"El proyecto solo se hace cargo de la postergación de deudas, pero no de cómo van a poder cubrirlas"
Según cifras de la firma, más de 7 mil usuarios en Biobío se han sumado a la normativa vigente, pero cerca de 100 mil están expuestos a un corte del suministro, es decir, el 24% de la totalidad de clientes.
El próximo 5 de mayo se contempla el fin de la vigencia de la ley de servicios básicos, normativa formulada a inicios de la pandemia para impedir cortes por no pago y permitir que las familias afectadas por la crisis económica prorrateen el cobro de deudas hasta en 36 cuotas y sin intereses. Eso sí, desde el Congreso ya trabajan en una iniciativa para extender por tercera vez esta medida.
La moción refundida fue aprobada en general esta semana por la Comisión de Economía de la Cámara y se apresta a ser discutida en Sala. La idea central es ampliar de manera excepcional la ayuda hasta el 30 de noviembre.
Dicho panorama, sin embargo, es visto con resquemor por parte de la Compañía General de Electricidad (CGE). Así lo grafica a EL SUR Miguel Castillo, gerente zonal de la firma en Biobío.
EL IMPACTO
-¿Qué impactos específicos observan con esta posible nueva prórroga?
-Lo que ocurre es que llevamos poco más de un año desde la pandemia y la vigencia de la ley ya lleva un período bastante largo. Entonces, los clientes siguen acumulando deuda. Eso es lo que vemos con preocupación. Sentimos que el proyecto que se está planteando solo se hace cargo de la postergación, pero no de cómo después los clientes van a poder cubrir esos recursos (…) Se sigue cargando todo el costo de la medida a las empresas distribuidoras.
-¿Cómo se debería entonces hacer frente a los impagos que podrían seguir acumulándose? ¿Ustedes tienen capacidad para resolver eso?
-Hasta el momento hemos tenido la capacidad y la empresa ha estado con el afán de apoyar a los clientes, pero creemos que es importante empezar a discutir el cómo va a ser después este reintegro. Dado que serán varios los meses de postergación, habrá clientes que independiente de que le posterguemos su pago y se le den muchas cuotas, igual se podrían complicar al realizar el pago final.
-¿Qué camino concreto se debería tomar en ese sentido? ¿Hace falta una actitud más activa del Estado?
-Es compleja la pregunta. Eso sí, puedo decir que, por ejemplo, la normativa eléctrica contempla subsidios, por lo que quizá podría evaluarse que para las familias más vulnerables el Estado pueda proporcionar algún tipo de subsidio, con lo cual ellos puedan pagar parte de la deuda que están generando y el resto prorratearlo en cuotas que a los usuarios sea más fácil de pagar.
-En el caso hipotético de que el actual proyecto no salga adelante y termine el beneficio, ¿qué pasará con las familias que no puedan pagar? ¿Se les cortará el suministro definitivamente?
-Efectivamente, podría haber cortes. En ese caso nosotros buscaríamos seguir reforzando el llamado para que los clientes se inscriban (a la ley vigente) y, quizá, trataríamos de identificar primero a los segmentos de consumo más alto en donde, según creemos, no hay mucha justificación para que hayan dejado de pagar.
BALANCE LOCAL
-¿Qué evaluación hacen de la medida que está vigente? Cuando se estableció la idea de una segunda prórroga ustedes no estaban muy de acuerdo...
-Nuestra evaluación es que, desde el punto de vista del espíritu de la ley, se ha conseguido el objetivo, ya que las empresas que se han sumado hemos sido bastante flexibles. La verdad es que hemos optado por prevalecer que el cliente se mantenga con suministro por sobre otros temas.
-¿Cuántas familias de la zona que son clientes de la CGE han repactado sus cuentas a la fecha?
-En la Región del Biobío tenemos 420 mil clientes. De esos, 7 mil han solicitado inscribirse al beneficio. Ese es un porcentaje muy bajo, así que por eso hacemos el llamado a la comunidad. La cantidad de clientes que hoy tienen deuda y que se podrían ver expuestos a un corte de un suministro alcanzan aproximadamente los 100 mil, es decir, cerca del 24%, algo bastante alto. Esta última cifra es seis veces superior a lo que teníamos en condiciones normales.
DEUDA LOCAL
Si bien no entrega una cifra exacta, Castillo puntualiza que la deuda local registrada hasta el momento a raíz del beneficio "es importante" y que a nivel nacional esta supera los US$ 450 millones, pero considerando todos los servicios eléctricos y sanitarios.
-¿Considera que la iniciativa pudo ser mejor aprovechada por las personas? ¿Faltó quizá un mejor mecanismo de comunicación?
-Puede ser una mezcla de temas. Probablemente, la comunicación no ha llegado tan directamente a todas las personas.
-¿Hay una autocrítica de la empresa? ¿Se pudo haber hecho un mejor trabajo comunicativo?
-Más que autocrítica, lo que hemos visto es que ahora que se acerca el término de la ley hemos querido reforzar el llamado para que la información llegue a todos los habitantes.
La medida tendrá vigencia hasta el 5 de mayo, pero se podrá solicitar beneficios hasta 30 días después. Las firmas tendrán la facultad de normalizar operaciones de corte una vez que se cumpla el primer plazo.