La fiesta terminó, abruptamente, la noche del sábado en Miami Beach, una de las localidades más turísticas de Florida y en cuyas calles miles de turistas -en su mayoría jóvenes- se habían volcado esta semana en las denominadas "vacaciones de primavera" o "Spring Break".

El alcalde de la localidad, Dan Gelber, decretó estado de emergencia y toque de queda luego de varios días de desborde en las playas, bares y principales avenidas de la ciudad, en particular Ocean Drive y South Beach, que permanecían abarrotadas de gente pese a que Estados Unidos sigue haciendo frente a la pandemia.

Desde las 20 horas, además, se cerraron los tres principales puentes de acceso a la ciudad isleña -salvo para residentes, trabajadores y huéspedes de hoteles- y se prohibió el consumo de alcohol en los balnearios.

Un amplio dispositivo policial, que incluyó vehículos antidisturbios, debió desalojar las avenidas en medio de protestas de los veraneantes, en su mayoría sin mascarillas ni respetando el distanciamiento social. Entre jueves y viernes, de hecho, los disturbios se hicieron inmanejables, con varios restaurantes y mobiliario público destruido, lo que motivó la actuación de equipos SWAT.

Según informó AP, las empresas de turismo y gastronomía de Miami Beach -ciudad de 92 mil habitantes- se habían preparado con antelación para atraer turistas durante esta semana, como una forma de impulsar la alicaída actividad local, enfatizando el respeto a las medidas de prevención anticovid, pese a que el Estado de Florida bajo la gobernación del republicano Ron DeSantis, no ha aplicado restricciones como uso de mascarillas o aforos máximos en restaurantes y bares.

Los gremios turísticos locales habían invertido más de USD 5 millones en su mayor campaña publicitaria en 20 años, lo que se vio empañado con los disturbios que obligaron a las estrictas restricciones, cuya continuidad se evaluaría durante la jornada de ayer.

"Claramente el volumen de gente ha sido mayor al de otros años. Creo que en parte se debe a que hay pocos lugares abiertos en el resto del país", dijo el alcalde.

Por Agencias / Redacción

Una cerrada defensa a la gestión de la compleja crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos en la frontera con México hizo ayer el Gobierno del presidente Joe Biden, días después de su polémico llamado a los ilegales que aspiran a cruzar el límite: "No vengan".

Las críticas y la presión internacional por una solución aumentan, mientras el boom de ilegales pasando la frontera -y en particular de menores de edad sin acompañantes- no ha parado de crecer. Hasta el sábado había 5.049 niños y adolescentes bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) -de un total de 9.830 inmigrantes de todas las edades retenidos- y otros 9.562 al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

En febrero la cifra de niños y jóvenes detenidos sin sus padres llegó a 9.457, mientras que en enero fueron poco más de 5.800, lo que releva la explosión del fenómeno. Comparados con el promedio de menores retenidos en los pasos durante la administración Trump -unos 2.600 mensuales-, la situación es crítica.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, máxima autoridad de inmigración en EE.UU., reiteró el llamado a los migrantes a no viajar hacia el país. En una ronda de entrevistas por medios como CNN o NBC, señaló que "estamos animando a los menores para que no vengan. Ahora no es el momento de venir. No vengan, el viaje es peligroso, estamos construyendo formas humanas, ordenadas y seguras de abordar las necesidades de los menores vulnerables. No vengan, la frontera está cerrada", recalcó.

Mayorkas, quien visitó el viernes la frontera de El Paso, adelantó que la administración de Biden espera cambiar el sistema migratorio "lo antes posible", apuntando al Gobierno de Trump de desmantelar las políticas previas en la materia. "Es difícil porque todo fue desmantelado. Había un sistema establecido tanto bajo administraciones republicanas como demócratas, que fue destrozado durante el Gobierno de Trump, y por eso el desafío es más grave que nunca". A ello, dijo el personero, se suman las dificultades que ha añadido la pandemia del covid.

Mientras la crisis se agrava, el Gobierno anunció la apertura de un centro temporal que recibirá hasta 2.000 niños y adolescentes que atraviesen la frontera solos en Pecos, Texas, donde podrán alojarse antes de su traslado a otros sitios con servicios educativos y médicos, o hasta volver a reunirse con sus familias.

MARCHAS PROASIÁTICOS

Otro foco que complica al Gobierno ha sido la serie de masivas marchas convocadas el sábado y ayer en ciudades como Atlanta, San Francisco y Nueva York en solidaridad con las minorías asiáticas del país, luego del tiroteo en Georgia que acabó con la vida de ocho personas , seis de ellas mujeres de este grupo racial.

El sábado la reconocida actriz Sandra Oh ("Grey's Anatomy") encabezó una marcha en Pittsburgh, donde dijo que "muchos en nuestra comunidad están muy asustados" y se definió "orgullosa de ser asiática".

Ayer, en tanto, el senador John C. Liu participó en las marchas de Nueva York, donde aseguró que el tiroteo de Atlanta reveló una doble atrocidad: la muerte de asiáticos y la débil respuesta de las autoridades, que evitaron considerarlo un crimen de odio. "Al igual que el asesinato y que la respuesta del gobierno inmediatamente después, las vidas de los asiáticos han sido cosificadas y marginalizadas por mucho tiempo", apuntó el parlamentario.

"En medio del aumento del racismo contra los asiáticos debemos presionar al nacionalismo reaccionario, tener un diálogo abierto sobre la historia de nuestras tensiones y restablecer la importancia de nuestra tradición cultural", señalaron los organizadores de la marcha en Union Square, bajo el tema "solidaridad negra y asiática".

El viernes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, denunció la existencia de racismo, xenofobia y sexismo en el país durante una visita a la capital de Georgia, hasta donde llegó acompañando al presidente Biden.

LLEGA A MOSCÚ EL EMBAJADOR RUSO EN ESTADOS UNIDOS

Anatoli Antónov, embajador ruso en Washington, llegó ayer a Moscú, donde fue llamado a consulta por su gobierno después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indirectamente llamara "asesino" a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Luego de esa entrevista, el Kremlin dijo que analizaría las relaciones bilaterales entre ambos países, que calificó como "muy malas", señalando que no pasará por alto las palabras del mandatario de EE.UU. La última vez que Moscú había llamó a consultas a su embajador en Washington fue en 1998, en el marco de una crisis por el bombardeo a Irak.

5.049 menores permanecían hasta este fin de semana bajo custodia de la Oficina de Aduanas.

6 mujeres asiáticas murieron el martes en un tiroteo en Atlanta, que no fue considerado crimen "de odio".