Por Redacción

Por 81 votos a favor, 46 en contra y doce abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que declara "insaneablemente nula" la norma vigente, que reformó la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La propuesta, que fue devuelta a comisiones al ser objeto de indicaciones, impugna en lo particular la Ley 20.657, que modifica el cuerpo legal en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización.

La determinación generó una serie de reacciones a nivel gubernamental, así como el rechazo de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).

El texto argumenta que durante la tramitación de la Ley 20.657, entre los años 2011 y 2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.

Por dichos argumentos, la moción sostiene que la Ley de Pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación.

REACCIONES LOCAL

La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), calificó la norma como "un retroceso para el respeto a la institucionalidad vigente, un nuevo paso en el ánimo del Parlamento de incorporarse atribuciones en su quehacer y que abre la puerta para, probablemente, hacer extensivas este tipo de iniciativas a otros sectores económicos.

Macarena Cepeda Godoy, presidenta del Gremio, planteó que "hoy la actividad pesquera industrial, productora de alimentos, literalmente está sosteniendo el empleo y los ingresos de miles de familias a lo largo de Chile, empleando los servicios de cientos de pequeñas y medianas empresas y recibiendo materia prima de una enorme cantidad de proveedores de la pesca artesanal, pero lo que hoy oímos en la Cámara de Diputados nos muestra que hay un profundo desconocimiento, derechamente falsedades y eslóganes que carecen de realidad".

Si bien los pescadores Industriales del Biobio se manifestaron en contra de la idea de anular leyes, "producto que esto no existe en el ordenamiento jurídico nacional", dijeron, valoraron que se planteara mantener el actual cuerpo legal mientras -eventualmente- se discute una nueva ley. "Por ello queremos ver una oportunidad en la discusión legislativa pesquera que se viene y que sirva para conocer y valorar a la pesca industrial, derribar mitos y darle legitimidad a nuestra actividad", precisaron.

El diputado por el Distrito 20 e integrante de la Comisión de Pesca, Jaime Tohá, manifestó su satisfacción señalando que "cuando el parlamento aprobó la Ley de Pesca, llamada Ley Longueira, el Congreso experimentó un acto de corrupción, que afectó a varios parlamentarios, construyendo así una de las etapas más tristes de nuestra institucionalidad democrática".

Ante las críticas de que se produciría un vacío ante la nulidad de la ley, el diputado respondió aludiendo a que se levantó una indicación que contiene un artículo transitorio que define un plazo de dos años para que entre en vigencia la normativa. "La presentación de la indicación busca que haya un plazo y espacio suficiente para que el Congreso pueda estudiar y elaborar una nuevo proyecto de ley, que reemplace la normativa que hoy se acaba de declarar nula", puntualizó Tohá.

AUTORIDADES

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, tomó parte del debate y explicó las consecuencias de la nulidad de la normativa, señalando que ello solo empeora las cosas. "Es un autogol completo", sentenció.

La autoridad, que llamó a rechazar el proyecto y avanzar en modificaciones, sostuvo que la moción busca borrar jurídicamente la Ley de Pesca, invalidando, así, los efectos administrativos, contractuales y legales que esta norma haya generado.

En tanto, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que el texto legal infringe la Constitución y solicitó reserva de constitucionalidad: "No existe la potestad expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley".

2011

fue el año en que comenzó a tramitarse la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Chile requiere implementar "políticas e innovaciones que permitan continuar ampliando la presencia internacional de nuestras exportaciones", afirmó el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en la presentación "El comercio exterior de Chile. Tendencias pasadas y desafíos recientes", hecha en un encuentro sobre el tema.

A su juicio, el país "tiene el desafío de enfrentarse a una economía mundial donde el comercio de bienes difícilmente recuperará el dinamismo" previo a la crisis financiera de 2008 y 2009. "Es importante encontrar nuevas fuentes de competitividad y fortalecer los mecanismos amortiguadores de nuevos shocks externos, que sin duda seguirán ocurriendo", sostuvo.

Marcel apuntó que "los términos de intercambio para Chile tuvieron una importante caída con el fin del ciclo de materias primas en 2013-2014 y más recientemente con la intensificación de los conflictos comerciales", aunque "al ubicarse aguas arriba en las cadenas de valor y elevar su concentración en Asia", nuestras exportaciones "han mostrado una capacidad de recuperación algo mayor"; de hecho, "han crecido en los últimos cuatro meses pese al impacto de crisis de covid-19".

Destacó que "el comercio exterior chileno se ha diversificado productivamente desde mediados de los años 60, creciendo el peso relativo de las exportaciones industriales desde 8% a 32% del total", y que los principales envíos son "cobre, frutas, salmón, celulosa y productos químicos". El 55% de las exportaciones van a Asia y China es el mayor receptor de los envíos, con casi US$23 mil millones anuales. En tanto, los principales productos internados son automóviles, vestuario, petróleo, diésel, productos químicos, y camiones y vehículos de carga; China es el mayor proveedor.

Mario Marcel informó que el saldo de la balanza comercial sigue positivo y que "en los últimos tres años destaca la estabilidad" de los envíos, pero que las importaciones han descendido de manera significativa".

El mercado aéreo latinoamericano perderá 5.000 millones de dólares en 2020 y seguirá en números rojos el próximo año, cuando podría perder 3.300 millones de dólares adicionales, anunció el informe de perspectivas global de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

El mercado aéreo latinoamericano, en el que la demanda de pasajeros cayó este año un 64%, algo menos que la media global (66,3%), ha recibido escasa asistencia financiera gubernamental, lo que ha producido la bancarrota de algunas de las empresas del sector, analiza el informe presentado por la IATA en su junta general anual.

Por el contrario, algunos mercados clave en la región, como los casos de México o Brasil, se mantuvieron abiertos durante buena parte de la crisis, y el tráfico aéreo se vio beneficiado por el uso de la obligatoriedad de test en viajeros en lugar de las cuarentenas, lo que disuadió a menos personas de volar.

IATA prevé por otro lado que en 2021, en el que se cuenta con que haya ya disponibilidad de vacunas contra el covid-19, la distribución de estas en el mercado latinoamericano llegue con cierto retraso con respecto a los mercados desarrollados, lo que podría llevar a una recuperación más lenta del sector aéreo local.

El mercado con mayor caída de demanda este año fue el del Medio Oriente (73%), seguido de África (72%), Europa (70%) y Norteamérica (66%), mientras que la menor baja fue en Asia-Pacífico (62%).

Norteamérica registrará las mayores pérdidas este año, de 45.800 millones de dólares, seguida de Asia-Pacífico (31.700 millones de dólares) y Europa (26.900 millones de dólares).

Para el próximo año, IATA vaticina que habrá todavía pérdidas en todos los mercados regionales, especialmente en el europeo (11.900 millones de dólares), el norteamericano (11.000 millones de dólares) y el de Asia-Pacífico (7.500 millones de dólares).