Unidad de coordinación de macro zona sur
Esta semana el Gobierno presentó el equipo que integrará la nueva Unidad de coordinación macro zona sur, que tendrá como función coordinar y gestionar la implementación de políticas y programas que fortalezcan la seguridad pública en el territorio más afectado por la denominada violencia rural, es decir, las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Se trata de una instancia que nace en medio de una compleja escalada de hechos violentos que -en el caso de la Provincia de Arauco, la zona más afectada por este fenómeno en Biobío- sólo este año ha incluido el asesinato de un joven de 21 años en Cañete, la quema de tres escuelas y múltiples ataques a vehículos principalmente de carga y maquinaria forestal, así como faenas de este rubro.
A ello se han sumado las críticas surgidas desde distintos sectores a la incapacidad que ha mostrado el Estado en su conjunto para hacer frente a un conflicto que, lejos de amainar, se ha intensificado en los últimos años, con lamentables consecuencias principalmente para quienes viven en esos territorios.
Según explicó el miércoles en La Moneda el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la nueva Unidad de coordinación de macrozona sur tendrá un foco y énfasis en el trabajo en equipo, no sólo entre ellos, sino con otros ministerios sectoriales, además de las policías, la Fiscalía y las comunidades.
"Hemos ido trabajando en un modelo de gestión que recoja la posibilidad de tener gente que conozca el territorio, que tenga vinculación con la macrozona Sur. Hemos definido que el mejor modelo es tener un equipo de coordinación", dijo el jefe de Gabinete al presentar la unidad. Serán cuatro los integrantes de la instancia -liderados por un coordinador nacional se nombró a Cristián Barra, actual jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En el caso de la Región del Biobío, el encargado de las labores de coordinación será el exseremi de Justicia y Derechos Humanos, Roberto Coloma.
Las principales áreas de acción se concentrarán en la Coordinación Policial, Persecución Penal, Programa de Apoyo a Víctimas y Gestión de Gobierno. "Esta unidad va a tener un foco y énfasis en el trabajo en equipo, no sólo entre ellos, sino con otros ministerios sectoriales, además de las policías, la Fiscalía y las comunidades", finalizó el ministro Delgado.
El jueves, en tanto, en su primera visita a la Región del Biobío, el coordinador nacional de la unidad, Cristián Barra, sostuvo una extensa reunión con el coordinador local, Roberto Coloma y el intendente de Biobío, Patricio Kuhn.
Luego de ello, profundizó en el nuevo enfoque que se quiere dar al trabajo de la unidad para hacer frente a un problema que hasta ahora no tiene visos de solución. "Este no es un tema policial, esto tampoco es simplemente un tema político. Es multisectorial y esperamos poder abordarlo con el apoyo y aporte no sólo del mundo público, sino que también privado", enfatizó.
Cristián Barra mencionó que el primer eje, sobre la coordinación con las policías, busca mejorar las herramientas con las que cuentan, de respaldar sus acciones y protegerlos.
En relación a la persecución penal, el coordinador explicó que las tareas estarán a cargo de un equipo de abogados que se vincularán con el Ministerio Público, entre otras instituciones, como los tribunales de Justicia. En un tercer punto, Barra reconoció que hoy hay temor entre quienes han sido víctimas de estos ataques, particulares o de sectores productivos. "Buscaremos todas las herramientas del Estado y definiremos un equipo para que haya gente especializada en apoyo a las víctimas, no sólo material, sino que también psicológico para tener una primera y rápida respuesta", precisó.
Respecto a la focalización del Gobierno en la zona, señaló que "el Estado de Chile tiene que hacer todos los esfuerzos para mejorar lo que estamos enfrentando, eso significa que en regiones debe existir una focalización de los esfuerzos del Gobierno".
Las declaraciones del coordinador nacional dan cuenta de un par de elementos que parecen claves para comenzar a abordar de manera verdaderamente integral esta problemática. Uno de ellos tiene que ver con que se trata de un fenómeno multisectorial, que si bien tiene una primera urgencia fundamental e ineludible, como es resguardar el Estado de Derecho y -concretamente- dar mayores niveles de seguridad a los habitantes de esas zonas- también tiene una dimensión de carácter político, sobre la cual se requiere avanzar en base a sumar más actores a instancias de diálogo donde se incorpore a todos aquellos que están dispuestos a conversar.
Este último punto ha sido refrendado, recientemente, en varias entrevistas publicadas por este medio, donde representantes de distintas tendencias políticas e instancias han abogado por ese diálogo, donde -tal como lo refrendó también Cristián Barra- debe haber también una creciente participación del mundo privado.
El fracaso de las instancias previas instaladas por los sucesivos gobiernos para hacer frente al fenómeno de la violencia rural hace que toda fórmula nueva parta enfrentando las dudas sobre su verdadera efectividad. Por el bien de estos territorios, es de esperar que -en este caso- aquellas lógicas previsiones no se cumplan.
El fracaso de las instancias previas instaladas por los sucesivos gobiernos para hacer frente al fenómeno de la violencia rural hace que toda fórmula nueva parta enfrentando las dudas sobre su verdadera efectividad. Por el bien de estos territorios, es de esperar que -en este caso- aquellas lógicas previsiones no se cumplan.