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En un par de horas, Óscar Muñoz Arriagada (32) pasó de la poco mediática seremi de Minería a ser el gobernador de la Provincia de Arauco. Desde el Ministerio del Interior lo llamaron para preguntarle si estaba disponible. Lo consultó con su esposa, pues la responsabilidad implicaba cambios, entre ellos trasladar su domicilio desde Concepción a Lebu y dedicarle menos tiempo a ella y sus dos hijos. Aceptó y el 25 de abril ya estaba instalado en su oficina en la capital de la provincia de Arauco, en reemplazo de María Bélgica Tripailaf.

Muñoz conocía el territorio, pues ocupó el cargo de administrador municipal de Contulmo entre 2016 y marzo de 2018, cuando fue nombrado seremi de Minería. Esa fue una de las cartas que jugó a su favor.

La salida de la autoridad anterior se vinculó a un recrudecimiento de la violencia en la provincia, con un incremento en los ataques a faenas forestales. En los siete meses que Muñoz lleva al frente de la gobernación la situación no ha mejorado. Incluso, esta semana se contabilizaron dos hechos complejos, como la toma del camino entre Tirúa y Cañete (incluido el robo de un camión con balones de gas) y la quema de la hostería Lanalhue por parte de un grupo de encapuchados.

-¿Cómo ha sido este periodo? Venía de una cartera que debe tener sus complejidades, pero no como estar a cargo de una zona que permanentemente está apareciendo en los medios de comunicación por cosas no muy positivas…

-Efectivamente, la Seremi de Minería tiene una intensidad menor desde el punto de vista de las contingencias y eso no es algo subjetivo. Lamentablemente en la provincia este año ha habido harta violencia y dentro de los análisis que hemos revisado es que tuvimos dos a tres meses con huelga de hambre con mucha presión, con muchos ataques incendiarios a empresas del mundo forestal, aunque también se afectó a particulares, la gente del turismo, en respuesta al trabajo en lo judicial como en lo policial.

-¿Cuál es ese trabajo?

-Hoy tenemos a 14 personas en prisión preventiva en el CDT de Lebu y un condenado en la cárcel de Arauco. Jamás habíamos tenido ese nivel de personas procesadas, investigadas o en prisión preventiva. Además hay personas que se encuentran con arresto domiciliario y otras medidas cautelares en los tribunales de justicia. En ningún caso quiero hablar de conformismo, porque los hechos de violencia este año han ido al alza y eso no es una buena señal, pero lo que quiero mostrar es que el gobierno, las policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial se encuentran realizando su trabajo.

-Cuando llegó a la gobernación de Arauco se dijo que la salida de María Bélgica Tripailaf tenía que ver con el aumento de los episodios de violencia, pero eso no ha bajado…

-Este es un conflicto que lleva 20 años y aquí han pasado distintas autoridades, gobiernos, intendentes, gobernadores. Este conflicto tiene momentos más altos y ha tenido momentos más bajos.

-¿Por qué cree que se ha mantenido la violencia en la provincia?

-En mayo, junio, julio tuvimos fuertes medidas de presión respecto a familiares y comunidades que se encuentran con personas que son cercanas a quienes están en prisión preventiva y ellos querían presionar de esa forma. Lo más mediático fue el caso del machi Celestino Córdova, pero hubo otros casos de personas que están en la cárcel de Angol y de Lebu. Esa fue una de las explicaciones de por qué se aumentó.

-Hace unos meses hubo una polémica porque ud. se estaba quedando en dependencias de la Prefectura de Carabineros.

-Una polémica absolutamente artificial y mal intencionada porque yo asumí como gobernador el 25 de abril, en plena pandemia, y cuando llegué a Lebu todo lo que era hospedería estaba cerrado. Me nombraron de un día para otro y en ese minuto pagaba un servicio de hospedaje en servicios que tiene Carabineros. Ese es el contexto.

-Porque lo que se dio a entender es que la situación en Arauco era tan compleja que prefería quedarse en Carabineros que en la vivienda destinada a la Gobernación.

