Por Mauricio Ávila C.

Bajo el alero del Centro de Estudios de Futuro (CEF) de la Universidad de Santiago, un equipo de profesionales encabezado por Clarisa Hardy elaboró un documento que hizo público hace unas semanas con una propuesta denominada Ingreso Básico Ciudadano. En resumen, consiste en que cada ciudadano del país reciba una cantidad mensual de dinero independiente de si tiene o no trabajo. Incluso, aunque sea multimillonario. La única excepción serían los jubilados, para los cuales sugieren que también haya una pensión universal.

La idea de una garantía mínima de ingresos ronda hace tiempo. Un par de semanas atrás el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, propuso un "ingreso mínimo garantizado". Hardy, quien fue ministra de Planificación (hoy Desarrollo Social) en el primer gobierno de Michelle Bachelet, dice que hay muchas diferencias con esa iniciativa y que la suya apunta a un estándar de exigencia para cualquiera: reducir la pobreza y corregir la desigualdad.

-Una discusión así tiene sobre todo un componente ético, ¿no?

-Sin duda es un compromiso ético, pero también es político. Hay que hacerse cargo. Es un tema político, porque finalmente lo que hemos vivido en los últimos años, y particularmente desde el estallido, son justamente los fenómenos que pueden producir desigualdades intolerables por tanto tiempo y que no han tenido respuesta. Pero también tiene efectos éticos y no solo políticos de gobernabilidad. Nosotros sostenemos que desde ahora cualquier propuesta que se haga a la ciudadanía debe pasar dos test de prueba: que resuelvan pobreza y que corrijan desigualdades. Hoy día para evaluar las políticas públicas sólo se están pidiendo criterios como que sean eficaces, eficientes, que lleguen al público que dicen llegar, que sean pertinentes, que resuelvan un problema. Nosotros declaramos, a contar de ahora, porque nosotros mismos nos pusimos ese estándar, que las propuestas deben demostrar qué impactos tienen en pobreza y desigualdad.

-Proponen un ingreso universal. Ya hay críticas de por qué darles este dinero a los más ricos y por qué mejor no se focaliza.

-Me han dicho textualmente por qué Piñera debiera tener este ingreso. Me tuve que sujetar la mano para no contestar, porque lo que quiero es que esta propuesta sea considerada como parte de un debate de agenda pública nacional, no que nos pongamos la camiseta de qué dice la derecha y qué dice la izquierda. Porque si es así, se nos van a pasar los pobres y la desigualdad por delante. Creo que esta materia requiere buscar máximos acuerdos con fundamentos éticos y políticos posibles. Les hubiera contestado a los críticos que si el Presidente no evade, no elude impuestos, no usa paraísos fiscales, paga sus contribuciones en todas sus propiedades y además apunta a una reforma tributaria progresiva, con gusto este país debiera decir que él y los adultos de su hogar tienen derecho al mismo ingreso ciudadano que cualquier otro, porque va a poner una cifra muchísimo superior que la que va a recibir.

-¿Y por qué no focalizar?

-En la pandemia la gran demanda fue que por focalizar dejaste a muchos excluidos. Hay un cuadro con datos de la Casen del 2017 con metodología de la Cepal, que concluye que el 90% de la población en Chile está entre la extrema pobreza y llegar apenas a fin de mes. Por eso debe ser universal, porque focalizar no resuelve el problema, es ignorar la desigualdad. El ingreso en este país es escalonado hasta el percentil 95. Y se te dispara en los cinco últimos. La focalización es parte del problema, no de la solución. Yo entiendo que no puedes de una patada universalizar, y empezaríamos obviamente por los sectores más vulnerables, pero no solo los más vulnerables socioeconómicamente, sino los vulnerables como sectores sociales: niños, niñas, adolescentes, porque no pueden generar sus propios ingresos, y las mujeres. Decidimos partir con estos grupos y no con el universo completo porque sabemos que es un chancacazo financiero fiscal muy grande. Pero nuestra aspiración es llegar a la universalidad en 10 años, porque queremos que los Luksic, los Pïñera, los grandes empresarios, practiquen la solidaridad y tengamos todos la posibilidad de generar un ingreso básico que nos llegue a todos.

-En su informe colocan como ejemplo a Finlandia. ¿Cómo lo hicieron ellos?

-Se hizo un plan piloto con tres mil casos por dos años. Se les dio una renta básica a personas que no tenían ingresos y a otros que estaban con seguro de cesantía. A estos últimos se les quitaba el ingreso mínimo si encontraban trabajo. A los otros, aunque comenzaran a trabajar, se les mantenía, se les reconocía como un derecho garantizado. Estaban las aprensiones típicas, que sería un desincentivo al empleo. Al cabo de dos años había mayor búsqueda de empleo y mayor permanencia de los empleos en el grupo que recibió la renta básica que en los que tenían el subsidio de desempleo. Fue pequeña la diferencia, pero estadísticamente significativa. Uno podría decir que desde el punto de vista el empleo no lo desincentivó. Pero además se dio un efecto positivo desde el punto de vista de la nivelación de las remuneraciones. La remuneración básica permite que las personas menos calificadas, sienten que tienen un piso de seguridad que les permite no aceptar cualquier empleo y mal pagado, por tanto negocian mejor. Esto tiró hacia arriba un poco los salarios bajos. A la inversa, los sectores de más altos ingresos, sabiendo que tienen este piso modesto, pero un piso al fin y al cabo, en su búsqueda de trabajo, más que cuánta renta les ofrecían, buscaban cuán satisfactorio era el empleo.

