Por Felipe Cuevas Mora

A inicios de abril, el Ministerio de Educación (Mineduc) organizó el primer encuentro nacional de rectores de instituciones de Educación Superior, instancia inédita para el área y donde se fijaron líneas de trabajo en materia de políticas de Estado.

En la cita, el subsecretario de Educación. Superior Juan Eduardo Vargas entregó un diagnóstico total de la realidad del sistema educacional en todo el país, donde se destacó el alza en recursos estatales asignados al área, se analizó el estancamiento de la matrícula y también otros fenómenos asociados a la pandemia y el estallido social.

En entrevista con Diario EL SUR, Vargas destacó a la Región como uno de los tres focos de desarrollo del área, reuniendo a más de 120 mil estudiantes en treinta planteles: "En la zona, hay una historia detrás de la importancia que tiene en términos de ser una región con una oferta relevante en pre y postgrado, la cual se vincula con instituciones originarias de la Región, que se han mantenido en la zona pese a las posibilidades: la importancia de la Universidad de Concepción es indesmentible".

-¿Qué tan relevante ha sido el rol tanto de las universidades con origen en la zona como aquellas que trasladaron sus sedes desde otras regiones?

-Es clave relevar que el aporte de las instituciones regionales es ampliamente superior al que realiza una sede o campus de una universidad con presencia en otras zonas del país. Además, valoramos la cantidad enorme de instituciones, pero también la calidad de las instituciones disponibles para los habitantes de la Región y de otras regiones; es una zona que atrae a otras personas a estudiar ahí.

-La Región también muestra un alza en la matrícula técnico profesional (TP).

-Como gobierno definimos como prioridad fortalecer la formación TP: Son carreras que ofrecen en una menor cantidad de años una alta empleabilidad y sueldos equiparables a las carreras universitarias, y son más atractivas incluso que estas. Hemos implementado acuerdos de articulación con liceos técnicos para un mejor acceso, además de los marcos de cualificaciones, con la estrategia nacional de formación TP, entre otras medidas.

-¿En qué etapa está el proyecto del Centro de Formación Técnica estatal de Tirúa, que se proyecta comience a funcionar en marzo de 2022?

-Ya llevamos 12 centros que están con actividades académicas, y otros tres por iniciar sus actividades desde 2022. La ley establece estos plazos, y uno de los tres es el de la Región del Biobío, que se ubicará en Tirúa. Al respecto, ya tenemos un rector que requiere ser aprobado su nombramiento por la Contraloría. El proceso culminó en la ADP y resta que su nombramiento sea ratificado por decreto.

RESPUESTA SANITARIA

Durante 2020, los planteles de la Región invirtieron cerca de $20 mil millones para dar una respuesta concreta a la pandemia, y trasladar la formación presencial a plataformas y computadores.

Para el subsecretario Vargas, la respuesta entregada fue calificada como notable, porque "todas las instituciones de educación superior cambiaron sus procesos formativos, pasando de la presencialidad a una virtualidad. Eso significó que los estudiantes, en su gran mayoría, pudiesen continuar de forma prácticamente total".

Además, apunta a que se espera que durante el segundo semestre se pueda retomar la presencialidad, dependiendo de la realidad sanitaria: "Permite la generación de lazos entre estudiantes y estudiantes/profesores, algo importante para atenuar posibles deserciones, cuestión que nos preocupa mucho ya que es previsible que pudiese aumentar por la pandemia".

-¿De qué forma el Estado contribuirá a la compleja situación económica que han demandado los rectores vivir en el último año?

-Tenemos fondos concursables que estarán abiertos nuevamente este año, a través de los que se pueden postular para fomentar áreas estratégicas para la formación virtual, a través del plan de desarrollo institucional y de fortalecimiento a las universidades del Estado. Además, la ley de Presupuesto contempla que las universidades del Cruch puedan acceder a los excedentes del Fondo Solidario, aquellos acumulados que no superen el 25%, haciendo frente a los gastos que ha generado la pandemia en 2020 y 2021, casi $45 mil millones.

ORDEN INSTITUCIONAL

Otro de los puntos relevantes que Vargas destacó tiene relación con la proyección que tendrá la primera cita con todos los rectores, concretada a inicios de abril.

Sobre ello, el subsecretario de Educación Superior apunta a que los comentarios de los rectores fueron positivos, y que también "surge la necesidad de institucionalizar esta instancia, de mantenerla en el tiempo, con independencia de quien sea el ministro o subsecretario de turno".

-¿Se trataría de un órgano colegiado que reemplace a los organismos actuales?

