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En la comuna de Tirúa, la localidad de Quidico es el segundo sector con mayor población urbana y, según cifras del Censo 2017, allí habitan 1.017 personas y existían hasta entonces 508 viviendas. No obstante, desde 2019 se ha registrado el siniestro de 56 de estos inmuebles, es decir, una de cada 10 casas ubicadas en la zona ha sido destruida por ataques incendiarios.

A esta cifra se llegó la noche del lunes, luego de que desconocidos quemaran cuatro viviendas deshabitadas en la localidad, además de otros actos de violencia que durante este año se han vuelto recurrentes en la zona, pese a las medidas de prevención que se han tomado desde la Coordinación de la Macrozona Sur.

El gobernador de la Provincia de Arauco, Óscar Muñoz, detalló que debido a los actos "de extrema violencia" que se han desarrollado en Quidico y que han aumentado desde principios de este año se "requieren medidas extraordinarias y un plan especial para dicha localidad", las cuales hasta ayer se mantenían en coordinación a partir de reuniones entre las autoridades.

ATAQUES CONSTANTES

Todo partió cerca de las 16 horas del martes en Quidico, cuando un grupo de personas que según vecinos se les conoce como los "Huelleros" y que se relacionan con distintos actos delictivos en la zona intentaron tomarse seis viviendas en la calle Vista Hermosa, ante la resistencia y forcejeó con los vecinos, una de las mujeres del grupo que estaba armada resultó herida.

En aquel estado fue llevada al Cesfam de Tirúa, donde su familia y un grupo de personas amenazó a los funcionarios del recinto por demorar en la atención. Finalmente, la mujer fue trasladada hasta el Hospital Provincial de Curanilahue.

Más tarde se registró el ataque armado contra el Retén de Carabineros de Quidico, y aunque no hubo lesionados, el inmueble terminó con daños en su frontis e interior. Paralelamente, con árboles cortaron las rutas en Palos Blancos y Tranaquepe, intentando impedir el acceso de apoyo tanto de personal policial como de Bomberos para controlar la situación.

Según Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico, la quema de las viviendas fue parte de una represalia de parte de estos grupos que intentaron usurpar las viviendas en el sector de Vista Hermosa.

"Las casas están desocupadas y no se trata de cabañas de veraneo, muchos de los vecinos trabajan afuera, ya sea por la pandemia o porque en la zona no hay trabajo y aunque dejan sus casas con llave estos tipos llegan, las desvalijan y las queman", explicó Fuentealba. Agregó que cuando ocurren estos siniestros el peligro de propagación aumenta por las condiciones geográficas y climáticas de la caleta.

PARO EN SALUD

Según indicó la Municipalidad de Tirúa a través de un comunicado, los funcionarios de la salud de la comuna en su conjunto comenzaron desde ayer un paro indefinido, principalmente por ser víctimas de amenazas individuales, violencia y amedrentamientos en su lugar de trabajo e incluso, como se ha evidenciado en otras ocasiones, cuando se trasladan hasta aquellos recintos para cumplir sus labores.

Pese a esta paralización, se continuarán atendiendo las urgencias vitales en el cesfam Isabel Riquelme de Tirúa y del resto de las postas rurales, pero en el Cecosf de Quidico se mantendrán las atenciones completamente detenidas. El municipio hizo un llamado a la comprensión y apoyo de la comunidad, ya que se trata de una medida extrema para llamar la atención sobre la compleja situación del personal.

El presidente del Colegio Médico Regional del Biobío, Germán Acuña, manifestó la preocupación y angustia por las condiciones de seguridad de los profesionales que trabajan en Tirúa y la zona de Quidico principalmente.

Al respecto sostuvo que en una visita del ministro del Interior hace dos meses se propusieron mejoras que hasta la fecha no han sido ejecutadas.

Miguel Canales, director (s) del Servicio de Salud Arauco, sostuvo que se está trabajando en el plan de seguridad que busca mejorar paulatinamente los accesos, sistemas de iluminación, blindaje y vigilancia. En los hospitales de Cañete y Contulmo ya están en su primera etapa, mientras que, sobre el Cesfam de Tirúa, bajo administración municipal, se espera la disponibilidad de los recursos sectoriales para ejecutar las medidas.

Subsecretario vincula hechos con incautación de Traiguén

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, condenó los hechos de violencia que se registraron el martes en Tirúa, que dejaron como resultado cuatro viviendas quemadas y un ataque armado a un retén de Carabineros, que calificó como "de la mayor gravedad".

Según la autoridad, "estas personas, claramente, lo que pretenden es causa temor en la población de Tirúa, de Quidico, de poder llevar adelante una vida tranquila. Creen que, a través de la violencia, pueden solucionar sus problemas".

"Ninguna violencia va a inhibir que la justicia actué y parte de nuestro rol para ejercer el control en la macrozona sur es que aquellas personas que están detenidas como consecuencia de una investigación criminal sean juzgadas", agregó.

