La Fundación Paz Ciudadana ha informado que el índice nacional de medición de la situación delictual del país y de la percepción de inseguridad de la población mostró una caída, llegando a 27,4%, la cifra más baja de toda la serie histórica de este indicador que se elabora desde el año 2000. El resultado fue 13 puntos porcentuales menos que el 40,6% observado en 2019. El informe mide el porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento de robo, sin embargo, anotó que la percepción de temor de la ciudadanía sigue en alza.

Normalmente la victimización y el delito son condiciones que tienen factores multidimensionales que las provocan, pero lo más probable es que en este caso la pandemia y las cuarentenas que han limitado el desplazamiento de las personas han influido también en la cifra de menores delitos. Igualmente, la revictimización, entendida como el haber sido víctima de más de un ilícito en el año, fue de un 17,7%, cifra menor que el 26% observado en 2019.

Además, el reporte muestra que, a pesar de la baja en los hogares con víctimas, el nivel de temor alto se mantiene entre los años 2019 y 2020, especialmente porque un 55,1% cree que el actual nivel de delitos de su comuna aumentará en los próximos doce meses. Las personas tienen temor a ser víctimas de un robo o ataque y pese a los esfuerzos que realizan los organismos que tienen que ver con la prevención y el control, no ven logros significativos.

Existe en la ciudadanía la sensación de que los esfuerzos que realizan las policías, los organismos de gobierno y la colaboración de los municipios para hacer frente a los delitos, se esfuman cuando se pone en funcionamiento la "puerta giratoria", que permite a quienes delinquen salir impunes y sentirse más seguros para continuar atacando. Se genera un fuerte rechazo en los ciudadanos cuando -por ejemplo- por televisión a esas personas reírse al momento de abandonar el tribunal, escoltados por sus defensores, mientras sus familias incluso amenazan a las víctimas.

Con frecuencia se dan a conocer informes que muestran el altísimo porcentaje de causas que reciben las fiscalías y que se archivan sin tener un resultado. Por eso, el pensamiento de los ciudadanos que interactúan con estas instituciones es que no le están dando una solución concreta al problema de la delincuencia.

Para el año 2020, y a pesar de las restricciones de movilidad producto de la pandemia, las denuncias alcanzaron un 54,3% de los delitos, cifra significativamente superior al 49,4% del año 2019. De las víctimas que dejaron constancia en Carabineros, un 27,2% indicó quedar satisfecho con la actuación policial, cifra menor al 32% del año 2019. Afortunadamente, el hecho de que aumenten las denuncias revela que son cada vez menos las personas que optan por no denunciar debido a la creencia - muchas veces fundada- de que no tendrán resultados en el sistema judicial. Hay que advertir que resulta contraproducente la resistencia de las víctimas para dejar constancia, ya que esto se traduce en que esos hechos pasan a integrar la llamada "cifra negra" de la delincuencia.

Es cierto que el tema de fondo en la delincuencia es que muchas familias no han tenido oportunidades educacionales y laborales para desarrollarse, pero no hay que desconocer que aun teniendo esas oportunidades, los caminos del delito ofrecen el atractivo de dinero fácil con mínimo esfuerzo. Y mientras se hacen los cambios que permitan un sistema educacional más integrador, que podría tomar años y hasta generaciones, hay que dar respuesta a los problemas que enfrenta hoy la gente: la delincuencia es una realidad que atemoriza a las familias y la percepción ciudadana es que no se hace lo suficiente por resolverla. Por ello, las instituciones y autoridades requieren de nuevos modelos de gestión que fortalezcan las acciones preventivas y de persecución criminal inteligente, que reemplacen una estructura esencialmente reactiva.

Además, el reporte muestra que, a pesar de la baja en los hogares con víctimas, el temor alto se mantiene entre los años 2019 y 2020, especialmente porque un 55,1% cree que el actual nivel de delitos de su comuna aumentará en los próximos doce meses.

Terminado el plebiscito del domingo, se abre un nuevo horizonte para la creación de una nueva carta fundamental.

Sin embargo, existe un tema que hasta donde hemos podido ver, ha permanecido casi ignorado, pese a su enorme importancia: la relación de la constitución con los tratados internacionales de derechos humanos.

Tradicionalmente, se ha considerado que estos tratados deben incorporarse al ordenamiento interno luego de corroborarse su concordancia con las normas jurídicas del país y su constitución. Por lo mismo, se estimaba que ellos tenían una jerarquía igual o superior a la de la ley, pero siempre subordinada a la carta fundamental. Esto resulta lógico, pues si la constitución exige requisitos para la incorporación de un tratado, es porque se considera a sí misma la norma fundamental y superior de un Estado.

