Por Redaccion

Por 79 votos a favor, 54 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, con apoyos de la oposición y 11 respaldos de Chile Vamos, el proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos.

La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, que ahora debe regresar a la comisión de Salud por haber recibido indicaciones, busca garantizar que se respete siempre la voluntad de las y los pacientes y velar porque quienes se encuentren en un estado terminal o con dolor severo no oncológico tengan derecho a recibir los cuidados paliativos tendientes a disminuirlos.

Asimismo, busca establecer una normativa jurídica que permita a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, decida y solicite asistencia médica para morir.

Sobre el avance de esta iniciativa, también conocida como "proyecto de eutanasia", el diputado Vlado Mirosevic expresó que "cuando presentamos este proyecto, Chile era el país más conservador de América Latina, pero Chile ha cambiado muchísimo en estos años. Y este proyecto que se veía imposible, hoy día va a comenzar a consagrar las libertades más básicas".

El parlamentario agregó que "hoy queremos agradecer a una mayoría que se construyó, porque hay una mayoría en la calle, hay una mayoría ciudadana, que es cerca del 80% de los chilenos y chilenas que están de acuerdo con esta idea básica de que, frente a la muerte y el sufrimiento extremo, la libertad individual tiene que estar por sobre una ley actual que te obliga a sufrir", añadiendo que el de esta jornada es un triunfo "del Estado laico, de las libertades, de la tolerancia, de pensar que las creencias personales serán esfera de la conciencia individual y no de una ley que prohíba y penalice a los médicos que asistan para respetar la voluntad de sus pacientes".

De acuerdo con la iniciativa de ley, que continuará con su trámite legislativo en la Cámara, el paciente debe invocar, entre otras, a las siguientes causales para solicitar la muerte médicamente asistida: haber sido diagnosticado de una enfermedad terminal o cumplir las siguientes condiciones copulativamente (unión de dos o más): padecer una enfermedad o dolencia seria e incurable; su situación médica se caracteriza por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades.

Para acceder a esta medida el paciente debe ser mayor de 18 años; encontrarse consciente al momento de la solicitud y, en caso de que no lo esté, procederá la asistencia médica para morir sólo en el caso de que medie dicha declaración que conste en un documento de voluntad anticipada.

La iniciativa establece que cuando se trate de un mayor de 14 años y menor de 16, sería necesario contar con la autorización de su representante legal, padres o tutor. A falta de autorización, el paciente podría solicitar la intervención de un juez.

Defendiendo el proyecto de indulto para quienes presentan causas o estén detenidas por su presunta participación en delitos en el contexto del estallido social, del cual es una de sus autoras, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, afirmó que "se puede aprobar, rechazar, modificar, pero lo que no se puede hacer, aunque me parece extraño (…), es neutralizar. Me parece como que es ahogar el debate parlamentario, lo que está menos apegado al sistema democrático".

La parlamentaria afirmó, en radio Cooperativa, que "hay casi 800 personas que están en prisión preventiva que no tienen proceso alguno (...) nosotros no avalamos la violencia y cuando se busca mezclar violencia con esta propuesta yo diría que es bastante malintencionado".

Al mismo tiempo, cuestionó el uso de la medida cautelar de prisión preventiva para los detenidos en el marco de los desmanes del estallido, afirmando que "en este caso de la revuelta social de octubre llevan un año y dos meses sin un debido proceso y ese es un tema que hay que debatir".

En cuanto a las críticas y anuncio de veto que surgieron al proyecto de ley de indulto, la senadora las calificó como una reacción "nerviosa".

DE ALLENDE A LA UDI

Por su parte, la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, dijo que el proyecto de indulto "no busca avalar ni amparar hechos de violencia", pero aclaró que durante la tramitación de la iniciativa buscarán perfeccionarla y "colocar límites para distinguir entre hechos reprochables penal y socialmente (...) de los que solo son delitos contra el orden público".

La bancada UDI, mientras tanto, iniciará el estudio de los antecedentes para recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto. Entre sus argumentos plantea que de dictarse un indulto general antes de la condena, "se llega al absurdo" de ser aplicado cuando aún no haya comenzado el proceso.