Si bien señaló que los antecedentes sobre los hechos son "muy preliminares", vinculó la presencia de armas en el ataque "con la incautación que se le hizo de armas de fuego y municiones de alto calibre a un funcionario judicial en la comuna de Traiguén".

Quidico es conocida por ser una caleta de pescadores artesanales ubicada en el sector norte de la comuna de Tirúa y también por su condición de balneario, lo que explica la existencia de decenas de casas de veraneo. En el plano histórico, fue parte de un antiguo lof, formado por familias lafquenches. Durante la Ocupación de La Araucanía -en 1865- se levantó allí un fuerte y en 1870 se instaló la Sociedad de Minas de Carbón de Arauco.

Ataques ocurridos este año en la localidad

5 de enero

Vecinos del sector Palo Blanco informaron que a eso de las 7 de la mañana un grupo de encapuchados se tomaron un predio y robaron unos 70 vacunos. Decenas de los animales fueron encontrados después acribillados.

12 de enero

Una vivienda resultó destruida por la acción del fuego tras un atentado incendiario registrado durante la madrugada. Vecinos reportaron que antes y después del ataque se sintieron disparos en el sector.

19 de enero

Un grupo de desconocidos incendió un inmueble situado cerca del cementerio de la caleta. Los vecinos de la localidad nuevamente reportaron haber escuchado ráfagas en medio del atentado.

21 de enero

Dos viviendas fueron quemadas en el quinto evento de estas características en lo que iba del año. Los hechos ocurrieron en la avenida costanera y en el sector sur de la localidad, afectando a viviendas de veraneo.

A casi dos meses de la desaparición del menor Tomás Bravo en Caripilún, aún no se ha logrado determinar la causa y data de muerte a través de los diversos exámenes que se han realizado. No obstante, desde la Fiscalía Regional del Biobío comunicaron que el cuerpo del niño será entregado a su familia el próximo viernes 23 de abril, mientras se continúa a la espera de los resultados pendientes.

Por primera vez desde que la Fiscalía abrió el caso del menor, ayer se citó a ambos padres, Estefanía Gutiérrez y Moisés Bravo, para entregarles los resultados de una parte de los exámenes que se han realizado por diversas instituciones.

La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, al ser consultada por el avance de la indagatoria, señaló que "hay más de una persona que está siendo investigada como sospechosa".

Agregó que "la línea de investigación de intervención de un tercero incluye a Jorge Escobar (tío abuelo del menor) y a otros sospechosos y en esa línea hemos tenido avances (...) cuando estemos seguros de quién es, haremos lo que tenemos que hacer".

Además, en la instancia en que participaron todas las partes involucradas como los querellantes, defensa y los mismos padres del niño, se les informó que hasta el mediodía del viernes tienen plazo para solicitar o proponer alguna pericia extra antes de que el SML entregue el cuerpo.

El defensor regional, Osvaldo Pizarro, quien representa a Escobar, aseguró que con los antecedentes entregados no existe evidencia científica y seria en contra del familiar y señaló que "frente a la ausencia de prueba irrefutable es probable que pidamos el sobreseimiento definitivo por inocencia en la oportunidad pertinente".

INVESTIGACIÓN ABIERTA

En esta oportunidad se entregaron los resultados de una histopatología de la autopsia, una histopatología bucal, un informe de entomología proveniente de Labocar y algunos otros informes más específicos que provienen del SML. No obstante, la persecutora señaló que se decretó una nueva pericia entomológica a cargo de una universidad, para ampliar las conclusiones de los exámenes ya realizados.

En este escenario la fiscal reconoció que los resultados de las pericias deben ser interpretados, ya que hasta el momento no habría suficiente evidencia para generar alguna hipótesis, por lo que no se asegura ni descarta ninguna línea investigativa.

Además, enfatizó que el caso tiene complejidades en todos los órdenes, desde la participación o no de terceras personas hasta la data de muerte, señalando que no se trata de una situación normal, pero que "tampoco es un escenario imposible ni el crimen perfecto o esas cosas. Hay que trabajar más".

La fiscal reconoció que las pericias deben ser interpretadas, y que no hay suficiente evidencia para plantear hipótesis.

El Juzgado de Letras y Garantía de Santa Juana decretó ayer la prisión preventiva de P.A.P.P., imputado por el Ministerio Público como autor del delito de violación, hecho ocurrido en enero pasado en la comuna.

En la audiencia de formalización, la magistrada Karina Luna Angulo ordenó el ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío de P.A.P.P., por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y el resultado de la investigación.

De acuerdo a lo constatado en la investigación, el hecho se produjo durante una reunión en un camping, donde la víctima, de 25 años, fue agredida mientras dormía y, posteriormente, como consecuencia de lo sucedido habría tomado la decisión de suicidarse. La magistrada agregó que, "además de considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, por la gravedad del hecho y de la pena que tiene asignada, se consideró que su libertad ponía en peligro el resultado de la investigación, ya que se acreditó que el imputado manipuló u borró cierta evidencia".