Sin embargo, en las últimas décadas, ha ido surgiendo un movimiento que considera que los tratados de derechos humanos tendrían una jerarquía igual o incluso superior a la carta fundamental, por derivar de la voluntad internacional de muchos Estados y no de la voluntad unilateral de uno solo, como ocurre con su constitución y sus leyes.

De ahí que existen constituciones que han incorporado estos tratados de derechos humanos a su propio catálogo de derechos, llamado generalmente "bloque de constitucionalidad".

A nuestro juicio, este fenómeno reviste la máxima importancia, porque implica incorporar al texto más importante de un país, no sólo un conjunto de normativas foráneas, sino además, la interpretación que de ellas realizan los organismos encargados de tutelar estos tratados (comités y tribunales internacionales). Esto último es fundamental, porque en la práctica, lo que realmente importa a estas alturas, no es el tenor literal de los tratados o las intenciones de sus redactores, sino la forma en que son entendidos por estos organismos, que con el correr del tiempo, a veces se ha ido separando notablemente de su primigenio sentido. Además, en razón de diversas características del derecho internacional de los derechos humanos que no pueden comentarse aquí, esta interpretación evoluciona muy rápido.

En consecuencia, de incorporarse estos tratados de derechos humanos y las dúctiles interpretaciones que vayan surgiendo a su respecto, el bloque de constitucionalidad se vería influido por ellos, al estar ingresando permanentemente un contenido no generado ni fiscalizado por las autoridades nacionales.

Lo anterior posee, entre otras, dos consecuencias que a nuestro juicio resultan bastante graves. La primera, que gracias a este contenido nuevo, se estaría de hecho, modificando permanentemente la constitución, saltándose sus mecanismos de reforma, pues los derechos humanos la afectan en su globalidad. Y segundo, que las materias que "toquen" estos tratados e interpretaciones internacionales, no podrían ser modificadas posteriormente por una reforma constitucional, a menos que ella mejorara esos criterios internacionales.

Todo esto trae varios problemas, entre otros, de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. De ahí que sea un asunto de extrema importancia, que debe ser abordado en este debate constitucional que recién comienza.

"De incorporarse estos tratados de DD.HH. y las dúctiles interpretaciones que vayan surgiendo a su respecto, el bloque de constitucionalidad se vería influido por ellos".

Quema de iglesias

No hay nada que justifique la quema de iglesias. ¿Acaso la Iglesia Católica no ha servido de refugio a personas de cualquier color político, credo, inocentes y no tanto, y de cualquier nacionalidad, desde la época romana y durante la dominación de Hitler y los nazis, y hace apenas unas décadas en nuestro país?. Entonces ¿por qué tanto odio hacia la Iglesia?

Amanda Rojas

Los de siempre

Revisando los requisitos que una persona necesita para postular a constituyente, en tres palabras, son los mismos hoy se exigen para postular a senador, diputado, alcalde, futuros gobernadores, consejeros regionales, palabras más, palabras menos. Es decir, ser chileno(a), tener cuarto medio y respirar. Igualmente como hoy tienen los parlamentarios, alcaldes, y de seguro tendrán los futuros gobernadores, los nuevos constituyentes tendrán asesores (abogados constitucionalistas), para que los apuntalen en materias legislativas propias de una labor tan delicada como hacer una Constitución, y que con toda seguridad, los van a necesitar todos los constituyentes que sean elegidos, solo cumpliendo tan básicos requisitos. Si la presencia tan masiva de asesores hoy en el Congreso y a la vez, teniendo requisitos tan escasos que cumplen los parlamentarios que son elegidos, lleva a preguntarse ¿Quiénes terminan legislando en Chile? ¿Los asesores o los parlamentarios? En definitiva, ¿quiénes terminarán redactando la nueva Constitución? ¿Los noveles constituyentes o los avezados y muy preparados abogados constitucionalistas que los apuntalaran? ¿Parece que es más de lo mismo?

Luis Enrique Soler Milla

Plebiscito

Recuerdo la votación realizada el año 1988 del plebiscito nacional para el paso de un régimen a otro, en que se votó Sí, (que siga) y No (que no siga). ¿Será que antes se dominaba más el idioma? No entendí la boleta de votación a la primera lectura y también a muchos les pasó lo mismo. ¿Rechazo qué?, ¿Apruebo qué? ¿No hubiera sido más simple Nueva Constitución Sí o No y redactada en conjunto con el Congreso y representantes populares o redactada por asambleas de representantes de votación popular y democrática 100% del pueblo? Pero pusieron en la papeleta Convención Mixta o Convención Constitucional. Faltó además de liberar los pasajes a la movilización colectiva y no solo en el Metro. Lo anterior agregado al coronavirus, la cesantía post pandemia produjo abstenciones.

