Por Karling Silva Leal

Al menos 38 familias del Gran Concepciónhabrían sido estafadas por un sujeto que se habría comprometido a la entrega de viviendas a través de un comité, cuya cuota de incorporación tenía un valor de $200 mil. Solo con estos afectados, el monto total por el que estas familias fueron afectadas casi alcanza los $9 millones, por lo que el Serviu de Biobío ingresó una denuncia al respecto.

El director regional del Serviu, Samuel Domínguez, y algunas de las víctimas interpusieron ayer una denuncia en la Fiscalía de Concepción, por el delito de estafa en contra de quien habría citado a los grupos familiares para entregarles las llaves de unas supuestas viviendas. De acuerdo a lo señalado, los beneficiados tendrían acceso a estos inmuebles luego de vincularse a los comités denominados Amparo 1 en Coronel y Amparo 2 en el sector de Palomares, en Concepción.

Con esta promesa, las familias pagaron como cuota de incorporación a este comité y para obtener la casa propia $200 mil, aunque algunas otras también realizaron depósitos de $78 mil más, lo cual cubriría el costo adelantado para la instalación de paneles solares, proyecto de mejoramiento que jamás existió.

Algunos de los afectados ingresaron sus denuncias como grupo a la Policía de Investigaciones, tras percatarse de que se trataba de una situación irregular.

Además, la corredora de propiedades Luisa Garcés Jara denunció en la Oficina de Partes del Serviu a la persona involucrada el pasado 22 de febrero. No obstante, el sujeto utilizaba un nombre ficticio, mientras que a raíz de la acusación se pudo identificar más casos en la misma situación.

PROCEDIMIENTO

El director del Serviu , Samuel Domínguez, detalló que de acuerdo a los antecedentes recabados, la persona denunciada solicitó recursos económicos a las 38 familias, haciéndose pasar por una entidad patrocinante y postularlos a la entrega de una vivienda durante enero de este año.

Según indicaron los afectados, todo el procedimiento se habría desarrollado de forma irregular, sin embargo, no se dieron cuenta hasta que ya era demasiado tarde y se habían depositado montos, así como también firmado diversos documentos en notarías. Así lo demuestran los depósitos y transferencias bancarias corroboradas por casi $9 millones.

El director del Serviu aclaró que "todas las postulaciones que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de los diversos subsidios, son vía online. No se exige ningún documento firmado ante notario. Y, lo más importante, es que los dineros de ahorro que se exigen a las familias, deben ser depositados en una cuenta propia, que ellos tengan en una entidad financiera, y no se le debe depositar nunca a otra persona".

AFECTADOS

Una de las afectadas fue Amelia Campos, quien explicó que depositó los $200 mil, pero que no ha logrado contactarse con él y asegurando que en Coronel al menos otras 300 familias habrían sido estafadas de la misma forma. "Me di cuenta de que era una estafa por las fotos que me mostraron mis hijos que estaban en ese comité, pero ya habíamos hecho el depósito, mis dos hijos, tres hermanos y yo", agregó.

Por su parte, Constanza Baeza, comentó que llegó por un dato a este comité para viviendas de integración y se motivó a participar a través de la gestión de su corredora de propiedades. De esta forma se contactó con una persona que le indicó que quedaban pocos cupos para el proyecto por lo que debía acudir al día siguiente a la notaría y realizar los trámites correspondientes.

"Fui a firmar una declaración jurada y me dijo que mandara el comprobante de pago para ingresar al comité. Le envié esto en un correo a una tal Lorena Ríos y a Alberto Burgos, me respondieron para preguntarme si era la recomendada de la corredora, pero después no me contestaron nunca más", explicó.

Todo esto ocurrió entre noviembre y diciembre del 2020, pero no fue hasta febrero que se generaron las denuncias que permitieron identificar que no se trataba de un caso puntual. En este sentido se espera que las diligencias que encargue el Ministerio Público puedan esclarecer cuántas personas realmente fueron víctimas de este hecho.

Las personas afectadas se habrían comunicado Alberto Rivas, un nombre falso que habría utilizado Francisco Alberto Burgos Rivas, quien hace un par de años fue conocido como el Estafador de las Estrellas, y que tuvo como víctimas de sus delitos a parlamentarios en campaña, figuras mediáticas de televisión, así como grupos dedicados a la realización de eventos.

