Ingreso de celulares a las cárceles
El incremento de la delincuencia es una queja constante de la población y llama la atención que la gran mayoría de quienes cometen delitos son personas jóvenes y en muchos casos reincidentes. Pero la detención y encarcelamiento de muchos de ellos no garantiza que las bandas no sigan operando desde el interior de los penales, gracias al uso de celulares.
Pese a que el reglamento penitenciario lo prohíbe, los teléfonos son de uso frecuente en las cárceles. Estos son llevados desarmados por piezas, por los familiares, hasta que los reclusos están en condiciones de rearmarlo y comenzar a operar. No hay que olvidar que las investigaciones realizadas por medios de comunicación han determinado que la mayoría de las estafas telefónicas se cometen con llamados que se efectúan desde las cárceles. De acuerdo con informes de Gendarmería, entre enero de 2019 y julio de 2020, se decomisaron casi siete mil objetos en los recintos penales del país. La mayor parte correspondía a teléfonos celulares, e incluso había municiones, armas de fuego y explosivos.
Hace unos días, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobaron las ideas matrices de un proyecto de ley que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, y que ahora quedó en condiciones de ser visto por la sala. La iniciativa fue presentada por Felipe Kast, Luz Ebensperger, Carolina Goic, Francisco Chahuán y Kenneth Pugh, y con ella se pretende fortalecer la seguridad pública, robustecer el combate del narcotráfico y brindar mejores herramientas de apoyo a la política anti delincuencia, considerando que en ocasiones, según los patrocinantes, incluso abogados de los reclusos entregan a éstos elementos prohibidos, como drogas, armas, municiones y teléfonos celulares, ante la baja capacidad de fiscalización que tienen los funcionarios de Gendarmería.
En la actualidad, esta conducta es un delito, pero los profesionales que son sorprendidos en esa acción no pueden ser suspendidos en forma perpetua; sin embargo, de aprobarse el proyecto que se encuentra en primer trámite legislativo, se les impedirá de por vida para ejercer la abogacía. En el caso de familiares o amigos que ingresan tales elementos, se detalla que esta acción se realiza durante las visitas regulares o los lanzan desde el exterior al recinto penitenciario respectivo o, incluso, utilizando elementos más sofisticados, como drones.
El proyecto de ley plantea que la persona que con motivo de una visita o a propósito del ejercicio de su función, introduzca a un establecimiento penitenciario armas, municiones, partes o componentes, cuyo porte, uso o tenencia se encuentre sancionado por la ley 17. 798 sobre control de armas, será sancionado con la pena asignada al delito que corresponda, aumentada en un grado. Del mismo modo, la realización de conductas sancionadas en la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefaciente y sustancias sicotrópicas, que se verifiquen al interior de los establecimientos penitenciarios o con la intención de introducirlos, será castigado con la pena asignada al delito, aumentada en un grado. Asimismo, el que introduzca a los recintos penales grabadoras, intercomunicadores, teléfonos celulares, sus partes, componentes o cualquiera de sus accesorios, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años y un día de cárcel). Las mismas penas se aplicarán a quienes lancen esos objetos desde el exterior.
Es evidente el grado de sofisticación que alcanzan los delincuentes en algunas acciones y por los recursos de que disponen para emprenderlas. Son claros reflejos de que la organización delictual no se extingue con la reclusión de sus integrantes y que, por el contrario, recurren a las herramientas de la tecnología para seguir delinquiendo desde el interior de los penales.
Pese a que el reglamento penitenciario lo prohíbe, los teléfonos son de uso frecuente en las cárceles. Son llevados desarmados por piezas, por los familiares, hasta que los reclusos están en condiciones de rearmarlo y comenzar a operar estafas desde los mismos recintos.