-Transito por Contulmo, el sur de Cañete, por Tirúa prácticamente toda la semana, a veces hasta altas horas de la madrugada. Si tuviera miedo jamás habría asumido como gobernador de la provincia de Arauco. Lamentablemente hubo mala intención, se dieron declaraciones sin información y con otros fines.

Investigaciones e hipótesis

-La fiscal regional nos ha dicho que es complejo investigar en la zona primero, porque el territorio es complicado, lo que facilita que las bandas actúen sin que se pueda anticipar y segundo, porque los testigos no quieren declarar porque tienen miedo...

-El estándar de prueba que hoy exige nuestro sistema penal es alto. Se suman las complejidades de una provincia rural, forestal, con muchos caminos interiores, oscuridad en las noches, y el temor evidente que deben tener las personas que viven en las inmediaciones y que no quieren entregar antecedentes por miedo a represalias, amenazas e intimidación, lo que es súper atendible. Todas esas situaciones complejizan la persecución penal, pero en ningún caso hemos bajado los brazos.

-¿Cómo así?

-Durante el último tiempo se han realizado importantes allanamientos. Se han incautado cerca de 900 kilos de cocaína. Si bien una de esas personas genera lo mediático, que es Emilio Berkhoff, andaban como cuatro o cinco personas más. Ese es uno de los golpes más importantes que se ha dado durante este año. Más de 37 camiones con robo de madera incautados. Se ha hecho un trabajo investigativo bien importante y nosotros hemos estado muy presentes en la persecución de este delito que, se presume, es parte de como se financian estas organizaciones de carácter más criminal. Lo mismo con los operativos de armas, municiones, allanamientos. Tenemos personas detenidas por delitos de homicidio. No estoy hablando desde la conformidad en ningún caso, ni tampoco desde la autocomplacencia, pero tampoco voy a ser autoflagelante de que acá todo es negativo.

-Mencionó la incautación de droga. ¿Es una coincidencia que haya estado involucrado Berkhoff o existe una vinculación entre la droga y el financiamiento de grupos que puedan actuar en la provincia?

-Eso es materia de investigación.

-Pero más allá de este caso, ¿han visto otros delitos donde hayan identificado gente asociada a tema de drogas? ¿Esto es algo puntual o no?

-Para cada una de las investigaciones se manejan distintas hipótesis. La droga evidentemente que es motivo de investigación. Uno puede presumir que el robo y lavado de madera está involucrado en el financiamiento y también algún tipo de droga, pero todas esas son hipótesis que tienen que ir despejándose en la medida que se vaya encontrando evidencia y tiene que verse en los tribunales.

-¿Qué pasa con los grupos violentos, como el que se tomó la carretera el miércoles entre Cañete y Tirúa?

-Eso responde a bandas criminales. Poco importa su origen, raza o etnia y el tratamiento que tiene que darle el Estado de Derecho a quienes cometen ese tipo de actos es de criminales.

Víctimas

-¿Qué se ha hecho con las víctimas de violencia rural?

-No hemos podido, quizás, dar respuesta a todas las personas, pero hemos superado los $3 mil millones en ayuda en distintas acciones. Hoy hay personas encargadas para atender a quienes han sido víctimas, hay programas, convenios que firma el gobierno con Sercotec, con Indap, Fosis, la Tesorería para dar facilidades. Tenemos oficina en Cañete con un coordinador, abogados, una sicóloga, donde se realizan gestiones y acompañamientos judiciales y sicológicos.

-¿Por qué, pese a estas ayudas, existe esta sensación de abandono en la provincia?

-Porque son situaciones de extrema gravedad. Muchos quedan con choque emocional, con crisis de pánico. Hay disparos afuera de sus hogares. Todo lo que podamos hacer como Estado va a ser insuficiente cuando existe, primero que todo, la pérdida de una persona. Cuando son cosas materiales también existe mucho desazón y miedo. Es gente que vive situaciones límite, entonces comprendo que sientan malestar y frustración y a nosotros nos toca dar la cara.

