Necesidad de abordar la extrema desigualdad
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en su Informe de Desarrollo Humano Mundial de diciembre de 2019, situó a Chile como el país con mejor nivel de vida en Latinoamérica y El Caribe y en el lugar 43 del ranking de calificación mundial, entre 189 naciones. Sin embargo, desde hace años que otros análisis han puesto en evidencia que el gran problema social del país es la enorme desigualdad. En efecto, Chile es uno de los países con una mayor brecha económica, al punto que el 5% de la población vive como en cualquier país europeo desarrollado, mientras el 10% más pobre, lo hace como si estuviera en alguna nación subdesarrollada.
Ya en el 2011 la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) advertía que el 10% más favorecido de la población ganaba 35,6 veces más que el segmento con menores recursos, lo que reflejaba una concentración del ingreso y una ausencia de oportunidades para los más desposeídos. De ahí que los gobiernos trataban de poner énfasis en la necesidad de crear más y mejores puestos de trabajo, considerando que la desigualdad fracciona la sociedad, divide a sus habitantes e impide la cohesión social. Especialmente en períodos de mejores condiciones de la economía, el país podía y debía hacerse cargo de entregar más oportunidades a los sectores históricamente postergados. Eso debía partir con mejores condiciones de educación y de empleo, entre muchos otros factores.
La Cepal, que previo a la pandemia de covid 19 analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile mantuvo sus altos índices de desigualdad, un detalle que es característico de nuestra economía y que por décadas produjo diálogos enfrentados, hasta llegar al estallido social. La mitad de los hogares de menores ingresos del país accedió a sólo un 2,1% de la riqueza neta del país. No obstante, la pobreza en Chile cayó tres puntos porcentuales entre 2016 y 2017 llegando a un 10,7% y logrando la segunda cifra más baja de la región después de Uruguay.
Sin duda que la pandemia de covid-19 ha agravado esta situación, aumentando los asentamientos humanos irregulares, la cesantía, el incumplimiento en los pagos de servicios básicos, dificultando el acceso oportuno a la salud, a la vivienda, alimentación, educación y otros. Es cierto que los gobiernos han hecho esfuerzos en la reducción de la pobreza, pero no han sido suficientes, por lo que se mantienen niveles de desigualdad, lo que ha tenido expresiones concretas, con comunas o barrios segmentados; con la educación, donde ha existido por años una brecha entre colegios particulares, subvencionados y municipales; o en salud, donde los accesos a una mejor revisión están determinados por la capacidad de pago. Algunos expertos han dicho que el país no puede poner el foco en resolver este fenómeno, sino en el crecimiento económico que es el que genera riqueza y políticas sociales de apoyo a los más desposeídos, pero esa mirada no puede ocultar un problema efectivo: la molestia que se incuba en personas y segmentos ante tamaña diferencia.
El tema de la desigualdad está en el debate y debe hacernos reflexionar, tanto de los logros conseguidos, como de los desafíos pendientes. Se trata, sin duda, de un punto que requiere mayor trabajo y la convicción de que es un fenómeno que atenta contra la paz social, o que resulta inconveniente para un verdadero desarrollo.
Los chilenos confían en su esfuerzo individual, pero requieren estar acompañados por el Estado, ya que un pequeño traspié, como ha sido el impacto de la pandemia en la economía, los puede devolver a un estado anterior que ya creían superado: el desempleo de un integrante de la familia, una enfermedad o un imprevisto económico pueden hacerlos retroceder años. Si bien hay que tratar de corregir la enorme brecha existente -que fue uno de los focos del estallido social de octubre de 2019- parece más necesario que lo público cumpla una tarea de soporte de los que menos tienen, otorgando herramientas que posibiliten su propio desarrollo, para equiparar la cancha.
Sin duda que la pandemia de covid 19 ha agravado esta situación, aumentando los asentamientos humanos irregulares, la cesantía, el incumplimiento en los pagos de servicios básicos, dificultando el acceso oportuno a la salud, a la vivienda, alimentación, educación y otros.