-Puede haber un rechazo en el Plebiscito de salida. ¿Qué dice al respecto la experiencia comparada?

-Existen casos de rechazo, sí. Se rechazó en Francia la primera constitución en el 45, después de la Segunda Guerra. Se rechazó otra en Kenya, posterior a la crisis política del 2007. Es algo delicado, porque es prácticamente la posibilidad de tirar por la borda todo un proceso que puede haber durado mucho tiempo, pero en todos los casos hay una responsabilidad muy alta por parte de los representantes de las fuerzas políticas en cuanto a evitar ese resultado. En Chile, particularmente se requieren dos cosas: por un lado, que se faciliten y mantengan acuerdos transversales, para lograr cambios y que esos cambios logren un balance con los aspectos que han funcionado bien del modelo constitucional preexistente. Un balance entre transformación y continuidad. Sin transformación la Constitución no va a ser aceptada, porque para eso se está activando el proceso, pero sin aspectos de continuidad va a producir rechazo en muchos sectores importantes.

Por más que el Rechazo haya tenido un apoyo muy bajo, yo creo que actitudes de jugar al extremismo, a modelos radicales, a polarizar, eso también puede tener muy mala recepción. Y, en segundo lugar, es necesario incorporar a la ciudadanía, explicando los cambios, convencer, persuadir, y tiene que haber una tarea de educación cívica y constitucional importante desde la Convención, una tarea de participación social durante la elaboración del proyecto, porque sí es claro que hay un problema de legitimación social del sistema representativo muy agudo en Chile y que no cualquier Constitución o acuerdo, por el hecho de que se haya activado a través del sistema democrático, va a tener aceptación.

-¿Cómo se han comportado las fuerzas políticas durante este proceso?

-En el acuerdo del 15 de noviembre no estuvieron todas las fuerzas políticas, pero sí las más importantes. Eso fue auspicioso por los acuerdos que se lograron plasmar en una reforma constitucional importante para regular el proceso. Pero existen desafíos importantes para mantener algunos de esos acuerdos y ahora plasmarlos en temas sustantivos, que es un tema que está ausente en Chile y que suscitan muchos temores y en el transcurso de lo que va del año y en este período no hay signos claros de la actitud que están tomando las fuerzas políticas en el ámbito de la política unitaria. Ha habido confrontación, ha habido polarización, en contraste con ese acuerdo de noviembre del año pasado.

Ahora, esperaríamos no un consenso, porque la política es conflicto. De hecho, la idea de que la democracia es consenso no sólo es utópica, sino que dañina. Porque la democracia necesita diferenciación, necesita nutrirse de la polémica, pero al mismo tiempo de la posibilidad de llegar a acuerdos en aspectos comunes de convivencia y entonces sí es preocupante algunos indicadores de polarización que hemos visto. La polarización es distinta de las diferencias. La polarización es lo que lleva a encerrarse en posturas monologantes que lo único que buscan es imponerse al opositor, no convencer ni conceder, y eso sí es peligroso para un proceso porque además es muy demandante en cuanto a los acuerdos que va a requerir. Yo no podría predecir lo que va a ocurrir, pero sí debiera haber un cambio de actitud respecto de lo que debiera venir con lo que va del año.

-¿Qué es lo que no puede faltar en una Constitución?

-Obviamente la discusión de la carta de derechos. Una actualización en materia de derechos individuales, una carta de derechos sociales que está ausente prácticamente en la Constitución actual. Hay que recoger la experiencia comparada y establecer una jerarquía de derechos sociales: cuáles son los derechos sociales y colectivos que se quiere implementar para que no queden en teoría. Ese es un tema que tiene que estar presente. También la inclusión de mecanismos de participación popular. Hay que repensar el tema del equilibrio de poderes e, insisto, no necesariamente para entablar una discusión acerca del modelo presidencial, que me parece una discusión muy abstracta, sino sobre cosas específicas como una deliberación acerca de las restricciones hacia algunas facultades arbitrarias del Ejecutivo y limitar ciertas facultades del Presidente. Tiene que haber un replanteamiento de funciones fiscalizadoras de la legislatura. Otro aspecto obligado me parece es pensar la intervención del Tribunal Constitucional, que tiene un elemento contramayoritario cuestionable desde el punto de vista democrático, que es la intervención anterior a la sanción de una ley.

-¿Y el tema migratorio?

-De todas maneras, porque también lo ha sido en procesos recientes y tendría que ser en un sentido incluyente y democrático, no restrictivo como se ha planteado en el caso de Panamá, donde un país que tradicionalmente ha tenido una configuración multiétnica y multicultural que era parte de su riqueza, pudo establecer una reforma que está paralizada, pero que puso características de seguridad nacional muy arbitrarias para control de la migración. Espero que Chile no entre en esto y tenga un debate serio sobre el estatus de los migrantes.