Debate sobre retorno a las clases presenciales
Una polémica se ha generado tras el llamado que realizó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a reabrir los colegios en las comunas que no están en cuarentena, con el fin de reanudar las clases presenciales. Lo expresó luego de conocer el resultado del diagnóstico que aplicó la Agencia de Calidad de la Educación, que reveló que los alumnos de sexto básico a tercero medio no alcanzaron el 60% de los aprendizajes en Lectura y Matemática el año pasado, con clases a distancia por la pandemia.
La autoridad señaló que esta situación es crítica y que los esfuerzos que han hecho las comunidades educativas para llevar adelante complejos procesos de educación a distancia son importantes, pero insuficientes. De acuerdo con estudios del Ministerio, sólo el 34% de los colegios que pueden abrir, por estar en comunas en fase 2 o superior, lo han hecho, mientras que en los establecimientos municipales la cifra baja al 15%. A la vez, se considera que se han creado condiciones para comenzar a normalizar los procesos, como fue que se diera prioridad a los trabajadores de la educación en la vacunación contra el covid 19, lo que se cumplió en abril; el avance de algunas comunas en el plan Paso a Paso, dejando atrás la fase de cuarentena, y la baja cantidad de brotes en colegios que retomaron las clases y que simultáneamente fueron rigurosos en la aplicación de los protocolos de prevención.
Según la ONG Educación 2020, el 44% de los alumnos encuentran aburridas las clases a distancia y aprenden poco o nada, lo que resalta la importancia de la presencialidad. De acuerdo con datos de la Seremi de Educación de la Región del Biobío, a mediados de mayo había 174 recintos de instrucción preescolar, básica y media, que estaban con clases presenciales, lo que les ha permitido comenzar a recuperar los aprendizajes perdidos, el trabajo socioemocional y la interacción entre alumnos y sus profesores.
Hace unos días, el rector del Liceo Enrique Molina, de Concepción, Julio González, ha indicado que el deseo de la administración es regresar a clases presenciales, con modalidad híbrida, lo antes posible, aunque no podrá ser antes de mediados de junio en curso, ya que se espera el retiro total del centro de operaciones de la Seremi de Salud del Biobío, que se instaló en el lugar en el contexto de la emergencia sanitaria.
El ministro de Educación ha señalado que en algunas comunas quienes tienen a su cargo la educación pública no han abierto las puertas de sus escuelas para que los apoderados puedan tomar la decisión de enviar a sus hijos, pese a que se cumplieron las peticiones que se le hicieron a comienzos de año y que eran razonables, como el seguro escolar covid 19, la prioridad en el proceso de vacunación a los trabajadores de la educación, y garantizar el cumplimiento de medidas sanitarias. Ha afirmado que algunos alcaldes esperaban la realización de las elecciones y éstas ya se efectuaron por lo que los planteles están en condiciones de reanudar las actividades. "Entonces, no hay excusa para que un sostenedor de la educación pública mantenga su establecimiento cerrado, si su comuna no está en cuarentena", ha afirmado.
Sus dichos causaron polémica en la oposición. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana, advirtió que "si el ministro insiste con esta porfía en el retorno a actividades presenciales sin ninguna seguridad, vamos a empujar una acusación constitucional. Esta idea se ha sociabilizado con algunos colegas y no me cabe ninguna duda de que otros diputados y diputadas también van a empujar esta acusación". Al parecer, el Gobierno apunta ahora a retomar la obligatoriedad de clases presenciales desde julio, después de las vacaciones de invierno, cuando se espera que haya una mayor coincidencias respecto al tema. Hay que considerar la necesidad de recuperar en parte los aprendizajes deteriorados, cuestión que afecta mayormente a la educación pública y que no hace más que abrir cada vez más las brechas ya existentes.
El ministro de Educación ha dicho que no hay excusa para que un sostenedor de la educación pública mantenga su establecimiento cerrado si su comuna no está en cuarentena, ya que se cumplieron las exigencias de vacunar al personal, las medidas sanitarias y se desocuparon los locales de votación.