Guillermo Riffo Glaus

Imputabilidad

Son reiterados los casos en que niños de entre 12 y 14 años han participado en robo con homicidio, encerronas, portonazos, pero lo más lamentable es que por su edad son inimputables, por lo que apenas detenidos son entregados en custodia a sus padres. Es decir, prima la protección del menor en desmedro de toda una sociedad, pero en muchos casos lo anterior es un incentivo al delito, ya que aprovechando la inmunidad delictual, comete nuevos y más graves ilícitos, y quizás lo más grave, es que muchos padres los consideran proveedores, y sin importar el fondo y la forma cómo obtiene recursos. Legislaciones de países más desarrollados entienden que un menor a los 12 años, y sin duda con menos edad, saben perfectamente lo que hacen, diferencian lo bueno de lo malo, y con ello la legislación actúa en su contra, y no de forma permisiva como la nuestra. Ahora los niños "delincuentes" , al parecer, son adoctrinados por delincuentes mayores, y en el caso de los imputables, ante jueces actúan como mayores, y demostrando grandes conocimientos en la materia, tratando siempre de proclamar que sus derechos fueron conculcados, y que no son responsables de los delitos que se le acusa. Creo que se debe revisar la edad de imputabilidad, ya que si ello no es así, la delincuencia infantil y luego juvenil será incontrolable.

Alberto Contreras Silva

Violencia

Mi país se desmorona: violencia, daño, destrucción intencionada, anomia y desencuentro desde hace rato. ¿Los que están por la violencia, a donde conducirían a nuestro país?

José Caerols Silva

Congreso

Quiero invitar a los legisladores a trabajar por la ciudadanía, por nuestras vecinas y vecinos, por los pequeños y medianos empresarios. Si oyeran, si prestaran un mínimo de atención a las demandas que durante largo tiempo se exigen sabrían que está en sus manos resolver los conflictos sociales y económicos de Chile. Es necesario recordar que los congresistas son electos para representarnos y no para trabajar en sus propios intereses.

Jaime Monjes Farías

Participación

Chile a través de una participación significativa de votantes, demostró una vez más que es capaz de decidir y manifestar su opinión de forma pacífica, a través de las urnas, con un triunfo indiscutible, macizo por la opción apruebo, que se alcanzó el domingo, en uno de los procesos más importantes de los últimos 32 años. Marca el fin de uno de los amarres más controversiales de la dictadura y el inicio de un nuevo camino a través de la formulación de una nueva Constitución con carácter democrática, donde la urgencia de los cambios, será fundamental plasmar en ella, para dar un nuevo marco que regule el acceso a nuestros derechos básicos, un reconocimiento real para nuestros pueblos originarios y el respeto por los derechos humanos de las personas, entre algunas de las demandas transversales que anhela la ciudadanía. Nadie quiere a los mismos políticos, que han vivido del Estado durante las últimas décadas, sino constituyentes en paridad de género por cierto, que representen a todos los habitantes, en cada una de las comunas. La democracia nos ha dado una nueva oportunidad para poder dialogar, participar, encantar y sacar lo mejor de nosotros, para entregar un país más justo, más equitativo, más humano. No la desaprovechemos.

Marcelo Chávez G.

Electores

Esperaba mi turno para votar el domingo en el plebiscito, cuando un elector se me acercó (a un metro y medio de distancia) y me preguntó: ¿Señor, qué es una Constitución? Eso sí es votar de manera informada.

Andrés Urrutia z.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado entregó el nuevo puente Ramadillas, ubicado en el kilómetro 64 del ramal a Curanilahue. Tiene 225 metros y está montado en 228 pilotes de hormigón, por lo que reemplaza al viejo puente de madera construido hace medio siglo por ingenieros ingleses. En la ceremonia estuvieron presentes el director de FF.CC., Luis Falcone; el intendente de la Provincia de Arauco, Pablo Estrada, y el gobernador departamental Ramón Rojas. El viaducto construido en acero podrá soportar trenes carboníferos de mayor carga, por lo que hace más eficiente el transporte.

El Gobierno puso fin a estado de excepción y destacó la baja en los episodios de violencia en la Región . En varias comunas se reanudarán hoy en forma parcial las actividades académicas tanto en el nivel escolar como universitario.

Los incidentes y enfrentamientos se han concentrado en el centro de la capital regional. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, cifró en alrededor de mil millones de pesos los daños que los desmanes han provocado a la propiedad pública y solicitó mayor resguardo policial. El intendente Sergio Giacaman dijo que realiza gestiones para reforzar dotación de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, con miras a evitar los saqueos y disturbios.

Treinta y dos personeros de organizaciones no gubernamentales hacen diagnóstico de problemas sociales en la zona.