La relevancia del Puente Industrial
El viernes recién pasado se conoció la resolución del Panel Técnico de Concesiones, que entregó un pronunciamiento favorable al acuerdo para la contratación de inversiones adicionales y modificaciones de las obras requeridas por efecto de los estudios de riesgo sísmico ejecutados en el proyecto de Puente Industrial.
De esta forma, se comienza a destrabar una iniciativa que aspira a ser uno de los iconos de la reactivación de las megaobras públicas -tan necesarias, pero a la vez esquivas en el último tiempo para el Gran Concepción- con la consiguiente generación de empleos y el esperado impacto favorable en materias vinculadas al adecuado desplazamiento de personas y carga a través de las vías del área metropolitana.
El Panel Técnico de Concesiones es una institución creada por ley, autónoma e independiente creada el año 2010 por la Ley N° 20.410 -que modificó la ley de concesiones de Obras Públicas y su reglamento- cuya atribución es emitir recomendaciones respecto de las discrepancias que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión.
Fue en el marco de esa responsabilidad que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la sociedad concesionaria Puente Industrial S.A. habían solicitado su pronunciamiento, debido a que a partir de los estudios de riesgo sísmico se debieron ajustar los proyectos de ingeniería de las obras. Así, las nuevas inversiones, sumadas al total dispuesto durante la etapa de construcción del contrato, superan el 25% el presupuesto oficial de las obras.
En ese contexto, el viernes la instancia entregó su recomendación favorable al aumento presupuestario de un 36,8% del proyecto, lo que implica una diferencia de 1.627.405 UF, con lo que el monto actualizado del proyecto asciende a las 6.047.405 UF.
Cabe recordar que el contrato de concesión fue adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas el año 2014, luego de varios años de bastante "lucha" para que esto se concretara. En efecto, ya el año 2006 el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la Región definía a este viaducto como una obra imperativa para la zona, como parte de la planificación de la ruta logística interportuaria.
Por consiguiente, resulta llamativo que después de tanto tiempo recién en 2021 se pueda tener fundadas esperanzas en el real inicio de las obras, luego de que a fines de 2018 se consiguiera la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tras un extenso proceso de tramitación.
La iniciativa considera la construcción de un viaducto que atraviesa el río Biobío a la altura de su desembocadura, con una longitud estimada en 2,53 kilómetros. Además, desarrolla su trazado a través de las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz, contemplando la construcción de una nueva vía en dos calzadas de dos pistas por sentido en el sector entre el nuevo Enlace Costanera, en el empalme con avenida Costanera, comuna de Hualpén, y el nuevo Enlace Los Batros, en el empalme con la Ruta 160, comuna de San Pedro de la Paz.
De esta forma, se busca que a partir de su puesta en operación -prevista para mediados de 2024- se cumplan los objetivos de mejorar la conectividad entre ambas riberas del Biobío y potenciar las rutas asociadas a zonas productivas, disminuir los tiempos de viaje, en combustible y desgaste de vehículos, evitar la circulación de camiones por zonas residenciales, mejorar las condiciones de circulación en otros puentes y aumentar la seguridad vial.
Asimismo, se prevé que si se concreta el inicio de las obras para este año se produciría un efecto importante en la generación de empleos en la Región, contribuyendo con la reactivación económica en una zona fuertemente golpeada por la pandemia de covid-19. Se calcula que la generación de puestos de trabajo -como promedio mensual entre los años 2022 y 2023- estaría en torno a los 2.300 y 1.500 cupos, respectivamente.
Ahora bien, no se puede negar que un proyecto de infraestructura de esta magnitud genera dudas y cuestionamientos en sectores de la comunidad -especialmente aquellos por donde está definido el trazado de la vía que acompañará al viaducto- por lo que es importante que se considere esos legítimos planteamientos y -de recibir las aprobaciones medioambientales de acuerdo a la legislación vigente- incorpore adecuadas medidas de mitigación y compensación. De otro modo, sería imposible que se avance en iniciativas cuyo balance de beneficios es sin duda muy alto.
En ese orden de cosas, se debe destacar que el proyecto considera medidas ambientales que van en beneficio del Humedal Los Batros -declarado Santuario de la Naturaleza a principios de 2020- y se asegura que no habrá afectación de sus características naturales.
Asimismo ha sido consignado que la construcción y operación del proyecto generará la pérdida de tierras cultivables en San Pedro de la Paz, por lo que se propuso una medida compensatoria que está en fase de implementación y cumplimiento, lo que implica la producción de hortalizas en sectores con condiciones físicas similares a las actuales.
Considerados todos estos factores es importante recalcar la necesidad de que los responsables de megaobras como el Puente Industrial puedan establecer relaciones de "buena vecindad" con quienes de alguna forma se vean afectados con su ejecución y puesta en marcha, para evitar nuevas trabas y postergaciones que pueden comprometer el avance de proyectos muy necesarios para la Región.
Resulta llamativo que después de tanto tiempo recién en 2021 se pueda tener fundadas esperanzas en torno al real inicio de las obras, luego de que a fines de 2018 se consiguiera la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tras un extenso proceso de tramitación. No hay que olvidar que se trata de una iniciativa que ya estaba en los planes de desarrollo territorial del año 2006.