Se aplaza discusión del 10%, mientras La Moneda evalúa alternativa al tercer retiro
Discusión sobre eutanasia retrasó revisión de indicaciones aprobadas el martes en comisión. Desfase le dio tiempo al Ejecutivo para avanzar en propuesta alternativa de Joaquín Lavín que busca permitir retiros del fondo de cesantía.
El acalorado y extenso debate sobre la ley de muerte digna o eutanasia en la Cámara de Diputados, generó ayer un aplazamiento indefinido de la discusión en Sala de los proyectos aprobados el martes por la Comisión de Constitución para un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, uno por la vía de una reforma constitucional transitoria y otro mediante una modificación permanente, en casos de estados de excepción.
También se aprobó en la comisión una indicación para incorporar a pensionados por renta vitalicia en un eventual nuevo retiro hasta por un equivalente al 10% de los fondos traspasados por la compañía de seguros.
Originalmente previsto para ayer, el debate por el nuevo retiro se pospuso para hoy, en definitiva, una vez que se cierre la discusión sobre el proyecto de muerte digna donde aun restaban varias intervenciones de parlamentarios. Lo anterior hace presumir que, a su vez, la votación de la Cámara de Diputados sobre el 10%, que en un inicio se proyectaba para hoy, quedaría para este viernes e incluso para la próxima semana.
ALTERNATIVA
Pese a que se proyecta una aprobación transversal al tercer retiro, tanto de parlamentarios de oposición como oficialistas, el Gobierno ha insistido en contrarrestarlo toda costa. De hecho, en la discusión de la comisión del martes, el Secretario de Segpres, Juan José Ossa, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que de aprobarse, el Ejecutivo llevará la pugna ante el Tribunal Constitucional, como ocurrió en el segundo retiro.
El aplazamiento del debate en la Sala pareció darle espacio a La Moneda para avanzar en una alternativa: la propuesta de recurrir al Seguro de Cesantía y aprobar una norma que permita echar mano a esos fondos, idea que había sido públicamente sugerida por el alcalde de Las Condes y precandidato presidencial, Joaquín Lavín.
La iniciativa, que no ha sido formalmente presentada desde el Gobierno y que la UDI pidió acelerar, contempla un retiro de hasta el 50% de los fondos acumulados en la cuenta individual del fondo de cesantía, con un mínimo de $400 mil y un tope de $1 millón. Si no se alcanza ese mínimo garantizado en la cuenta individual, se complementará usando el fondo solidario, que también forma parte del sistema de apoyo a desempleados.
Según recogió Emol, existe una iniciativa parlamentaria en esa línea, desarrollada por los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN), que podría eventualmente ser ingresada y apoyada por sectores del oficialismo; sin embargo, el Ejecutivo no lo ha patrocinado y aún analiza los escenarios respecto del avance del proyecto del tercer retiro en la Sala.
Con todo, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, y su par de Segpres ya iniciaron gestiones con parlamentarios oficialistas, partidos de ChileVamos e incluso precandidatos presidenciales del sector, para sondear un eventual apoyo a una moción de retiro desde el fondo de cesantía.
DEL "BOICOT"AL"BUZÓN"
En este punto, el diputado Vlado Mirosevic, quien promueve el proyecto de muerte digna (ver nota inferior), anticipó que posponer el debate es parte de un"boicot" de "los conservadores que lograron que hoy día (ayer) no se vote el proyecto de eutanasia. Es un boicot también en contra del proyecto del retiro del 10%. Intentan enredar la cosa de manera de que no se vote el 10% mañana (hoy)".
Más tarde, en una actividad conjunta, la presidenta del Senado (DC), Yasna Provoste, y su par de la Cámara, Diego Paulsen, (RN) llamaron al Ejecutivo a presentar nuevas iniciativas de ayuda económica a la población por la pandemia y pidieron que el Parlamento no sea un "buzón", sino partícipe en las decisiones del país.
VOTAN IMPUESTO A "SÚPER RICOS"
La Comisión de Constitución discutió ayer el proyecto de impuesto a los altos patrimonios y aprobó una indicación que establece un impuesto transitorio de 2,5% a grandes fortunas personales (sobre US$ 22 millones). Además, se incluyó un aumento transitorio de 27 a 30% del impuesto a grandes empresas y la eliminación temporal de exenciones tributarias. Pese a que el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad, la discusión continuará con la revisión de la iniciativa del oficialismo.