pudieron ser ubicadas ni notificadas.

El abogado vocero de la empresa Martabid, Alvaro Gómez, explicó que ante la toma iniciada el 25 de julio de 2020 en la comuna de Coronel, se adoptaron de inmediato diversas medidas legales, y que tras un largo proceso se avanzó hacia la definición de fechas para las audiencias de formalización.

"Hicimos una denuncia a Carabineros, luego nos querellamos por usurpación en el Juzgado de Garantía de Coronel, también interpusimos un recurso de protección en contra de los mismos pobladores, y otro contra CGE por tolerar que existieran condiciones ilegales de energía, pero ninguna de estas acciones surtió efectos", detalló Gómez.

Por ello, el abogado apuntó a la colaboración de las autoridades, y señaló que no se han hecho parte de la querella interpuesta porque el terreno está destinado a proyectos de viviendas sociales. "Incluso se estaba en la etapa de organizar a los comités de vivienda para la postulación cuando se ejecutó la toma", aclaró.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Sebastián Abudoj, sostuvo que harán todo lo que esté al alcance del Ministerio para cumplir con las personas del comité que esté siendo afectado.

"El criterio del Ministerio es que las tomas son ilegales, innecesarias y además ineficientes, porque no hay condiciones o subsidios especiales para quien recurra a una toma. El llamado es a trabajar en equipo con el Ministerio, sin acciones ilegales de por medio", planteó.

Irregularidades

En el caso de la toma La Peña 2, Gómez explicó que la primera audiencia fijada por el Juzgado de Garantía coronelino fue para el 19 de diciembre de 2020 y que no se pudo realizar por la falta de notificación de las personas a formalizar. Esta situación se reiteró para la segunda fecha fijada en marzo de este año y que en esta tercera instancia tiene fecha para el 17 y 18 de junio. Espera que ahora sí se pueda avanzar la tramitación.

Sin embargo, la situación preocupa al abogado, pues recordó que "hemos podido averiguar que ha habido cambios de personas, algunos se han ido y otros han llegado, incluso hemos encontrado publicaciones en redes sociales donde hay personas que han vendido casas en la toma".

El seremi realizó una distinción entre las 94 tomas que hoy se encuentran catastradas por el Minvu, pues señaló que algunas ya se han convertido en asentamientos habitacionales, mientras que otras responden a la usurpación de viviendas de otros propietarios con la finalidad de generar una medida de presión y obtener soluciones de vivienda.

"Si bien las tomas son ilegales, nosotros no podemos intervenir o apoyar los territorios que están en tomas, pero se puede trabajar con las personas que las ocupan a través de la vía regular, es decir, que formen un comité habitacional y poder desarrollar juntos un proyecto habitacional en otro territorio (...) o bien orientar a las personas que están en esas tomas para que puedan hacer una buena postulación de manera individual", puntualizó Abudoj.

El gobernador de Concepción, Julio Anativia, comentó que ante estas situaciones se está realizando un seguimiento a las instancias de trabajo comprometidas, las cuales consisten en orientar sobre las vías institucionales para acceder a los beneficios de subsidios que tiene la cartera y analizar la situación de cada una de las familias.

"Este trabajo ha consistido en la conformación de un comité formal que se formará durante esta semana, y la próxima semana tenemos además la mesa con el Serviu que permitirá generar esta orientación y un trabajo conjunto", finalizó la autoridad provincial.