-Estamos viendo de qué forma hacerlo. Es nuestro interés, pero hay que evaluar el camino normativo para hacerlo, pero independiente del camino, podría implicar al menos una reunión de carácter anual. Hay distintos desafíos que son comunes al sistema de educación superior, y la mejor manera de afrontarlos es en conjunto. Son bienvenidos los aportes que hace el Cruch, Cuech, G9, AUR, Vertebral, o CUP, pero todas ellas proveen una mirada relacionada con sus instituciones. Cuando se quiere tener una mirada completa del sistema, se hace necesario que todas las instituciones participen, opinen, den a conocer sus ideas respecto a los desafíos que tenemos como sistema.

A tres años de la puesta en marcha de la reforma a la educación superior, Juan Eduardo Vargas destaca que "la evaluación que hago en términos generales es positiva, porque las leyes dan cuenta de cambios muy importantes. Implementar esos cambios ya es un desafío, porque el espacio de tiempo es súper acotado, y hacerlo de buena forma es un desafío adicional". Detalla que entre los avances se destaca la creación de la propia subsecretaría, la implementación del comité de coordinación SINACES -que permitió anticipar fenómenos o futuros hitos como la conveniencia de postergar la publicación de criterios y estándares de acreditación-, o la implementación de un nuevo sistema de acceso a la Educación Superior.

Sobre la propuesta del Consejo de Rectores de revisar la reforma, añade que "se ha implementado lo que la ley establece dando nuestro propio sello, con una mirada holística donde se valora la heterogeneidad y esperando que los procesos se desenvuelvan completamente antes de que los rectores den su opinión".

CAMBIOS A LA LEY: "LOS PROCESOS DEBEN AVANZAR ANTES QUE LOS RECTORES OPINEN"

En los últimos cinco años, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó 158.358 viviendas a través de los subsidios habitacionales Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y de Integración Social y Territorial (DS19) en todo Chile.

Tras las entregas, se detectó el mal uso de varias de ellas, por lo que se realizó un diagnóstico regional que estableció que en todo el país más de 10 mil viviendas están siendo mal utilizadas. En Biobío se detectaron 723 viviendas que hoy tienen un uso que no es el adecuado.

Para afrontar la realidad que se replica en todo el país, la cartera presentó el "Plan 10.000", iniciativa enfocada en la recuperación de las viviendas que están siendo mal utilizadas, con el objetivo de poder hacer buen uso de ellas y devolverlas a las familias que lo requieran y cumplan con los requisitos establecidos por ley.

El ministro Felipe Ward, aseguró que "a través de esta iniciativa queremos volver a poner a disposición del Minvu la mayor cantidad de viviendas para poder destinarlas a las familias que realmente las necesiten, ya que detectamos que hay muchas que están actualmente deshabitadas o que tienen un uso que no es el que corresponde".

"Este 2021 iniciaremos con fuerza el plan de fiscalización, pero es importante dejar claro que no vamos a desalojar a nadie en este contexto, porque entendemos la difícil situación por la que atraviesan miles de familias en nuestro país producto de la pandemia", añadió.

La categorización de viviendas en mal uso considera que estas deban estar deshabitadas, que sean arrendadas o cedidas por moradores que no sean miembros del grupo familiar declarado por el beneficiario al momento de la postulación, que estén ocupadas ilegalmente, o que se le esté dando un uso comercial a la vivienda.

Desde la cartera solicitaron también que los vecinos realicen denuncias sobre viviendas sociales en mal uso a través de un canal de denuncias (https://denuncia.minvu.cl/), donde pueden adjuntar documentos, fotos o videos como evidencia.

A nivel nacional,

el 7% del total de casas entregadas en cinco años (158 mil) se califican hoy como mal utilizadas.

La diputada por el distrito 21, Joanna Pérez (DC), solicitó al Ejecutivo aplazar hasta el año 2030 el traspaso de los establecimientos educacionales que deben quedar bajo la administración de los Servicios Locales de Educación a partir del próximo año.

La petición, busca asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, impedir los cientos de despidos que podría existir con la implementación de los servicios locales y la protección de los derechos laborales de los funcionarios: "Es un proceso complejo que va desde aspectos formales, como realizar los concursos para proveer los cargos en los nuevos Servicios Locales de Educación, pero también preparar las nóminas de todos los profesores y asistentes de la educación que se traspasaran, sus cargas horarias, tipos de contrato de cada uno, determinar las deudas, asegurar el pago y detallar los derechos adquiridos con los que se traspasaran los trabajadores y trabajadoras".

La diputada añadió que el proceso "debe realizarse de una forma que evite errores, protegiendo así el derecho a la educación de nuestros estudiantes, pero también los derechos laborales de los trabajadores ".