Yo sé que eso ocurre en Finlandia, que acá las urgencias son distintas, por eso que el nuestro tiene un componente de satisfacción de necesidades básicas, que según el tamaño del hogar varía, porque es proporcional al número de sus integrantes. Incorporamos además un incentivo al empleo. No se pierde el ingreso básico si no encuentra el empleo, pero tienes un adicional si lo encuentras. No solo no lo pierdes, sino que tienes un premio. Y, a diferencia del actual subsidio al empleo, que va directo al empleador, este va al trabajador o trabajadora.

-La propuesta habla de unos 200 mil pesos de ingreso por grupo familiar. ¿Cómo se llegó a esta cifra?

-Hicimos un cálculo basados en la realidad de hoy y eso va a cambiar. Calculamos una canasta mínima de necesidades que es equivalente a la línea de extrema pobreza, que hoy incluye algo más que alimentos. Recordemos que esto va acompañando de ingresos. No los sustituye. No es para emergencia. Aquí te da un piso. Partiríamos con esa línea entendiendo que las necesidades básicas son dinámicas en el tiempo y que a lo largo de 10 años podría variar. Es un monto modesto por hogar, pero aun siendo modesto, y partiendo solo por niños, niñas, adolescentes y mujeres, y del 80% de los hogares de menores ingresos, estamos hablando de seis mil millones de dólares.

-¿En qué se diferencia de la propuesta que hizo Juan Sutil?

-Él planteó que se tomaran todos los malos programas sociales y se hiciera con esto una bolsa y esa bolsa la transfiriéramos a un subsidio que acompañaría los ingresos de los más vulnerables. A grandes rasgos. Nuestra propuesta implica que los malos programas sociales se sustituyan por buenos programas sociales. No sustituye otras ayudas, salvo subsidios equivalentes que cumplen la misma función. En Chile estas ayudan son tan focalizadas y es tan bajo el monto que la suma de todos ellos son mil millones de dólares. Por lo tanto, para llegar a los seis mil millones no puedes desvestir las políticas sociales que todavía son precarias e insuficientes. Tienes obligadamente que recurrir a una reforma tributaria. E, insisto, no se trata de que estemos avalando malos programas sociales, en su mérito que estos sean evaluados, redefinidos y reemplazados por buenos. Nosotros decimos que los sueldos mínimos corren por cuenta del mercado laboral y siguen las reglas de las relaciones laborales y de la protección del trabajo. Esta es la protección de un ingreso mínimo ciudadano, que corre parejo al otro. Significa que alguien que recibe esto lo suma al ingreso mínimo.

-¿Le entregarán su propuesta a los candidatos presidenciales?

-Nuestro documento lo hicimos abierto y público ahora, justamente porque va a empezar el debate y no quisimos ponerlo en ningún comando en particular. Es un punto de partida y, si hay una mejor alternativa o correcciones, bienvenidas. No estamos casados con esta fórmula.

Tras la publicación de la Ley 21.303 que reconoce a la lengua de señas como lengua oficial de las personas sordas, se destacó que la oficina de Concepción de ChileAtiende ya cuenta con un módulo de videointerpretación para tener una atención inclusiva.

En ese sentido, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Sintia Leyton, destacó que " IPS ChileAtiende es uno de los primeros organismos del Estado que ha implementado un modelo de atención inclusiva. En la Región del Biobío es el primer organismo en implementar esta videollamada inclusiva, para entregar un mejor servicio y mejor atención a aquellas personas en situación de discapacidad y, por supuesto, a aquellos que manejan otros idiomas".

Agregó que "el objetivo es que el Estado pueda entregar de una forma más integra la información y los beneficios a todos aquellos que lo requieran".

Sobre este mecanismo, el director subrogante del IPS ChileAtiende, Javier Rauld, puntualizó que la atención inclusiva está latente en módulos que cuentan con videointerpretación en lengua de señas, idioma creolé, inglés y mapudungún. "Lo importante es que hemos ido desarrollando la aplicación de estas tecnologías a nuestras oficinas, de tal manera que esta inclusión sea efectiva en toda nuestra red", enfatizó.

Respecto a la nueva normativa 21.303, la directora regional de Senadis, Carola Campos, lo calificó como un hito trascendental en el reconocimiento de la lengua de señas.

"Para el Estado de Chile este es un gran paso, puesto que nos invita y nos obliga a respetar la cultura lingüística en todos los ámbitos de la vida, en especial en aquellas al acceso a la información tanto de los servicios públicos como de los servicios privados", aseveró Campos.