-¿Cómo reciben los recursos de protección que han presentado las víctimas? Hace un tiempo interpusieron uno unas 25 personas, hace unos días se supo de otro, donde están pidiendo que se implementen medidas. Le están solicitando a la Justicia que dé ciertas garantías para evitar lo que está pasando…

-Esto es parte de nuestra institucionalidad. Cuando hay decisiones judiciales, más que opinarlas nos toca acatarlas como gobierno y darles cumplimiento. Como gobernación, muchas de estas medidas de protección, estas rondas, se hacen de manera periódica y hace bastante tiempo.

-En sus declaraciones mencionó que varias de las cosas que se estaban solicitando ya se estaban implementando. ¿Qué otras medidas se estaban aplicando?

-Hay patrullaje aéreo, investigaciones de causas donde se está trabajando de manera muy silenciosa. Al final del día nosotros realizamos reuniones de coordinación. Yo tengo mucha empatía por las personas que les toca sufrir violencia. He tratado de conversar con la mayoría para que se sientan acompañadas por el Estado, más que por el gobierno, y evitar que vuelvan a ocurrir hechos de esta violencia, pero cuando existen bandas con tal nivel de organización, con alto poder de fuego, se pone complicada la situación.

-¿Cómo esas armas llegan al territorio? ¿Hay algo que está fallando en la investigación, la anticipación, el trabajo de inteligencia?

-Necesitamos robustecer nuestra institucionalidad para que el trabajo investigativo, policial, de las autoridades se haga de manera más fácil para dar con estas personas que son de extrema violencia. El Presidente Piñera ha ingresado una batería de iniciativas que dicen relación con esto. Nadie dice que si todas estas leyes fueran aprobadas los hechos de violencia van a terminar, pero sí creo que con esas herramientas tendríamos mejores resultados. Por eso necesitamos el apoyo del Congreso en esto.

Relación con las comunidades y avances en la provincia

-¿Cuál es la relación que tiene con las comunidades?

-Llevamos cuatro, cinco meses, reactivando todas las mesas comunales mapuches que se encuentran formalizadas. Es un trabajo menos visible, pero que ha ido entregando los primeros frutos. Se dio celeridad a la compra de tierras. Hay una compra histórica, más de $10 mil millones, que hoy se encuentra en ejecución y se realizaron ya las licitaciones de los agentes operadores que realizan el acompañamiento. Vamos a ejecutar más de $240 millones desde la Gobernación para ayudar a comunidades mapuches en un convenio de cooperación con la Conadi para llegar con soluciones de riego a pequeños agricultores.

El Presidente acaba de hacer anuncios importantes en materia indígena. Está el proyecto de ley para decretar feriado el 21 de julio, que es el Año Nuevo mapuche, se han conformado mesas con loncos y machis para poder aunar criterios y llegar a ciertos puntos de encuentro. Hemos ido avanzando en la temática indígena propiamente tal.

-¿Cómo se avanza en la provincia? Es una zona de rezago y uno de los desafíos es mejorar los niveles de desarrollo...

-En el plan del gobierno para la Región del Biobío hay un acápite completo para la provincia de Arauco y en el marco de ese plan tenemos obras en ejecución o terminadas que son de vital importancia para la calidad de vida, para ir dejando o apartándonos del rezago. El mismo Presidente estuvo hace unas semanas atrás visitando las obras de una hermosa primera comisaría de Arauco, con los más altos estándares en calidad constructiva, un sueño que estaba esperando la comunidad desde el terremoto de 2010. También obras que venían del terremoto, como la torre C del hospital de Curanilahue, que viene a dar dignidad al usuario. Como provincia es muy importante ir avanzando para que nuestro hospital provincial en algún minuto pueda transformarse en uno de alta complejidad. También está el proyecto MAPA: son cerca de 1.800 las personas de la provincia que hoy se encuentran trabajando en este proyecto. A eso hay que sumar el encadenamiento económico que se genera.