9 millones de pesos suma la cantidad que habría sido defraudada por parte de quien realizó los cobros a las familias.

La Fiscalía Regional presentó la acusación contra siete miembros de una comunidad mapuche que en 2019 atacaron a tres hombres en Contulmo, de los cuales uno falleció. Las penas que arriesgan los imputados son altísimas, mientras que ahora se espera que el Juzgado de Garantía de Cañete fije la audiencia de preparación de juicio oral.

Según indicó la Fiscalía, las víctimas también pertenecen a la etnia mapuche y ambos grupos mantenían diferencias por la propiedad de un terreno en el momento del ataque que terminó con la vida de Eleodoro Raiman.

Los siete imputados son Esteban Huinchacura Leviqueo, Francisco Medina Huinchacura, Carlos Huinchacura Leviqueo, Manuel Huinchacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, Eliseo Raiman Colimán y Matías Leviqueo Concha. Para ellos el fiscal a cargo de violencia rural de la Fiscalía Regional del Biobío, Juan Yáñez, pidió en la acusación altas penas por el delito cometido.

A esto se suma la solicitud del Ministerio Público de una pena de tres años y un día para Matías Leviqueo Concha por tenencia ilegal de arma de fuego; 541 días por tenencia ilegal de municiones, y 61 días por receptación, porque el rifle hallado en su poder había sido robado en Santiago en el año 2012.

ANTECEDENTES

El 29 de diciembre de 2019 siete personas ingresaron al camping Playa Blanca ubicado en el sector Elicura de la comuna de Contulmo. Allí, atacaron con objetos contundentes a tres hombres, Eleodoro Raiman Coñuel, un adulto mayor, y sus nietos, los hermanos Juan Manuel y Camilo Raiman Leviqueo.

Los hechos contenidos en la acusación fiscal indican que a las 20:00 horas del día de los hechos los imputados ingresaron al predio, agrediendo al adulto de 69 años y de contextura delgada, con golpes de palos, chuecas y hachas. Y que, aunque ya había caído al suelo, continuaron con el ataque hacia la cabeza y el cuerpo causando su muerte en el hospital local.

En tanto, los nietos de la víctima intentaron ayudarlo, momento en que también fueron golpeados por los objetos de los atacantes, dejándolos con heridas de gravedad que casi ocasionaron sus muertes.

En este contexto el persecutor pide en contra de todos los formalizados 20 años de presidio por el homicidio calificado y consumado del adulto mayor, y 15 años de presidio por los homicidios calificados, en grado de frustrado, que afectaron a los nietos. A la fecha el proceso judicial se mantiene a la espera de que la audiencia de preparación del juicio oral sea fijada.

A las 11:30 horas de hoy se realizará la audiencia de formalización del único imputado por la muerte de Tomás Bravo, el menor de tres años y medio que permaneció extraviado durante más de una semana en la localidad de Caripulún, Lebu.

El hecho generó un gran despliegue en la zona con el fin de encontrar pistas sobre su desaparición, lo que concluyó el viernes pasado a mediodía, cuando sus restos fueron encontrados a dos kilómetros de su hogar.

El mismo día del hallazgo, la Fiscalía solicitó la detención de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo del menor de tres años de edad y quien fue la última persona que lo vio el miércoles 17 de febrero, quien tuvo audiencia de control de detención el sábado 27, inmediatamente después de ser detenido.

El Juzgado de Garantía acogió ese día la petición del fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, quien solicitó ampliar el plazo de la detención en tres días, a la espera de distintos peritajes que desarrolla el Servicio Médico Legal y peritos de Labocar de Carabineros de Puerto Montt, Santiago y Concepción.

El detenido permanece recluido en el centro penitenciario El Manzano de Concepción. Cabe destacar que, durante la jornada de ayer, el abogado de la familia paterna de Tomás, Cristian Echayz, sostuvo que el imputado no ha confesado ningún delito.

En tanto, en la Provincia de Arauco se preparan para realizar el funeral del pequeño de la forma más segura en el Cementerio de Arauco y la familia continúa a la espera de la entrega del cuerpo del fallecido menor, que hasta el cierre de esta edición continuaba en dependencias del Servicio Médico Legal de Concepción.